INSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD

Está visto que hoy día nos encontramos ante un cambio de escenario, en cuanto a las formas de pensar y de tratar la inseguridad, un proceso de desplazamiento de algunas responsabilidades de la seguridad integral, desde el Estado hacia la Sociedad. El control del delito ya no es responsabilidad exclusiva de los policías, sino que éstas alcanzan a otras instituciones públicas, a organismos no gubernamentales, centros de estudios, así como a los ciudadanos organizados.

Estamos conscientes de la importancia, en lo que concierne a prevención del delito, la participación de la sociedad que se refleja en la inclusión de la “comunidad” en el diseño de nuevas políticas de seguridad integral, cuestión que no es homogénea y que tiene distintos efectos según cuales sean las nociones de comunidad que estén implícitas.

Aproximarse conceptualmente a la prevención del delito y la violencia no es una tarea fácil, ya que en la práctica nunca se dan de manera pura las tipologías y recomendaciones que se señalan en la literatura especializada. Se trata de una manera reciente de pensar y hacer intervención, y no siempre responde a un conjunto coherente de conocimientos bien fundamentados.

Agrupa diversas formas de trabajo que incluyen la gobernación, policías, instituciones públicas (salud, educación, etc.) y actores de la sociedad civil, bajo el principio de prevenir la violencia y la actividad delictiva; ambos elementos incorporados recientemente al tratamiento de la inseguridad.

Ellos obedecen a la urgencia por enfrentar de manera innovadora las altas demandas de seguridad de las últimas décadas a nivel mundial. Las recientes transformaciones sociales, políticas y culturales han traído aparejados aumentos de la inseguridad en las grandes ciudades y también en sectores rurales. Factores como la pobreza y desigualdad socioeconómica, la falta de planificación de una acelerada urbanización, la carencia de empleos y expectativas de vida contradictorias, el tráfico y abuso de substancias, la disponibilidad de armas, etc., redundan en aumentar las probabilidades de conductas violentas que debilitan la convivencia social.

Además, en ciertos casos, la administración de justicia penal se ha visto sobrepasada, por lo que ha sido necesario impulsar procesos de reformas que sean pertinentes a la nueva situación.

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