Ley 1437

Mediante oficio recibido por la Secretaría General de esta Corporación el día 13 de octubre de 2011, el Secretario General del Senado de la República, remitió el Proyecto de Ley No. 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cámara, “por la cual se implementa el retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones”, objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, para que, de conformidad con lo previsto en los artículos 167 de la Constitución y 32 del Decreto 2067 de 1991, la Corte se pronuncie sobre su exequibilidad.

Corte Constitucional, mediante sentencia C-640 del 22 de agosto del 2012, declaro fundadas las objeciones por inconstitucionalidad presentadas por el gobierno nacional, al proyecto de ley 54 de 2010 senado, 170 de 2010 Cámara “Por el cual se implementa el retén social, que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables y se dictan otras disposiciones”, en sus literales a), d) y e) del mencionado proyecto, por considerar que estas contenían un privilegio injustificado a favor de ciertos servidores públicos.

Por tal razón, solo quedarían vigentes del mencionado proyecto, los literales b) y c) que no fueron objetados, es decir “b) estar en condición de cualquier tipo de incapacidad; c) sufrir de enfermedad que requiera de tratamiento continuo o de tipo terminal”.

Así mismo, se ordenó remitir el expediente legislativo y copia de esta Sentencia a la Cámara, para que se rehagan e integren las disposiciones afectadas de inexequibilidad, en los términos que sean concordantes con la providencia. Una vez cumplido este trámite, el Congreso remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

El proyecto objetado parcialmente, tenía como finalidad, constituir una protección especial a grupos vulnerables, a fin de garantizarles la estabilidad laboral, al establecer que los servidores públicos que se encontraran nombrados en provisionalidad y ostentaran la calidad de madres y/o padres cabeza de familia, sin alternativa económica o que se hallaran en discapacidad física, mental, visual o auditiva, padecieran enfermedad con gran riesgo para su vida o con enfermedades de tipo Terminal o laboraran en zonas de difícil acceso o en zonas críticas de inseguridad, deberían gozar de una protección especial en su estabilidad laboral, materializando así los mandatos del Estado Social de Derecho.

Al respecto, la Honorable corte constitucional adujo “En el presente caso, dado que las normas objetadas introducen un privilegio a favor de ciertas personas y afectan intereses específicos que la Constitución protege, la Corte aplicó un juicio de proporcionalidad estricto. En este sentido, constató que la medida busca un fin legítimo, importante y constitucionalmente imperioso, como es el de garantizar la estabilidad laboral de grupos vulnerables

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