La lógica del cambio político en México

La lógica del cambio político en México

A más de dos años del cambio de partido en la silla presidencial, el libro compilado por Mayer-Serra y Nacif presenta una serie de artículos, cuyo objetivo común es aportar elementos para el análisis del proceso de transición política en México. La pregunta que está en el aire y que se plantean los coordinadores de Lecturas sobre el cambio político en México es si “es posible transitar a la democracia mediante reformas liberalizadoras promovidas dentro del régimen autoritario”. Partiendo de la distinción entre liberalización y democratización, los autores analizan y cuestionan el actual proceso mexicano de transición, desde la perspectiva de que se trata de una liberalización. La primera se entiende como el “proceso por el cual se hacen efectivos ciertos derechos que protegen tanto a individuos como a grupos sociales de los actos arbitrarios e ilegales cometidos por el Estado o terceras partes”; y la segunda “democratización”, como la “aplicación de reglas y procedimientos de ciudadanía”, es decir, algo que ha de “hacer efectivos derechos y obligaciones políticas”. El punto de vista elegido por los autores y desde el que se aborda el proceso mexicano es el primero: el de una liberalización política que, en el marco de estos presupuestos y de esta lógica, hubiera debido desembocar en una democratización a partir del 2000.

En realidad, para entender el sistema político mexicano y para evitar repetir errores del pasado, es indispensable no perder de vista la dimensión histórica. Esto permite tener presente el hecho de que, después de la Independencia, se fueron integrando elementos de la política moderna (democracia) con práticas políticas tradicionales (clientelismo), lo que generó una primera forma de autoritarismo con el régimen de Díaz, en el que se usaban prácticas democráticas formales en las que se incluyó la reelección y cuyo resultado fue una dictadura basada en elecciones fraudulentas y en prácticas clientelares. La versión siguiente de sistema autoritario fue el régimen posrevolucionario, que asumió una posición crítica frente a la dictadura de Díaz al prohibir la reelección. pero que fue tan simplista y maniquea que nuevamente produjo un régimen en el que se mezclaban prácticas democráticas (elecciones) y prácticas tradicionales clientelares, con un excesivo poder presidencial, centralizador y concentrador. Otro aspecto relevante que se señala en el libro es que la liberalización del propio régimen ha sido promovida y controlada por los propios dirigentes del régimen. La pregunta que se plantea, después de dos años de alternancia de partido en el poder como resultado de las elecciones de julio de 2000, es si este régimen, que integra rasgos tradicionales (clientelismo) y modernos (democracia electoral), sigue imperando o si vamos hacia una democracia efectiva, para la cual es necesaria una sólida y participativa sociedad civil, que aún no se manifiesta plenamente en nuestro país.

En cuanto al comportamiento electoral, se observa cómo la liberalización política ha producido una apertura del mercado electoral, hecho nuevo en el panorama del país, aunque a pesar de ello el partido hegemónico se mantuvo en el poder, es decir, participó en elecciones ampliamente vigiladas, como en 1994, y siguió ganando. Este fenómeno se ha repetido a nivel de gubernaturas, de las cámaras, etc., incluso después de la pérdida del poder presidencial, cosa que tiende a demostrar que aún nada está ganado en cuanto a la “muerte” del sistema tradicional, de la “pricultura” que impregna toda la vida política, social y cultural del país.

Por último, en la parte que se refiere a las consecuencias de la liberalización, se confirman algunos hechos inéditos, como el de que en 1988 el PRI obtuvo menos de dos tercios de los escaños en la Cámara de Diputados y perdió la posibilidad de introducir cambios a la Constitución por sí solo. Esto lo obligó a realizar coaliciones, negociaciones con parte de la oposición para llevar a bien las modificaciones constitucionales necesarias para la reprivatización de la banca y la liberalización del régimen de propiedad ejidal. Otro hecho nuevo ha sido la alternancia de partidos en los estados, la primera en 1988 en Baja California. En otros casos, se ha dado que el PRI conserve las gubernaturas pero pierda la mayoría en los congresos estatales, Estas alternancias de partidos en los estados tienen un efecto descentralizador; los gobiernos de los estados que ha ganado la oposición han ido conquistando una cierta autonomía, misma que habían perdido bajo el régimen de partido hegemónico. Esto se vuelve más importante ahora puesto que al partido que detenta la presidencia se le opone una mayoría de estados en los que gobiernan otros partidos (PRI, PRD).

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