INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

INEFICACIA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

La respuesta económica del gobierno peruano a la pandemia de COVID-19 fue presto, por medio de un bono de emergencia de S/ 380 a 3 millones de hogares en situación de pobreza o pobreza extrema registrados en el censo nacional, que posteriormente se extendió a medida que continuó la cuarentena con subsidios para trabajadores independientes, así como retiros extraordinarios de fondos de la AFP y CTS y préstamos atrayentes para el sector privado.

Lamentablemente, es sabido que existen deficiencias estructurales en el sistema de salud pública desde antes de este suceso, y ahora solo se ha acrecentado; por otro lado tenemos también a la informalidad en el mercado laboral que viene siendo un gran problema desde hace ya varios años, y que ahora solo complica la situación, poniendo en riesgo a las personas; sumándole a esto, la increíble cantidad de migrantes que se fue presentando desde ya hace más de un año; y la ya horriblemente famosa realidad de desigualdad y olvido de varios sectores vulnerables; estos grupos de personas desprotegidas tienen altas posibilidades de no recibir la ayuda que requieren y se les puede brindar, esto por no haber un verificación adecuada y actualizada sobre la información que se necesita para poder identificar a las familias que en verdad ameritan de esta asistencia.

Viéndose estos casos, se puede deducir que las familias o grupos sociales que estén atravesando problemas económicos debido a la pandemia, posiblemente se verán removidos a la pobreza en poco tiempo, y en especial aquellos sectores que debido al brote específicamente sufrió retrasos.

Ahora, no solo se puede decir que la población es consciente de todas las deficiencias que tenemos tanto en el sector de salud pública como en el de educación, asimismo la gran cantidad de trabajo informal; sino que esta crisis hizo que el gobierno tomara consciencia sobre su gran insuficiencia con la administración estatal, denotándose aún más en estos tiempos.

Las medidas de aislamiento obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo desde el pasado 15 de marzo, no afectó a todos de la misma manera.

El 75% de residentes más pobres de Lima y Callao perdió su empleo a raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno para frenar el coronavirus. Este mismo escenario se repitió entre los más ricos, pero afectó solo al 6%, según un estudio elaborado por la Asociación Escucha al Perú y la agencia Pacific Edelman Affiliate (Gestíon, 2020)

Como se puede apreciar en la noticia del diario Gestión estas restricciones físicas y sociales deben ser implementadas con mucho cuidado, teniendo en cuenta las situaciones de ciertos sectores que contienen a las personas vulnerables, pues las repercusiones en esta pueden ser graves y contraproducentes a largo plazo.

Uno de los más notorios factores por los cuales las medidas tomadas por el Estado no son del todo efectivas, vendría a ser la informalidad que existe en nuestro país. Actualmente el Perú vendría a ser el segundo país con mayor mortalidad en el mundo, con 78 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

Estos resultados han sido atribuidos principalmente a las aglomeraciones y desplazamientos interurbanos e interregionales, motivados por la incapacidad del Estado de poder mitigar o reducir el efecto negativo de la cuarentena en la economía de millones de peruanos, debido a los altos índices de informalidad que le impiden implementar mejor las medidas de urgencia. (Muñiz Velásquez, 2020)

A pesar de la voluntad mostrada por el gobierno peruano durante la crisis de la COVID-19 para proteger a los ciudadanos del virus, un desastre de esta magnitud incrementa inevitablemente problemas sociales endémicos. Reconocemos la rápida respuesta de las autoridades para promulgar medidas de distanciamiento social y confinamiento. Sin embargo, se considera que sería más adecuado que las autoridades busquen políticas que no estén sesgadas contra ningún grupo de población, especialmente aquellos tradicionalmente vulnerables. Se deduce que esta situación reafirma la importancia de fomentar políticas sociales inclusivas en los países en vías de desarrollo como Perú.

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