CIENCIAS SOCIALES

Ayotzinapa: ejemplo de impunidad

Simón Vargas Aguilar*

In principio erat Verbum...

A

más de un mes de los condenables acontecimientos en el municipio de Iguala, somos testigos de un México profundamente indignado. Y es que ningún acto de barbarie ocurrido en los últimos años había generado tantas protestas a niveles nacional e internacional, mismas que conforme pasa el tiempo sin conocer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se organizan y extienden sus acciones a escala global para presionar a las autoridades por resultados.

Tal es el caso, que la mañana siguiente después del Día de Acción Global por Ayotzinapa, México despertó con la noticia de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condena con fuerza los sucesos ocurridos en Iguala, y llama a la Unión Europea a reforzar su cooperación con México en derechos hu- manos. http://bit.ly/1vSrJDh. Días antes el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que los hechos suponen “una prueba significativa para el Estado mexicano y sus instituciones… Mientras más pase el tiempo, más grave”. http://bit.ly/1wv6yao.

Debemos hacer conciencia de la interdependencia que existe en organismos internacionales y multilaterales que condicionan a determinados comportamientos, como el caso del respeto a los derechos humanos y que de no hacerlo o al incumplir o al violar éstos, las repercusiones y afectaciones son altamente perjudiciales sobre todo para la economía y el desarrollo de México, ya que dañan enfáticamente la imagen de nuestro país en el contexto mundial.

Estos hechos visiblemente apuntaban, desde un comienzo, a que fueron cometidos al amparo del poder del crimen organizado, mismo que ha logrado escalar posiciones en la política y el servicio público en diversos órdenes y niveles, por quienes han comprado su participación con recursos productos del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones: narcotráfico, extorsiones, trata de personas, cobro de derecho de piso, secuestro, entre otras.

Quien ordena acciones de este tipo demuestra el desprecio que puede sentir por la vida humana; pero conocer abiertamente que esto se dé por quienes se encuentran obligados a servir, obliga a suponer que han llegado a estas posiciones debido a las complicidades, componendas y aportaciones para otros políticos y servidores públicos de mayor nivel.

Esto ha logrado exhibir las deficiencias que enfrentamos en el sistema social y de gobierno, por lo que se requiere un replanteamiento del tipo de seguridad que hemos ido construyendo y el verdadero estado de la procuración del sistema de justicia, de la seguridad pública, la democracia, la cultura política, y la defensa de los derechos humanos en nuestra país.

A más de un mes y contando… Recordemos que el pasado 26 de septiembre seis personas fueron asesinadas y otras 43 desaparecidas por policías municipales de Iguala, Guerrero, siguiendo las órdenes del presidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda y del director de Seguridad Pública, Felipe Flores, quienes trataban de evitar a toda costa que los estudiantes irrumpieran y afectarán el segundo informe de gobierno de la presidenta del DIF y aspirante a suceder a su esposo en la presidencia municipal.

Desde la primera semana después de los hechos, los medios de comunicación nacionales dieron a conocer esta versión, misma que finalmente fue confirmada por el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Los ya señalados como autores intelectuales se encuentran en calidad de prófugos. Cabe destacar que pasaron tres días después de los terribles acontecimientos, cuando las autoridades trataron de localizarlos para tomar su declaración

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