Ingeniería en Desarrollo de Software

Anteproyecto de:

Roberto Álvarez Granados

AL12501836

Ingeniería en Desarrollo de Software

Objeto de estudio:

Llevar el desarrollo del Software, a las ciencias jurídicas, para mejorar y eficientizar la impartición de justicia.

Planteamiento del Problema:

La impartición de justicia en México ofrece numerosas carencias que se deben resolver si se pretende rescatar la imagen del estado de derecho.

Sin duda, una de las agendas pendientes en México es la justicia. La percepción que tienen los ciudadanos a este respecto está fundamentada en el trabajo de las instituciones que la imparten, pues su eficiencia y eficacia no han dado los resultados esperados, lo que pone en entredicho su papel tan fundamental que tienen en el desarrollo de la sociedad.

La justicia mexicana ha padecido importantes problemas que es necesario resolver si lo que se pretende es mejorar su imagen pública ante los ciudadanos:

La instancia encargada de perseguir los delitos en México es la Procuraduría General de la República (PGR), cuya labor es perseguir, detener y entregar a los ministerios públicos a todos aquellos que violen la ley en el ámbito federal; en lo referente a los delitos del fuero común, éstos son perseguidos por las procuradurías estatales que tiene cada entidad en todo el país.

Uno de los grandes problemas en la justicia en México ha sido precisamente la ineficacia que han manifestado las procuradurías para integrar averiguaciones previas efectivas. Constantemente, en los medios de comunicación de México se informa de reconocidos criminales que son liberados precisamente porque la fiscalía no hace una buena labor de investigación en los casos que persigue, dejando recovecos legales donde los abogados de los acusados pueden maniobrar para revertir las imputaciones.

Lo paradójico del asunto es que la percepción ciudadana respecto al poder judicial es de reprobación, pues los procesos legales son muy lentos, burocráticos y de resoluciones cuestionables.

Otro de los problemas de la justicia en México es la lentitud con la que se realizan las investigaciones y la persecución del delito

Objetivo General:

Establecer la modernización del sistema de justicia a través del Software, encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.

Objetivos Específicos:

• Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.

• Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.

• Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.

Metas:

Metas a corto plazo ( 2 años)

Modernizar y eficientizar a través del Software Procuradurías y Ministerios Públicos, del fuero común y federales.

Metas a mediano plazo (4 años)

Modernizar y eficientizar Tribunales y juzgados del fuero común.

Metas a largo plazo (seis años)

Modernizar y eficientizar Tribunales y juzgados federales.

Estas metas se llevaran a cabo mediante las siguientes actividades o estrategias:

• Reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas y judiciales en la aplicación de las normas. El fundamento básico para que haya certeza jurídica y sea predecible la aplicación de la ley radica en que los ciudadanos tengan la seguridad de que la norma se hará cumplir y en que éstos conozcan los criterios básicos bajo los cuales se aplicará. Esto implica que ni la autoridad administrativa ni la judicial puedan hacer distinciones en atención a cuestiones personales, políticas o económicas. Para ello se propondrán reformas sustantivas y procesales, algunas de ellas mencionadas más adelante.

• Hacer más eficiente y fortalecer la organización, funcionamiento, profesionalización, eficacia y transparencia de la defensoría de oficio, así como extender su cobertura.

Las personas que menos recursos económicos poseen son quienes en muchas ocasiones más resienten el peso de una mala defensa o representación legal, ante la imposibilidad de pagar honorarios a un abogado particular. Esto los sitúa en desventaja en la defensa de sus intereses y derechos. El Estado tiene la responsabilidad de defender y representar a quienes se encuentran en tales condiciones, bajo principios de excelencia, profesionalismo, eficacia y honradez. Por ello, se fortalecerá y extenderá la cobertura de la defensoría de oficio en su organización, funcionamiento y presencia para que, en las diversas ramas procesales, se responda a los propósitos de una verdadera justicia. Asimismo, se trabajará en la profesionalización de los servidores públicos encargados de prestar este servicio y en la actualización del marco jurídico que regula su función.

• Combatir la corrupción a lo largo de todo el proceso de impartición de justicia, para ofrecer condiciones equitativas en la resolución de disputas. Una de las múltiples consecuencias negativas de la corrupción es que impide el acceso de todas las personas a la protección de la ley en condiciones de igualdad. A lo largo del proceso de impartición de justicia, hay espacios de discrecionalidad en los que las personas ofrecen o se ven obligadas a dar sobornos para conseguir sus fines, dañando la confianza en nuestras instituciones y condicionando para quién la ley es aplicable o no. Es necesario erradicar estas prácticas para avanzar en el acceso real y efectivo a la justicia.

• Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa. La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con procedimientos claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y especialización de los agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la ética y la calidad con la que se desempeñan. La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo recientemente, busca redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación penal para que esté facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de facultades entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una investigación más científica, objetiva y profesional, que jurídicamente seguiría a cargo del Ministerio Público, pero que contaría con la participación autónoma, en términos técnicos y funcionales, de la policía.

• Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada. El reto que implica el crecimiento y expansión del crimen organizado exige que las leyes e instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la realidad. Entre otras cosas, se implementarán nuevas medidas de investigación y redistribución de las facultades entre los órganos judiciales y el Ministerio Público, para que el sistema de procuración e impartición de justicia pueda perseguir y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia organizada. La propuesta de reforma al sistema penal prevé como herramientas especiales en materia de investigaciones de la delincuencia organizada las órdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, que durante la investigación podrán ser autorizadas por el Ministerio Público, de tal forma que estos instrumentos puedan ser utilizados de manera oportuna. También se propone el establecimiento de un mecanismo de control posterior, para que sea el juez quien, de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y los cateos. Asimismo, se promoverá que las conductas tipificadas como delincuencia organizada sean consideradas siempre graves, para que den lugar a prisión preventiva.

• Garantizar mejores condiciones para la presentación de denuncias a las víctimas de los delitos. En la medida en que no se garantizan los derechos de quienes resultan afectados por la delincuencia, específicamente el resguardo de su identidad cuando denuncian, se inhibe la necesaria participación de la ciudadanía en la prevención y combate a la delincuencia. En la red de telecomunicaciones para las instituciones de seguridad, conocida como Plataforma México, se introducirá una línea especializada para la recepción de denuncias anónimas. En un ambiente

...