Acceso parcial y desigual a la protección social

Acceso parcial y desigual a la protección social

La protección social es el derecho y la clave para erradicar la pobreza, pero impide su eliminación. Y a pesar de los importantes avances, la capacidad efectiva de los países latinoamericanos para brindar una garantía universal de protección social a lo largo de su ciclo de vida sigue siendo limitada. La CEPAL tiene a la protección social como una de las funciones más importantes del gasto público, con un promedio de 4,1 litros de PIB asignado en 2016, según datos de un grupo de 17 países de América Latina y el Caribe. Con el aumento del 36,8% al 57,3% entre 2002 y 2016 en 14 países, también se ha hecho un gran esfuerzo para incorporar o cotizar al sistema de salud de los trabajadores mayores de 15 años. A pesar de los avances de , las brechas de cobertura continúan, especialmente entre los trabajadores de bajos ingresos, las zonas rurales y las mujeres. Por ejemplo, en 2016, el 65,1 de los trabajadores de 15 años y más del quintil de mayores ingresos pertenecía o cotizaba al sistema de pensiones, pero esta situación se encontraba en el primer quintil de ingresos, el porcentaje de mujeres en esta situación era de 19,4, una disminución del 16,3% en el grupo. Naciones Unidas enfatizó que la universalización de la protección social en América Latina después de la pandemia de COVID 19 debe ser sistemática y financieramente sostenible.

 La institucionalización de política social aún en construcción

desde la perspectiva de la Agenda 2030, la institucionalidad es un marco para expresar el compromiso de lograrlo a través de la implementación de políticas de largo plazo y amplia justificación social. Pero lejos de la realidad, este es un proceso continuo en la mayoría de los países de la región. “Las políticas y programas sociales, especialmente de protección social, muchas veces se sustentan y focalizan sobre fundamentos institucionales débiles. Rápidos cambios de dirección, limitada capacidad de coordinación entre los funcionarios gubernamentales relevantes, y falta de claridad sobre sus objetivos y alcances”, explica la CEPAL. En este sentido, la creciente desigualdad provocada por la pandemia crea una sensación de desconfianza de que la sociedad ya no confía en el sistema.

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