EL ABORTO

El ABORTO en República Dominicana

En el país podrían estar muriendo 70 mujeres al año a causa de los abortos ilegales

Escrito por: Denise Paiewonsky

Coordinadora de Miradas MIRADAS

Lillian Foundeur G.

Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectivas de Género

La República Dominicana es uno de sólo 6 países en el mundo donde el aborto no se permite ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Ante la posibilidad de que esta legislación decimonónica pudiera dar paso a la despenalización por causales como parte del proceso de modificación y actualización del Código Penal, los sectores ultraconservadores del país, liderados por la iglesia católica, lograron la aprobación en enero del 2010 de un artículo constitucional que establece el derecho a la vida desde el momento de la fecundación. En términos prácticos este artículo equivale a declarar al cigoto persona humana, equiparando su derecho al de la mujer adulta.

La tasa de mortalidad materna (MM) de 159 por 100,000 nacidos vivos estimada por la ENDESA (2007) es desproporcionadamente alta en relación a los demás indicadores sociales del país y no se ha reducido significativamente en la última década. Si bien la MM se asocia fundamentalmente a problemas de calidad en la atención hospitalaria, no hay duda que la ilegalidad del aborto contribuye significativamente a las altas tasas que se observan en el país.

Las estadísticas oficiales sitúan el aborto inducido como la cuarta causa de MM, atribuyéndole un 13% del total de los casos, si bien en su “Análisis de la Situación del Aborto Inseguro” (2009), la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia estima la cifra real en 20%. Las condiciones de ilegalidad en que se practica el aborto no permiten establecer estos porcentajes con certeza, como tampoco precisar el número de abortos que se inducen anualmente en el país.

El último estimado de incidencia basado en datos de investigación data de 1994 y situó la cifra en 82,500 abortos anuales. El Instituto Guttmacher ajustó el estimado a 90,000 hacia finales de esa década y algunos especialistas dominicanos han especulado que la cifra puede haber aumentado desde entonces.

Cifra abrumadora

Sea cual sea el número real de abortos, cuando aplicamos la tasa de 159/100,000 muertes maternas al estimado de 220,000 nacimientos anuales de la ONE obtenemos la escalofriante cifra de 350 muertes maternas al año, que supera todas las causas de muerte bajo vigilancia epidemiológica registradas en el país. Si aplicamos el estimado del 20% de las MM atribuibles al aborto ofrecido por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, obtenemos la cifra de 70 muertes anuales por causa del aborto ilegal en el país. Como se sabe, la abrumadora mayoría de las muertes maternas son prevenibles, lo que hace más urgente la necesidad de enfrentar esta problemática con mayor determinación y eficacia. Más aún en el caso de las muertes asociadas al aborto, dado que el procedimiento en sí presenta muy bajas tasas de complicación cuando se realiza en condiciones médicas adecuadas.

Impacto del artículo 37

El Art. 37 de la Constitución genera preocupaciones cuanto a su potencial impacto sobre la morbi-mortalidad materna por aborto en dos sentidos: Primero, a que el temor a consecuencias judiciales resulte en la negativa de médicos y médicos y/o establecimientos de salud a realizar procedimientos terapéuticos cuando estos son necesarios para preservar la salud o la vida de mujeres embarazadas (situación de la que ya se han registrado casos). Segundo, que por las mismas razones se pueda ver afectado el tratamiento de los abortos incompletos y complicados que llegan a los establecimientos de salud.

Esta última consideración es de mucha importancia dado el hecho bien documentado de que muchas mujeres dominicanas de bajos ingresos se ven obligadas a iniciar el proceso por sus propios medios, para luego acudir a un hospital público de ser necesario un legrado, ya sea para completar el aborto o para atender complicaciones resultantes de la auto-inducción o de procedimientos médicos inadecuados.

Dado que las soluciones a la problemática de la morbi-mortalidad materna por aborto son bastante evidentes, la pregunta es por qué no se toman las medidas necesarias. Los responsables de esta situación que asuman también la responsabilidad por las tantas muertes innecesarias.

INTRODUCCIÓN

El aborto definido como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, es decir, la capacidad del feto para sobrevivir fuera del claustro materno, es un tema complejo que sucinta interés a nivel general, por lo que el mismo adopta diversas percepciones por el ser humano.

Este puede ocurrir bajo muchas circunstancias éticas, morales, religiosas, médicas, legales.

La falta de consenso que sobre el aborto se tiene provoca que el despenalizarlo o aprobarlo genere controversia e interés a nivel mundial, sea cual fuese el ámbito en que se plasme, ya que tiene que ver con el antagonismo de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y a la libre elección.

Es indudable que en los contextos donde las leyes permiten el aborto bajo condiciones amplias (razones médicas, motivos socio-económicos o solicitud de la mujer) han encontrado acuerdos y en su defecto rechazo a dicha medida.

En la ética que tradicionalmente se importe en la mayoría de las escuelas del país, el aborto es considerado como un acto moralmente censurable que atenta contra la vida y los valores que culturalmente sustentan la maternidad como el atributo esencial de las mujeres. No es extraño que en los países de todo el mundo atendiendo a lo variado de sus constituciones, concepciones culturales y religiosas el tema del aborto se trate desde perspectivas distintas

En la República Dominicana la reforma que intentó realizársele al artículo 30 que cita que: El derecho a la vida es inviolable desdela concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso la pena de muerte, movilizó sectores políticos y religiosos.

Esta investigación tiene como objetivo establecer cual es la percepción de los estudiantes en la Sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre el Artículo 30 de la Reforma Constitucional en la República Dominicana.

1. Planteamiento del problema

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