Capitalismo En Venezuela

Capitalismo en Venezuela

El sistema económico venezolano ha sido definido como capitalista-rentista, donde existe la iniciativa y la propiedad privada, pero con un elevado nivel de participación del Estado en la actividad económica. Ocurre además que dicho Estado obtiene recursos para ésta participación de los beneficios de la actividad petrolera, es decir, vive de la Renta petrolera (de ahí la denominación de Estado rentista). A pesar de la subsistencia de formas de producción no capitalistas, el modo capitalista de producción es sin duda el predominante en la economía venezolana.

Desde la década de los setenta Venezuela ha experimentado un proceso importante de descentralización política, económica y administrativa, que ha generado un mayor equilibrio geoeconómico, aunque todavía se mantienen enormes desequilibrios en la ocupación y aprovechamiento del espacio geoeconómico venezolano. Los últimos veinte años del siglo veinte fueron en especial difíciles para la Economía venezolana que creció entre 1976 y 1996 a una tasa promedio anual de 2,14%, mientras la población crecía en el mismo período a un ritmo de 2,18% anual, tasa ésta mayor que el nivel de crecimiento económico ya mencionado. Como consecuencia de ésta situación, Venezuela, según estadísticas del Banco Mundial, pasó de ocupar el primer lugar en 1976 entre los países latinoamericanos en cuanto al Ingreso Per Cápita, al octavo puesto en 1996.

Antes de la década de los Ochenta, las expectativas económicas de Venezuela apuntaban a una enorme facilidad para acceder a una riqueza cada vez mayor, así como a una cada vez mayor igualdad en el ingreso familiar que hacia surgir una clase media cada vez más numerosa. Después de los años Ochenta, la realidad señala un creciente aumento de la Desigualdad, que se manifiesta en el hecho de que, para el año 2000, el 10% de la población venezolana concentraba en sus manos cerca del 42% del ingreso total del país.

La combinación de mayor desigualdad y disminución del ingreso per cápita se ha traducido en el caso venezolano, en un notable y preocupante incremento de la pobreza, la relativa prosperidad que vivió Venezuela hasta inicios de los Ochenta, hizo surgir el calificativo de Venezuela Saudita para referirse a los cuantiosos recursos que generó el auge de la actividad petrolera. Esa prosperidad no se debió al trabajo de los venezolanos sino al aumento de la Renta petrolera, siendo esto agravado por el mal uso que se dio a gran parte de los ingresos obtenidos, que no fueron destinados a la creación de formas de generación de riqueza distintas del ingreso petrolero.

En 1979, con el nuevo gobierno constitucional encabezado por el Dr. Luis Herrera Campins, la política económica se modificó, orientándose a un reajuste del gasto público y de otras dimensiones de la economía implementándose políticas tendientes a lograr la liberación de los precios de un gran número de artículos. El ingreso obtenido por la exportación de hidrocarburos alcanzó durante el período 1980-1981 a un promedio anual de US $ 18.000.000.000. Ello permitió realizar una importación de bienes y servicios del orden de US $ 13.000.000.000 anuales y acumular reservas internacionales que se situaron, al cierre de 1981, en US $ 8.600.000.000.

El mercado interno de hidrocarburos estuvo ampliándose esos años, principalmente en virtud del subsidio de que gozó por parte del Estado venezolano.

No obstante, el ingreso petrolero nacional mostró aumentos significativos hasta 1982, la actividad económica interna se debilitó notablemente; la rama más deprimida fue la de la construcción, lo que afectó desfavorablemente a otras ramas vinculadas con ésta. En los años posteriores a 1982 la agricultura y la industria manufacturera acusaron oscilaciones sensibles en sus niveles de actividad, pero con tendencia positiva, tendencia que se mantuvo hasta 1989, pues en ese año se produjo fuerte reajuste general de la economía, con el cual esas actividades sufrieron una considerable contracción. La importación de bienes y servicios fue aumentando durante la década de 1980 y primeros años de la de 1990, con la excepción de 1989 cuando, como todas las variables macroeconómicas, acusó un considerable descenso.

En 1983, año significativo en la evolución económica venezolana, el Gobierno decretó una modificación importante del régimen cambiario: se sujetó a control el ingreso y el egreso de divisas y se fijaron tipos diferenciales de cambios aplicables a diferentes transacciones corrientes y de capital, dándose prioridad a las importaciones consideradas esenciales para la producción y el consumo, al servicio de la deuda externa y transferencia para becas de estudios, entre otras necesidades.

En 1986 la caída de los precios del petróleo fue casi vertical, en una proporción superior al 100%, hecho que debió reflejarse en la economía bajo la forma de una contracción más acentuada que la de años anteriores, ante la cual el Gobierno adoptó una política de estabilización de la actividad económica, mediante la expansión del gasto público y el estímulo al empleo laboral, de tal manera que en el año considerado el producto interno bruto aumentó en una proporción de 5% y la tasa de desempleo bajó a 10%. Desde luego, esa expansión fue financiada con reservas fiscales y monetarias

La importación de bienes aumentó en un 6%, mientras la exportación se redujo en un 39%. Las reservas internacionales del país disminuyeron en US $ 3.892.000.000, situándose al cierre de 1986 en US $ 12.800.000.000.

Se hizo realidad entonces la paradoja de que en circunstancias adversas, originadas en la coyuntura internacional, la economía crece mientras que en los años 1980 y 1981, ante una afluencia extraordinaria de recursos de origen externo, la economía se deprime y la deuda pública aumenta, fenómenos que pueden atribuirse, principalmente, a los efectos de las políticas públicas no siempre acertadas.

En el período 1987-1988 continuó creciendo a una tasa promedio anual del 5% del producto interno bruto, la tasa de desempleo descendió a 7%; pero se registraron valores adversos en otros indicadores significativos: la cuenta corriente de la balanza de pagos muestra signo negativo con magnitudes crecientes, en virtud del mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones, lo que determina un descenso de las reservas monetarias internacionales, que se sitúan en US $ 8.220.000.000 al cierre del período; por otra parte la tasa de inflación supera, en promedio anual, el 25%.

América Latina en general, ha experimentado importantes cambios económicos, en especial luego de los años ochenta, antes de esa fecha, la mayoría de los países de la región habían adoptado la política de sustitución de importaciones recomendada por la CEPAL con la cual, se restringía fuertemente la inversión extranjera buscando favorecer la producción industrial de los países de la región. A finales de los Ochenta, y en parte arrastrados por una tendencia mundial iniciada en los EE.UU. e Inglaterra, y promocionada por organismos como el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional), los países latinoamericanos comenzaron a aplicar políticas para la privatización de las empresas públicas y la apertura de sus mercados nacionales.

Así, Venezuela adoptó a partir de 1989 políticas de apertura comercial, privatización y liberalización de la economía, que llevaron a quienes se oponían a dichas políticas a acusar al gobierno de Neoliberal. Aunque en el resto de los países latinoamericanos las reformas siguieron adelante, en el caso venezolano, el impulso hacia la liberalización económica se vio detenido luego de 1992, como consecuencia del aumento del grado de conflictividad social que desencadenó una profunda crisis política que llevo a la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez.

La etapa comprendida entre 1989 y 1993 se caracteriza por un cambio importante de la política económica oficial, en el sentido de la promoción de una economía liberal de mercado: se liberan los mercados de divisas, bienes, dinero y factores productivos; el Gobierno suprime numerosos controles y mecanismos de regulación e intervención en la actividad económica, reduce subsidios, implanta un programa de reducción arancelaria aduanera, se decide la privatización de empresas del Estado, con la excepción de las consideradas básicas y estratégicas, como la del petróleo y la electrificación del Caroní. Todo esto se orienta al desarrollo de las fuerzas económicas privadas con la menor intervención oficial.

Para fortalecer la balanza de pagos y las reservas monetarias del país, así como también para propiciar un nuevo refinanciamiento de la deuda externa con los acreedores, el Gobierno se compromete con el Fondo Monetario Internacional en una carta de intención a efectuar las medidas necesarias para el ajuste macroeconómico, la estabilización monetaria cambiaria y de precios y la conversión de la economía mixta o intervenida en una economía abierta del mercado.

Esta transición a una nueva dinámica económica no se efectuó sin traumas sociales: manifestaciones violentas de inconformidad popular tuvieron lugar a fines de febrero de 1989 y el índice de conflicto laboral ascendió durante el año. Ramas de la producción agrícola y manufacturera sufrieron quebrantos, el consumo se contrajo en una proporción considerable en términos reales. Fue un año de crisis, reajuste y transición, a consecuencia del tratamiento de choque que

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