Política social y económica en Hispanoamérica

Política social y económica en Hispanoamérica

TRABAJO FORZADO A LA ENCOMIENDA

La primera intención de los conquistadores no era trabajar la tierra, como los pioneros norteamericanos. Su objetivo era encontrar oro y volver a España enriquecido para poder llevar allí de caballero noble. Sólo que con el tiempo esto se fue haciendo imposible sin crear cierta economía productiva en el Nuevo Mundo. A la larga, no se podían importar de la metrópoli todos los alimentos necesarios. Era necesario reclutar mano de obra para explotar las minas de oro y plata, y para producir alimentos para los colonizadores.

El indígena seguía en su condición de “libre”, pero obligado a trabajar de forma remunerada. De esta manera se institucionaliza el “reparto de indios”, que en algunos casos se convirtió en hereditario. Los monarcas españoles siguieron justificando esta esclavitud modificada como una forma de protección material del indígena y como única forma de poder evangelizarle y mirar por el bien de su alma, objetivo prioritario oficialmente.

LA INSTITUCIÓN DE LA ENCOMIENDA

Para que los españoles administraran mejor las posesiones de la Corona española en América, le metrópoli creó la institución jurídica de la encomienda, que delegaba parte de los poderes del soberano real español a los llamados encomenderos, que eran los que en realidad administraban las tierras de la Corona con plenos poderes. Surgen los derechos y obligaciones mutuas entre el encomendero y el encomendado, que dejarán huellas profundas en la estructura social de la América Hispana.

En América, la encomienda era una institución de contenidos distintos según tiempos y lugares, por la cual se señalaba a una persona un grupo de indios para que se aprovechara de su trabajo o de una tributación tasada por la autoridad, y siempre con la obligación, por parte del encomendero, de procurar y costear la instrucción cristiana de aquellos indios.

«La situación planteaba serios problemas de orden ético y jurídico, puesto que los indios habían sido declarados súbditos del rey, para obtener de ellos un tributo y justificar la soberanía castellana en aquellas tierras; pero como súbditos tenían derecho a su libertad, sin que se les pudiera someter ni a esclavitud ni a trabajo forzoso. Sin embargo, si se abolía éste, era imposible continuar el negocio del oro por falta de mano de obra no cualificada. Durante el gobierno de Diego Colón (1509-1515), hijo del descubridor y entroncado por matrimonio con la nobleza castellana, se hallaron dos fórmulas que permitirían hacer a cada uno de su capa un sayo, aunque respetando exteriormente la ley y la justicia. Estas fórmulas serían, respecto a los indios de guerra, la guerra justa o defensiva; para los indios de razón, la encomienda.

En el caso de que pacíficos europeos dedicados a la explotación o el rescate se viesen atacados, sin provocación ni motivo, tenían derecho a defenderse y a esclavizar a los prisioneros de guerra así obtenidos. A los indios de razón se les aplicó la encomienda, vieja institución medieval nacida en la frontera peninsular: un hombre libre y sin recursos servía a un señor o encomendero a cambio de protección, cobijo, alimento y vestido (encomienda personal); o un pequeño propietario libre cedía al señor toda su tierra, o parte de ella, o bien pagaba un censo o canon en especie a cambio de protección eficaz contra los enemigos musulmanes (encomienda territorial).

Los repartimientos de indios se convirtieron en encomiendas de indios, y el empresario minero en encomendero; nada variaba en la práctica, pero en teoría se dignificaba el sistema. El encomendero protegería a sus indios, como en la antigua encomienda personal, y obtendría para sí el oro recogido en lugares que sin duda pertenecen a los indígenas, tal ocurría en la vieja encomienda territorial. Por añadidura,

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