Mate Financiera

EL CONFLICTO MINERO EN PUNO

José de Echave

La región de Puno se encuentra en el sur del Perú, en una zona alto andina frontera con Bolivia. Desde hace varias semanas las protestas no cesan contra la actividad minera.

Estas se iniciaron como una reacción frente al proyecto Santa Ana, de la canadiense Bear Creek Mining Company (La audiencia pública de presentación del Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero de Santa Ana se realizó el 23 de febrero 2011), en el distrito de Huacullani (provincia de Chucuito) y se extendió por todo Puno, cuestionando la política nacional de concesiones mineras.

Rápidamente se han intentado algunas explicaciones: “hay un tufillo político” ha declarado el presidente peruano Alan García; “se mueven intereses subalternos” dicen algunos editoriales de los principales medios de comunicación. ¿Hay algunas explicaciones alternativas a lo ocurrido en Puno? Sin duda las hay.

En primer lugar, Puno se ha convertido en la segunda región del Perú con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010, lo que representa casi el 25% de su territorio.

Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores de Puno perciben que la expansión minera no cesa de aumentar, sin ningún tipo de control y sobre todo que sus derechos no son protegidos.

Si la actividad minera en Puno se había concentrado sobre todo en el norte de la región, en la actualidad también ha crecido en la zona central y sur. Las exploraciones apuntan en muchos casos a la minería de uranio y en algunas zonas también se concentra una actividad informal profundamente contaminadora. Además, aparte de las concesiones mineras están los lotes de hidrocarburos 155 y 156 en el Lago Titicaca.

Otro tema que aparece en el debate es el de la minería en zonas de frontera. La Constitución del Perú prohíbe que se otorguen concesiones mineras a empresas extranjeras en un rango de 50 kilómetros de la frontera, salvo que (siempre hay un salvo que) se emita un decreto supremo que declare de interés nacional el proyecto. Como el proyecto Santa Ana está ubicado en plena frontera con Bolivia se ha tenido que emitir un decreto supremo que autoriza a la empresa canadiense Bear Creek Mining a desarrollar sus actividades. Este decreto es cuestionado por la población que no entiende cómo se fundamenta en este caso el interés nacional.

Lo cierto es que el foco de conflicto en Puno rápidamente ha apuntado al tema de las concesiones mineras y se viene exigiendo la anulación de todas las concesiones otorgadas en la región. Por primera vez y con tanta nitidez el caso específico (proyecto Santa

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