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LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ

La imparcialidad de los funcionarios judiciales es uno de los principios que debe regir su actuación procesal. Sin lugar a dudas que la ética profesional es un valor indispensable en el desempeño de una labor determinada y más aún si se trata de la administración de justicia.

En el ejercicio de la función jurisdiccional, el Estado dispone que una serie de funcionarios o empleados públicos se encarguen de garantizar a la ciudadanía que obtendrán pronta y justa respuesta a sus peticiones y que sus pretensiones serán resueltas conforme al orden legal establecido.

Sin embargo, puede suceder que alguno de los funcionarios que se desempeñen como jueces, fiscales, secretarios, alguaciles o expertos de alguna manera se puedan ver comprometidos a pronunciarse a favor de una de las partes y es por esta razón que el legislador se ha encargado de idear mecanismos que garanticen su imparcialidad en el proceso penal.

El sistema que se desarrolla en el COPP le prohíbe al Juez proceder de oficio. La titularidad y el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, no obstante se otorga a la víctima del delito la facultad de que en ese caso de inacción del Ministerio Público ocurra ante el Juez a solicitar que declare el deber de este funcionario en orden al ejercicio de la acción penal, en cuyo caso, de estimarse esta pretensión, el Ministerio Público estaría obligado a ejercitarla.

La separación de la actividad de perseguir y la de decidir, tiene entonces, no sólo el fin psicológico-procesal de asegurar al juez una objetividad elevada, sino que protege también al imputado de la posible valoración jurídica parcial de una sola autoridad judicial.

Ser imparcial, significa ser honesto y ecuánime en el desempeño de una actividad determinada. La finalidad del proceso penal acusatorio es garantizar la intervención plena de las partes y la imparcialidad del juez, así lo expresa Vásquez (1999):

El Juez es imparcial cuando llega al proceso virgen, con el sólo interés de administrar justicia, función que llevará a cabo con base en el resultado del debate probatorio y con respeto a los principios de oralidad, publicidad, concentración e inmediación (p. 13).

El Juez debe ser imparcial para garantizar la transparencia del proceso, pero esa conducta no sólo le corresponde al órgano decisor, sino a los demás funcionarios judiciales.

Una de las reglas del debido proceso es la ausencia de parcialización por parte de los jueces y de los demás funcionarios judiciales pero esa regla se materializa con el respeto de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y demás tratados y acuerdos internacionales. En tal virtud, el artículo 1 del COPP (2001) dispone:

Juicio Previo y debido proceso: Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y

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