La Guerra Cristera

La Guerra cristera

La Guerra Cristera en México fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia católica.

La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personería jurídica a las iglesias, subordinaba a éstas a fuertes controles por parte del Estado, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces, desconocía derechos básicos de los "ministros del culto" e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil [cita requerida], entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.

La Guerra

Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año 1926, luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927, las fuerzas cristeras rondaban los 12 mil efectivos y dos años después, en 1929, habían alcanzado los 20 mil. Semejantes números son dignos de consideración por varias razones.

Las negociaciones

Al llegar a Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal nombrándolo "intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes

Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.2

Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales, y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero habían tres, muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido de los obispos en contra del acuerdo fue monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraban los obispos de la Ciudad de México José Mora y del Río

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