Tecnología y recurso

Tecnología y recurso

En la política agraria de México, el potencial productivo de los campesinos se ha subestimado a lo largo de la historia, debido a que oficialmente se les ha considerado como agricultores ineficientes y no aptos para la modernización. El ejido, un tipo particular de tenencia de la tierra, producto de la Revolución Mexicana (1910–1917), fue concebido como un instrumento de estabilidad política y de justicia social para el acceso a la tierra, pero se le otorgó poca relevancia desde el punto de vista productivo. Por ello se establecieron reglas diferenciadas para él,3 con respecto a la propiedad privada (Morett 2003, 119), a pesar de las limitaciones que éstas implicaban en cuanto al uso de las tierras ejidales y el desarrollo de su capacidad productiva. De esta manera, las políticas de fomento y modernización instrumentadas a partir de la segunda mitad del siglo XX dejaron de lado a la agricultura campesina, para favorecer al sector privado (Paz 1995, 56), gestándose así un desarrollo bimodal de la agricultura mexicana (Gómez–Olivier 1996, 44) que condujo al deterioro progresivo de las condiciones productivas de los campesinos (Mackinlay 1996, 26). Con la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, a finales de los años sesenta, el gobierno intentó, por primera vez, la modernización de la agricultura ejidal mediante la aplicación extensiva de paquetes tecnológicos muy subsidiados y la ampliación de la frontera agrícola, uno de cuyos casos más ilustrativos fue la apertura del sureste de México, a través de programas de colonización dirigida y de modernización productiva a gran escala (Székely y Restrepo 1988, 30). Los apoyos fueron insuficientes para reactivar la economía campesina, debido a la magnitud de los rezagos acumulados y la poca eficiencia que acompañó a su aplicación, pero permitieron fortalecer aún más el tutelaje del Estado sobre los campesinos, quienes se convirtieron en una amplia cartera de clientes que demandaban asistencia oficial, pero sin asumir compromisos de productividad (Bartra 1995, 175). El contexto proteccionista en el cual se desarrolló la agricultura mexicana se modifica de manera sustancial con la crisis de la deuda de 1982, y la consecuente instrumentación de un modelo económico neoliberal, cuyo pilar fundamental es la modernización con base en la apertura comercial y el retiro de la intervención del Estado en la economía (Fritscher 2004, 13). En el sector rural, lo anterior se interpretó como la necesidad de terminar con el tutelaje del Estado e impulsar la autonomía de los productores, en función de las ventajas comparativas del contexto internacional (Téllez 1994, 14). Las reformas sectoriales se centraron en la liberación del comercio y la reducción del papel del Estado en el crédito, la comercialización y otro tipo de servicios de apoyo a la agricultura. En el ámbito legal, el artículo 27 constitucional

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