PARO CAMPESINO

PARO CAMPESINO

El Paro Nacional Agrario contó con la participación de principales organizaciones campesinas. La realidad fue manifestada con un cese de actividades a modo de protesta por parte de los campesinos. Esto debido a una serie de diferencias e inconformismo en el sector agrario por la falta de un precio de sustentación de los productos agropecuarios, la gran ola de contrabando en las fronteras y los efectos negativos de la falta de control en los costos de los insumos agrícolas, así mismo manifestaron su descontento en los costos de los precios de compra de productos para su exportación que no benefician al sector agrario colombiano, la prohibición por parte del gobierno nacional sobre el uso de semillas nacionales para los cultivos a cambio de la compra de semillas extranjeras especialmente las venidas de Estados Unidos, según lo contemplado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se hizo con dicha nación, así como el rechazo del sector cafetero en el no pago de bonificaciones del producido que normalmente recibía por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, dejaron como resultado heridos, detenidos y múltiples casos de violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias .

Tras estos acontecimientos los campesinos pidieron llegar a un acuerdo con el gobierno por medio del diálogo, debido a que sus actividades se veían afectadas por el Tratado de Libre Comercio firmado en ese país, donde no se les permitía a los campesinos usar semillas de sus propios cultivos, pues debían conseguir las que vendían las multinacionales norteamericanas, que eran tratadas y de un solo uso. Esto afectó a la zona campesina y sus cultivos. El paro siguió extendiéndose sin recibir apoyo alguno del gobierno ni de los medios de comunicación. También hubo casos de abuso por parte de las autoridades del país. Sin embargo ante los evidentes acontecimientos el presidente Juan Manuel Santos negó la existencia de tal crisis en el país. Con base en esto los protestantes exigían por medio de un pliego de peticiones la implementación de acciones y medidas frente a la crisis de la producción agropecuaria, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera, adopción de medidas y cumplimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y la exigencia de una inversión social en la población rural y urbana en educación, salud vivienda, servicios públicos y vías.

En virtud de lo anterior la experiencia de juntar necesidades sectoriales y elaborar pliegos de exigencias aparentemente más integrales pero todavía dentro de un espíritu “economista”, debe ser revisada y revaluada. Es el régimen político y el modelo de desarrollo el que tiene que

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