DEPENDENCIAS REGULADORAS

Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.

Un gobernante, de este modo, no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. De acuerdo al principio de legalidad, no alcanza con que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación popular ni que, al ganar una elección, haya sido investido como mandatario: todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas a la ley.

Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de Derecho.

El accionar estatal, en estos casos, encuentra su límite en la Constitución y no avasalla los derechos de ningún ciudadano.

En las democracias, el principio de legalidad es protegido por la división de poderes. Existe un ordenamiento jurídico que impide que el poder que interpreta las leyes sea el mismo que las propone o que las ejecuta. De lo contrario, un gobierno que cree las leyes a su antojo y que se encargue además de custodiar de manera directa su cumplimiento, siempre estará dentro del principio de legalidad aun cuando cometa atropellos, ya que las leyes serán meros instrumentos gubernamentales.

Aunque sus alcances están determinados según la Constitución de cada país, por lo general el derecho penal encuentra su base en el principio de legalidad. De este modo, se establece que un delito sólo puede ser considerado como tal cuando la ley lo especifica de manera expresa. Así, el principio de legalidad impide que una persona sea acusada y condenada de manera arbitraria por un delito.

El principio de legalidad o fundamento, es un postulado sencillo de decir, pero de dimensiones bárbaras en el mundo jurídico. Él mismo, no tendría cabida en la mentalidad del hombre antiguo ni medieval. Aunque en honor a la verdad, debemos al menos mencionar las concesiones de Juan sin tierra en 1215, y el Bill of Rights ingles de 1689.

Este principio como indicamos, sencillo de enunciar, es en la mayor parte de los casos, sumamente difícil de digerir, incluso en las más perfectas democracias. En efecto, ha sido visto con recelo, al punto de considerarlo un estorbo a los planes de los detentadores del poder político. Así lo afirma el doctor Jorge Romero Pérez: "Se trata del principio más irrespetado por los estados y en ello va la violación del entero ordenamiento jurídico.

El acierto del fundamento de legalidad, se ha podido externar en una serie de documentos a lo largo de la historia humana, destacando la Constitución Política de los Estados Unidos de América en 1776, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Concepto

"El principio de Legalidad es efecto y manifestación directa del sometimiento del Poder al Derecho. El principio de legalidad, o fundamento, es en sentido general, el sometimiento del Poder Público (Estatal), a la ley. Por cuanto, toda actividad Estatal debe estar autorizada, previamente por la legislación, para que pueda determinarse, su actuar licito. Al respecto la Sala Constitucional de Costa Rica: " En los términos más generales, el principio de legalidad en el Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso-para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté

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