GESTION ORGANIZACIONAL. Como lo consagra nuestra constitución, Colombia es un Estado social de derecho

Como lo consagra nuestra constitución, Colombia es un Estado social de derecho, que tiene como eje central el ejercicio del mismo derecho la constitución. La Constitución Política es nuestra máxima ley, un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz.

Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor, ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la constitución brinda estos derechos también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir.

Teniendo una mirada objetiva a lo que estamos viviendo con toda la consecución del proceso de paz nos tenemos que preguntar si nuestra constitución estaría siendo violada o está siendo muy flexible con respecto a todas las garantías y prebendas que trae este proceso de paz o posconflicto con las FARC – EP y a su vez poder confiar en lo prometido de las partes involucradas para         que se dé una paz duradera y prospera en los años venideros.

No se puede tener una respuesta concreta de lo que podría pasar, el Estado como máximo ente social está brindando todas las garantías posibles para que el proceso de paz ya vigente tome forma concreta y factible apoyándose en nuestra constitución la cual al pasar de los años ha sido reformada por ciertos grupos políticos buscando beneficio propio y no en pro de las necesidades requeridas de la sociedad que periodos tras periodos ven como sus derechos fundamentales como por ejemplo el de la salud son atropellados por la corrupción y el mal manejo de los recursos destinados para beneficio de todos.

Aunque anhelemos que todo llegue a buen término con todo lo que abarca el posconflicto no deja de preocupar la cantidad de acuerdos, pactos, reinserción de excombatientes, destrucción de las armas, recuperación de tierras, educación a la ciudadanía en temas de perdón y reconciliación  los cuales el gobierno nacional está siendo énfasis poniendo en duda aquellos atropellos realizado por este grupo y que violan todos los derechos fundamentales de la sociedad y hasta de sus mismos excombatientes como lo es el derecho la vida a la salud a la educación establecidas en la misma constitución política como derechos fundamentales más precisamente en el título II capítulo 1 más precisamente en los artículos 11, 12, 13, 22, 25 y 27.

Entonces podemos decir que a raíz de la inserción a la sociedad por parte de los ex combatientes el cual el gobierno brindara apoyo necesario y de que la ciudadanía esté preparada para una paz duradera nuestra constitución se flexibilizaría más, es decir estableciendo nuevas leyes, acuerdos, resoluciones o pactos en pro de la desmovilización y de inclusión a la vida en sociedad apoyado en programas de educación, de trabajo, de salud, de cooperación para poder formar una sociedad incluyente, transformadora y en constante crecimiento.

La Comisión Primera de la Cámara le dio luz verde al proyecto que permitirá que la guerrilla tenga 10 curules hasta el 2022 garantizándoles financiación estatal y participación en el CNE (consejo nacional electoral); entonces a raíz de esto nos podemos cuestionar si vale la pena la tan anhelada paz que hemos buscando desde hace 50 años de conflictos de periodos presidenciales vacíos, corruptos y negligentes hacia un tema concerniente e incluyente como lo es la PAZ. Habrá muchos cambios en la sociedad se viene la época del posconflicto con otra mesa de negociaciones con el otro grupo armado de Colombia como lo es el ELN y esto conllevara nuevos retos, pactos, reformas, etc., pero teniendo en cuenta la no violación de nuestros derechos fundamentales establecidos en la constitución.

Para que este proceso de paz tenga éxito y sea sostenible en el largo plazo, se requiere de la voluntad política de cada candidato que aspire a reemplazar a Juan Manuel Santos, que ejecute planes y proyectos de intervención estatal en cada uno de los municipios del posconflicto, que evite que quienes han desistido de la lucha armada, retornen a ella.

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