María Sol

Venezuela ha contado con un profuso cuerpo legislativo en materia ambiental, comenzando con la Ordenanza sobre Contaminación de Aguas Provenientes de Tenerías, de abril de 1594, pasando por los decretos conservacionistas del Libertador y, más profusamente en el pasado siglo, pero esta legislación no podía llamarse en sentido estricto como legislación ambiental, pues ella fue dictada en su mayoría con fines distintos a los del Derecho Ambiental, casi siempre para la protección de los recursos naturales como bienes de propiedad y en ocasiones con fines éticos. A partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente en 1976, arranca el verdadero Derecho Ambiental en nuestro país, toda vez que provocó la creación de instituciones especializadas; la elaboración de estudios jurídicos sobre el tema; y la aparición de una variedad de leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas coherentes y con un objetivo único y la sensibilización más pronunciada de la colectividad hacia los problemas del entorno.

Son numerosas las leyes sobre el tema, algunas anteriores a la Ley Orgánica del Ambiente, como la Ley Forestal de Suelos y de Aguas y la Ley de Protección a la Fauna Silvestre,), otras como la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, y ahora las posteriores a 2000, como la Ley de Diversidad Biológica, Ley de Geografía, Cartografía y Catastro, Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, Ley de Pesca y Acuicultura y Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, entre otras. En cuanto a los textos de rango sublegal, decretos y resoluciones, el conjunto es, obviamente, mucho más abundante.

El conjunto de textos jurídicos cuyos mandatos pueden tener repercusión en caso de una intervención ambiental es muy extenso y variado, desde la definición de los organismos y entidades que tienen competencia directa sobre el ambiente, en su desarrollo y administración, hasta la protección, reglamentación y regulación de su uso. Se presentan atendiendo a su jerarquía; en los de igual jerarquía se seguirá el orden cronológico. Así, encontraremos primero la Constitución, luego las leyes orgánicas y luego las leyes ordinarias. Por último se dedicará un punto a los decretos.

II. MARCO NACIONAL

1. LEYES DE CARÁCTER GENERAL

1.1. CONSTITUCIÓN. G. O. Nº 36.860 del 30 diciembre 1999

Texto fundamental de la República, es el conjunto de normas que tiene como objetivo regir la organización, el funcionamiento, los fines, propósitos y razones del país. Constituye la base de toda la organización política del país, por lo que está por encima de todas las otras leyes, las cuales no podrán contener disposiciones contrarias a ella. La relevancia que la Constitución Bolivariana otorga a los asuntos ambientales es para reflexionar: más de treinta artículos y el preámbulo tocan el asunto, y no en materias de poca monta. Todo lo contrario, en primer término, el ambiente aparece como eje transversal a lo largo de todo el texto, y, en segundo término, en lugar de privilegio: como fundamento de la seguridad del Estado, elevándolo a la categoría de bien jurídico protegido, digno de tutela penal y con valor per se; consagrándolo como un derecho fundamental, equivalente a la vida e incluso por encima del derecho a la propiedad, a la salud y a la educación; considerándolo como fin del Estado, como fundamento de la seguridad de la Nación y como fundamento del régimen socioeconómico de la República; adoptando la planificación como herramienta fundamental de la gestión ambiental; adoptando el modelo económico del desarrollo sustentable, lo que se traduce en un desarrollo ambientalmente aceptable; incluyendo a los recursos naturales como parte integrante de la soberanía; declarando todas las aguas del dominio público del Estado; incorporando como obligación del Estado y de los particulares la protección del ambiente; incluyendo el ambiente como una de las limitaciones para ejercer actividades lucrativas; consagrando el derecho al ambiente como un derecho transgeneracional; reconociendo los conocimientos y culturas tradicionales de los pueblos indígenas; haciendo obligatoria la educación ambiental en todos los niveles de la educación; admitiéndolo como una de las bases para favorecer la integración latinoamericana y caribeña e, incluso, declarándolo como circunstancia suficiente para dictar estado de excepción.

actualmente está orientado a poder operar legalmente, pero la práctica ambiental va más allá del simple cumplimiento de las regulaciones. El sector industrial azucarero del estado Lara, ha realizado acciones tendentes al cumplimiento de la normativa legal ambiental vigente, sin llegar al establecimiento de un sistema de gestión ambiental integral que garantice la incorporación de la misma a las normas ISO 14001 en el mediano plazo. A tales efectos, esta investigación plantea lineamientos estratégicos dirigidos a este sector, con el propósito de orientarlos en el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental bajo el contexto de estas normas, como una alternativa para la protección del ambiente que sin duda contrasta con el modelo de orden y control prevaleciente en esta industria, por lo cual, esta propuesta de hacer acopio de aspectos e impactos ambientales y comprometerse a adoptar procesos efectivos, confiables y de mejora continua, es un desafío para este sector.

PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN

Es evidente que el nuevo escenario que vive hoy en día el sector industrial venezolano se encuentra inmerso en un proceso de globalización, donde el ambiente que impera se establece como mecanismo clave para la competitividad. El reto ahora consiste en integrar las estrategias de ambiente a las estrategias generales del negocio, donde la variable ambiental no puede ser ignorada cuando se toman decisiones gerenciales.

Esta imperante necesidad de ser más competitivos en una economía global, orienta al empresario a un enfoque gerencial de sentido común y de responsabilidad social. A tales efectos, la Ecoeficiencia constituye un factor relevante hoy en día, el cual consiste en “Producir más con menos”. Abocarse a la ecoeficiencia requiere de herramientas de calidad total, documentación, seguimiento y mejora continua, para ello se crearon las normas de gestión y calidad ambiental ISO 14000.

El Derecho Ambiental se desarrolló como lógica respuesta a la necesidad de explotar los recursos naturales en un

marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, incorporándose paulatinamente en todas las ramas jurídicas

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