NOTICIAS LA JORNADA

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Pederastia Clerical: Condena Mundial Inédita

En un informe elaborado por el Comité sobre los Derechos del Niño, y difundido ayer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) formuló cuestionamientos inusitadamente severos en contra de la Iglesia católica en relación con los casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes. El organismo multinacional acusa al Vaticano de no haber reconocido jamás la magnitud de los crímenes sexuales cometidos por sus religiosos y de no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores; señala que, en consecuencia, los abusos se siguen cometiendo de forma sistemática, mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad, y demanda a las autoridades del catolicismo que destituyan de sus cargos y entreguen a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores, para lo cual pide que haga público el contenido de los expedientes relacionados con estos casos.

El llamado de la ONU constituye un hecho sin precedentes en el historial de los episodios de pederastia clerical, en la medida en que representa una condena contundente de la comunidad internacional y plantea un señalamiento inequívoco sobre el carácter estructural y sistemático del encubrimiento y la impunidad para estos crímenes en el seno de la Iglesia católica. La severidad del pronunciamiento, proporcional al tamaño del mal causado a las víctimas, resulta además indicativa del grado de descomposición y descrédito internacional que ha alcanzado el Vaticano en el contexto de los escándalos por pederastia, consecuencia de las vacilaciones y la arrogancia de la propia Iglesia: debe recordarse que, ante la masa de denuncias y señalamientos sobre los abusos sexuales perpetrados por integrantes del clero católico en decenas de países, las jerarquías eclesiásticas y el propio Vaticano, lejos de asumir una actitud de esclarecimiento y cooperación, se empeñaron en negar, minimizar o silenciar sistemáticamente –mediante el pago de indemnizaciones millonarias– tales acusaciones.

Más allá del valor intrínseco del documento, no puede soslayarse que éste se inscribe en el contexto del papado que encabeza Jorge Mario Bergoglio, cuyo primer tramo ha estado manifiestamente orientado a la renovación de la Iglesia católica y ha arrancado con una clara actitud de denuncia de algunos de los lastres y vicios más palpables de la jerarquía vaticana, como ha quedado de manifiesto con las críticas formuladas por Francisco en contra de la curia romana.

En ese sentido, si bien es posible que los señalamientos de la ONU graviten favorablemente en el avance de la renovación y modernización que el catolicismo requiere con urgencia, parece inevitable que, en lo inmediato, contribuyan a intensificar la disputa por el poder entre el pontífice y la mafia clerical que controla la Santa Sede, y por recrudecer las posiciones retardatarias, opacas y medievales de los segundos.

Cabe esperar que esa disputa se resuelva en favor de los ánimos reformadores y que, en el caso específico de la pederastia clerical, el documento de la ONU contribuya al reconocimiento, por las máximas autoridades del catolicismo, de la necesidad de emprender un deslinde histórico y sin precedente de los agresores sexuales que medran en las filas de la Iglesia y entregarlos a las instancias seculares correspondientes. Lo anterior es condición necesaria no sólo para concretar una mínima perspectiva de justicia para las víctimas, sino también para que el catolicismo pueda volver a acercarse a sus fieles y recupere la autoridad moral perdida en las décadas pasadas.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Desigualdad y concentración de la riqueza

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 42 por ciento del valor de la economía mexicana está concentrado en manos de poco más de 200 mil inversionistas. Ello significa que 0.18 por ciento de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional. Visto en forma inversa, 99.82 por ciento de los mexicanos están excluidos de esa porción de la economía. Ciertamente, el incremento tendencial de la desigualdad es un fenómeno generalizado en el mundo contemporáneo y en años recientes se ha desarrollado con fuerza incluso en países desarrollados. Pero el caso de nuestro país, a juzgar por los números de la CNBV, es extremo: en un informe dado a conocer por Oxfam durante la realización del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se reveló que uno por ciento de la población del planeta posee la riqueza mundial; aquí, ese porcentaje es aún más reducido.

En ese documento, titulado Gobernar para las élites: secuestro democrático y desigualdad económica, se señalan entre los factores que permiten explicar este alarmante desequilibrio, la falta de regulaciones antimonopólicas y las políticas fiscales en beneficio de las élites que establecen un tipo impositivo marginal menor para los sectores más ricos de la sociedad.

Pero la práctica de gobernar para las élites tiene muchas más expresiones: la reducción sistemática de la propiedad pública; la apertura comercial salvaje puesta en práctica por las sucesivas administraciones del ciclo neoliberal, la reducción a rajatabla de derechos y conquistas laborales, las políticas de contención salarial, la subcontratación de funciones gubernamentales, los rescates multimillonarios, con dinero público, de corporaciones privadas que son llevadas a la quiebra como aplicación de un modelo de negocios particularmente perverso –pero no necesariamente ilegal–, la reducción deliberada de los sistemas públicos de educación, salud, vivienda, cultura y transporte, y –como ha señalado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– la abdicación del gobierno a la facultad de regular el mercado.

Si a las políticas mencionadas se agrega la opacidad y la corrupción que afectan a las oficinas públicas de los tres niveles de gobierno, se redondea la percepción de un aparato de concentración de la riqueza, construido en remplazo del desmantelado Estado de bienestar y no sorprende, en consecuencia, el grado de desigualdad social y económica en que se encuentra sumido el país: 42 por ciento de la economía para poco más de 200 mil personas y el resto, para 110 millones.

Tal desigualdad, a su vez, explica en buena medida la incapacidad para emprender una verdadera reactivación económica, la imposibilidad de reducir en forma significativa los niveles delictivos que azotan a la nación, el colapso del estado de derecho en vastas regiones del país –la Tierra Caliente michoacana es un botón de muestra– y la creciente distancia entre las representaciones políticas formales y la ciudadanía. Si no se emprende desde ahora una política clara y concreta para reducir el agraviante contraste entre opulencia y miseria, entre riqueza y marginación, entre la población mencionada en Forbes y la inscrita en las estadísticas de la pobreza, la perspectiva del colapso económico e institucional se volverá inevitable.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Inseguridad y desinformación

Un día después del hallazgo del cadáver del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz –desaparecido el pasado 5 de febrero en Coatzacoalcos, Veracruz, y encontrado en una fosa clandestina con los cuerpos de dos personas más–, organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos se pronunciaron por el pleno esclarecimiento de ese crimen.

Amnistía Internacional exhortó a las autoridades federales y estatales a que se investigue de manera pronta e imparcial el asesinato del periodista, en tanto que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una enérgica condena y se sumó a la exigencia al gobierno federal para que se investigue de manera diligente, completa e imparcial el homicidio.

El telón de fondo en que ocurrieron los hechos señalados es el clima de violencia y anulación del estado de derecho en distintos puntos del país, así como la clara inoperancia de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, factores que otorgan un amplio margen para el accionar de los grupos delictivos y derivan en un ambiente de impunidad generalizada en el cual se han vuelto recurrentes los levantones y ejecuciones de personas, con independencia de su profesión.

Por no ir más lejos, los cadáveres hallados junto con el de Gregorio Jiménez corresponden, según la información disponible, a un taxista y a un dirigente sindical llamado Ernesto Ruiz Guillén, cuyo secuestro había sido abordado días antes en uno de los reportajes publicados por el periodista.

En el caso, por añadidura, la situación se agrava por el descontrol informativo y la falta de una comunicación coherente del gobierno estatal.

A la confusión inicial originada por la declaración de un diputado local, quien dijo que Jiménez de la Cruz había sido hallado con vida, se suman los contrastes declarativos entre la familia de la víctima y las autoridades veracruzanas: mientras la primera afirma que el crimen está relacionado con su trabajo periodístico –particularmente con la cobertura de dos asesinatos relacionados con el bar El Mamey, propiedad de Teresa de Jesús Hernández, una de las detenidas–, las segundas insisten en señalar que el móvil fue una venganza personal.

En una entidad donde se han registrado 15 homicidios de periodistas de 2000 a la fecha –10 de lo cuales ocurrieron bajo la administración actual–, y habida cuenta de los elementos de juicio mencionados, es, sin embargo, imprescindible que la procuraduría local tenga en cuenta todas las posibles líneas de investigación y se abstenga de ofrecer a la opinión pública conclusiones apresuradas. De otro modo se refuerza el escepticismo de ésta en general y se impulsan el descrédito institucional y la incertidumbre y la zozobra ciudadanas.

Tales factores, a su vez, lastran el necesario esclarecimiento del caso citado y dificultan la recuperación del estado de derecho en Veracruz y en el país.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: GB: Complicidad en el espionaje

The Intercept, el sitio web fundado por los comunicadores Glen Greenwald, Laura Poitras y Jeremy Scahill y por el inversionista Pierre Omidyar, dio a conocer ayer un documento secreto que forma parte de la información que Edward Snowden filtró al primero y en el que se comprueba que los servicios británicos de inteligencia han desarrollado un complejo sistema de espionaje sobre Wikileaks y sobre los usuarios que visitan el portal de esa organización. Por medio de diversos sistemas de software y de inteligencia pasiva, el espionaje inglés ha recopilado datos de cientos o miles de personas, ha detectado las direcciones IP desde las cuales se conectan a Internet y ha hurgado, al parecer, en sus perfiles sicológicos. Todo ello, por el simple hecho de que visitaron el portal de Wikileaks.

Tal comportamiento es escandaloso e inaceptable, por cuanto constituye una irrupción indebida en la privacidad de los usuarios de la red, carece de la menor relación con actividades de seguridad nacional –el pretexto con el cual Washington y sus aliados han pretendido justificar, hasta ahora, el espionaje masivo puesto al descubierto por Snowden a mediados del año pasado– y resulta violatorio incluso de acuerdos de inteligencia entre los gobiernos del grupo Cinco Ojos –Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelnda y Canadá–, en los que se estipula que la autoridad de cada uno de ellos se abstendrá de espiar a los ciudadanos de los otros integrantes.

De los reiterados alegatos de Washington y Londres sobre que las tareas de espionaje internético masivo apuntan exclusivamente a terroristas y sospechosos de terrorismo se deriva una implicación ominosa: en su fuero interno, ambos gobiernos consideran que consultar la información publicada por Wikileaks es, en sí, una actividad cuando menos cercana al terrorismo. Ello pone en perspectiva el grado de paranoia a los que han llegado los gobiernos estadunidense e inglés, así como los gérmenes de totalitarismo orwelliano que se incuban en ellos.

Como señaló Gus Hosein, director de la organización no gubernamental Privacy International, personas inocentes han sido convertidas en sospechosas por sus hábitos de lectura. Pero, a lo que puede verse, los funcionarios de ambos países no sólo pretenden impedir por todos los medios posibles la difusión pública de sus abusos y malas prácticas –con lo que violentan la libertad de expresión–, sino también han venido compilando bases de datos de las personas que buscan enterarse de tales asuntos, lo que constituye un atropello al derecho a la información.

Los documentos dados a conocer por The Intercept, finalmente, tendrían que contribuir a crear conciencia en la sociedad del proceder sistemáticamente mendaz de los gobiernos estadunidense y británico y de que cualquier persona puede ser víctima de sus ominosas e ilegales prácticas de vigilancia policial.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Toluca: San Cristóbal, reeditado

Tras el encuentro cumbre de gobernantes de América del Norte realizado ayer en Toluca, con la participación del anfitrión, Enrique Peña Nieto; el premier canadiense, Stephen Harper, y el presidente estadunidense, Barack Obama, la nota principal no está en ninguno de los temas urgentes de la relación trilateral –migración, tráfico de armas, comercio, crecimiento económico y cooperación en diversos ámbitos–, sino en los posicionamientos de Obama ante la crisis ucraniana y ante el conflicto que se vive en Venezuela, alentados ambos por Washington. De la primera, el mandatario estadunidense lanzó amenazas tan ominosas como injerencistas; del segundo, se quejó por la reciente expulsión de diplomáticos de su país en Caracas –medida adoptada ante las actividades intervencionistas y desestabilizadoras realizadas por ellos– y pretendió girar instrucciones a sus homólogos sobre cómo enfrentar la polarización actual en el país sudamericano.

Con tales declaraciones, el político afroestadunidense minimizó y eclipsó la relevancia del encuentro y desvió los reflectores hacia ámbitos mundiales ajenos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La descortesía y la arrogancia constituyen una asombrosa réplica de la conducta asumida por George W. Bush, antecesor de Obama en el cargo, el 16 de febrero de 2001, durante su visita al rancho San Cristóbal, propiedad del entonces presidente Vicente Fox: si bien en ese encuentro los dos mandatarios acordaron diseñar una nueva política migratoria –compromiso que nunca se cumplió–, el texano sacó los temas bilaterales del centro de la atención mediática y se dedicó a dar declaraciones sobre la agresión bélica que su gobierno y el británico habían realizado ese mismo día contra Irak. La grosería prefiguró la conducta despectiva que habría de mantener la administración Bush a lo largo del sexenio del guanajuatense.

En la circunstancia actual, el gesto de descortesía –se sabe que la diplomacia funciona con un lenguaje simbólico– es aún más injustificable que hace 13 años, por cuanto el presidente Peña Nieto promovió y promulgó una reforma energética contraria al interés nacional, pero benéfica para los corporativos estadunidenses que la venían reclamando desde hace muchos años a fin de poder invertir en la industria petrolera de nuestro país y controlar varias de sus actividades sustanciales. Con ese antecedente inmediato cabía esperar, cuando menos, una actitud de mayor deferencia al anfitrión de Toluca.

Es cierto también que, de no ser por sus acciones favorables a los intereses empresariales del país vecino, Peña Nieto llegó al encuentro trilateral en una postura de menor solidez política que la que tenía Fox a inicios de su mandato, no sólo porque el segundo llegó a la Presidencia a consecuencia de un proceso electoral incuestionado, sino también porque, en el lapso transcurrido desde entonces, el proceso de descomposición institucional en México se ha agravado y extendido y se ha ampliado la distancia entre el país formal y el resto. Esa distancia ha generado un extendido descontento en amplios sectores de la sociedad. Síntoma de ello es la manifestación de electricistas, campesinos y ex braceros que tuvo lugar ayer mismo en la capital mexiquense y que desembocó en un zipizape por la presencia de infiltrados en la marcha.

En suma, el encuentro cumbre de ayer en Toluca parece haber sido una oportunidad –una más– desaprovechada para empezar a resolver en forma bilateral los conflictos presentes en la relación entre Estados Unidos y México.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Pobreza y desigualdad: dos estrategias

Según el informe del Banco Mundial (BM) titulado Ganancias sociales en la balanza en América Latina y el Caribe, dado a conocer ayer en Washington, entre 2003 y 2012 se ha reducido la pobreza en el subcontinente, si se considera como criterio un ingreso de 2.50 dólares diarios por persona, o menor, y un traslado de millones de personas a la categoría superior siguiente –en vulnerabilidad–, definida por un ingreso personal de entre 4 y 10 dólares diarios. En tanto, se ha robustecido una clase media considerada por el organismo como el conjunto de quienes tienen percepciones de entre 10 y 50 dólares diarios.

Es de señalarse, de entrada, que los criterios de clasificación por ingreso empleados por el BM son por demás cuestionables si se considera que, en nuestro país, sólo para cubrir el costo de la canasta básica (a precios del año pasado) se requiere de un ingreso diario de 235 pesos; es decir, casi 18 dólares al cambio corriente. No es fácil entender, en consecuencia, con qué lógica el organismo financiero coloca en el rubro de la clase media a alguien que no puede cubrir siquiera su consumo de los productos considerados de primera necesidad.

Más allá de esas consideraciones, el BM divide la región en tres subregiones: Cono Sur, Andes, y México y Centroamérica. En la primera, afirma el estudio, es donde resulta más clara la reducción de la pobreza, la cual cayó 37 por ciento en 2012; en la zona andina la reducción es de 22 por ciento, y en nuestro país y el istmo centroamericano la pobreza se ha mantenido constante en el último lustro y abarca a 41 por ciento de la población, una estimación optimista si se recurre a otras maneras de medir el fenómeno.

El organismo financiero –cuyas directrices han impulsado en forma sistemática la aplicación de dogmas neoliberales que han causado un desastre social en Latinoamérica– se ve obligado a admitir que si la pobreza ha disminuido en el sur del continente, se debe tanto al crecimiento de los ingresos como a las políticas redistributivas, y atribuye la reducción correspondiente en la zona andina sólo al primer factor, esto es, el crecimiento del ingreso.

Por lo demás, el BM enfatiza que la generalización de los impuestos indirectos (es) un factor que contribuye a ralentizar la reducción de la brecha de desigualdad, pues el impacto regresivo de la estructura impositiva afecta mucho más a los más pobres.

Esta última observación ha de ser contrastada con la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal y aprobada por el Legislativo el año pasado. De igual manera, tras el fracaso de los gobiernos mexicanos en la reducción de la pobreza ha de verse la ausencia de políticas redistributivas como resultado de su apego a las recetas del llamado Consenso de Washington.

Por otra parte, el documento del Banco Mundial alerta que los avances regionales en reducción de la pobreza no han conllevado progresos semejantes en la disminución de la desigualdad. En este punto, el análisis del organismo monetario resulta particularmente pertinente para nuestro país, donde la desigualdad crece de modo agraviante y escandaloso.

El hecho, a consideración de George Gray Molina, del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, es que los gobiernos brasileños han escogido el modelo de la protección social, enfocado a recortar la desigualdad por medio de la inversión pública, en tanto los mexicanos han preferido crear un entorno más favorable para las empresas y están enfocados a reducir la desigualdad a través del crecimiento económico. Y los resultados de una y otra estrategia están a la vista.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: ¿Qué hace Pemex en Repsol?

El presidente de la corporación petrolera española Repsol, Antonio Brufau, exhortó ayer a Petróleos Mexicanos (Pemex) a estrechar la colaboración entre ambas entidades y ofreció a la representación mexicana que se siente con la compañía para analizar todas las oportunidades para cooperar. La declaración tiene lugar dos años y medio después de que firmaron una alianza estratégica que significó la compra, por parte de la empresa mexicana, de 9 por ciento de las acciones de la española, y un día después de que el coordinador de asesores de Pemex, Carlos Roa, criticó severamente, en una entrevista publicada en Madrid, el desempeño del propio Brufau y se manifestó por un cambio en la administración de Repsol para que ésta pueda ser un gran socio.

Como elemento de contexto han de señalarse los cuestionamientos a Brufau en la propia España por las percepciones astronómicas que él mismo se asigna como titular de la empresa (de 5 a 10 millones de euros anuales) y las imputaciones judiciales en su contra por las operaciones financieras dudosas que realizó como alto cargo de La Caixa y de Gas Natural, aunque las pesquisas no han prosperado por la espesa red de complicidades político-empresariales que existe en el país ibérico.

Por otra parte, el intercambio de declaraciones Roa-Brufau tiene como telón de fondo el acuerdo alcanzado por Repsol y el gobierno argentino para saldar las indemnizaciones por la expropiación, en mayo de 2012, de las acciones que el corporativo español poseía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPG), la empresa argentina de hidrocarburos. La parte mexicana se vio involucrada en el diferendo debido a que, unos meses antes, el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, decidió invertir cerca de mil 150 millones de euros (19 mil 55 millones de pesos, al cambio del momento) en Repsol.

Esa participación fue cuestionada porque reflejaba una enorme incongruencia del gobierno mexicano, ya que el discurso oficial mantenía –y sigue manteniendo– que el Estado carece de los recursos necesarios para invertir en el desarrollo de Pemex, lo que hacía absurdo que se destinara semejante monto a una trasnacional. Por lo demás, el porcentaje accionario de Pemex no es suficiente para incidir en forma significativa en la dirección de Repsol, como el propio Suárez Coppel pudo comprobar cuando, días después, el consejo de administración de la corporación española amenazó con expulsar a Pemex si ésta insistía en aliarse con otro accionista minoritario.

La situación, en esencia, no ha cambiado: el gobierno federal sigue afirmando que no hay recursos suficientes para financiar la industria petrolera nacional, y precisamente esa fue una de las justificaciones utilizadas para operar la reciente reforma legal que permite la privatización del sector; en cuanto a la situación en Repsol, el martes pasado su consejo modificó el reglamento para prohibir a los consejeros que externen públicamente sus discrepancias con la gerencia de la trasnacional, lo que resulta una clara reacción a las declaraciones formuladas horas antes por Roa.

Por donde se le vea, la asociación entre Pemex y Repsol es un mal negocio para la primera. A la distancia, es claro que la inversión en una corporación gestionada en forma casi gansteril constituyó una de las más graves afectaciones de cuantas perpetró la administración de Felipe Calderón en contra del patrimonio de todos los mexicanos. De la misma manera es insostenible el rescate realizado por la petrolera mexicana de un astillero gallego que se encontraba en quiebra virtual.

En resumen, es tiempo de revertir esas asociaciones heredadas del sexenio anterior, de recuperar, en lo posible, los capitales destinados a las empresas españolas, y de emplear tales recursos en el mejoramiento y la modernización de la planta petrolera nacional, la cual experimenta, con o sin reforma energética, una clara necesidad de inversión.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: México en la OCDE

Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), divulgado ayer, el ingreso de las familias mexicanas acumuló un descenso de 5 por ciento entre 2007 y 2010, la peor caída registrada entre los países miembros de ese organismo durante el referido periodo. Al presentar el documento, la coordinadora de gabinete y representante de la OCDE, Gabriela Ramos, reconoció que nuestro país se encuentra en los niveles más bajos de ese grupo de naciones en indicadores de producción y bienestar, y la diferencia de ingreso entre el estrato más alto y el más bajo en México es casi tres veces más grande que el promedio de la organización.

El pobre desempeño de la economía nacional en las mediciones de ese organismo internacional confirma el carácter fantasioso de los sucesivos empeños gubernamentales –del salinato en adelante– por colocar a nuestro país en esa élite de las economías industrializadas y en desarrollo. Por el contrario, a dos décadas del ingreso formal de México en ese grupo de naciones, es meridianamente claro que los gobernantes del ciclo neoliberal no han podido o no han querido abatir las condiciones de atraso social y económico que prevalecen en el territorio, y antes, al contrario, las han profundizado mediante la aplicación de un modelo económico que concentra la riqueza nacional en unas cuantas manos y ha mantenido o multiplicado el número de pobres.

Resulta significativo que el reconocimiento de ese fracaso provenga de la propia OCDE, organismo que por norma ha hecho causa común con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial en la promoción del llamado Consenso de Washington y en su implantación en América Latina, y en esa lógica ha avalado el abandono, por los gobiernos de la región, de las políticas de desarrollo social y los programas de redistribución de la riqueza.

En el caso concreto del ingreso de las familias, es pertinente recordar que su ubicación en los niveles más bajos a escala internacional es consecuencia de una política deliberada de contención salarial, reducción de programas sociales y eliminación de derechos y conquistas laborales, puesta en práctica por las administraciones neoliberales con los supuestos objetivos de reducir la inflación, incrementar la competitividad y la productividad y atraer inversiones extranjeras. En los hechos, sin embargo, esas medidas se han traducido en uno de los obstáculos principales para una reactivación efectiva del mercado interno, para la generación de empleos y para una recuperación económica perceptible y sólida.

En todo momento, las políticas mencionadas han contado con el beneplácito de la OCDE. Significativamente, países latinoamericanos que en los últimos lustros han tenido resultados económicos e indicadores sociales mucho mejores que el nuestro, como Argentina y Brasil, ni siquiera se hayan planteado ingresar a esa suerte de club de ricos que cuenta con dos socios pobres –México y Turquía– y varios recientemente empobrecidos: España, Portugal, Grecia e Italia.

En el caso mexicano, la membresía correspondiente ha sido una atadura adicional a las desastrosas recetas neoliberales y, al mismo tiempo, uno más de esos ejercicios de simulación de economía emergente –cuando no de país desarrollado– tan apreciados por las élites gobernantes. Pero el nivel de desarrollo de una economía no se mide sólo por el número de individuos que logre colocar en la célebre lista de Forbes, sino, sobre todo, por la fortaleza de su mercado interno, el nivel de vida de su población, su grado de avance educativo y tecnológico, la calidad de sus servicios y, también, por la eficacia de sus instituciones para promover el desarrollo social. Pero esas capacidades son, en caso de México, asignaturas pendientes desde hace 20 años, cuando el salinato adhirió al país a la OCDE. Y si no se emprende un giro social en la política económica, lo seguirán siendo.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Yakiri: injusticia y retroceso institucional

El juez 23 de lo penal en delitos no graves del Distrito Federal, Fausto Agustín Ayala, fijó una fianza de 423 mil 800 pesos para la liberación de Yakiri Rubio, la joven que en diciembre pasado mató en defensa propia a un sujeto que la violaba y que, desde entonces, se encontraba presa, acusada de homicidio.

La resolución judicial referida es el episodio más reciente de una saga caracterizada por los agravios, los atropellos, los vicios judiciales y el ensañamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia en contra de una víctima de delito: a la imputación penal y el encarcelamiento sufridos por Yakiri Rubio –en un proceso irregular que incluyó la desaparición del primer examen médico de la joven–, se suma el despropósito de un Poder Judicial que decide ahora fijar una fianza a una persona manifiestamente inocente, que demostró haber actuado en legítima defensa en contra de su atacante.

En el caso que se comenta, tales vicios son agravados por el espíritu misógino de los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial locales, que desestimaron desde un inicio los alegatos de la defensa de Yakiri; criminalizaron de esa forma el derecho de la víctima a resistirse y defenderse de una violación y actuaron con un espíritu de negación de la justicia para la joven agraviada y de protección para sus victimarios.

El episodio del encarcelamiento de Yakiri Rubio da cuenta de un retroceso preocupante en el sistema de justicia penal del Distrito Federal, que resulta incompatible con una administración que se reclama del proyecto progresista instaurado por el voto popular en la ciudad capital desde 1997, y que transita en sentido contrario al rumbo adoptado durante los últimos tres lustros por la sociedad: en ese periodo, las diversas luchas cívicas y democráticas que se han originado y confluido en la urbe han logrado consolidar un entramado institucional de vanguardia en lo que se refiere a libertades individuales y de las minorías, derechos sexuales y equidad de género, y sus habitantes se han pronunciado en múltiples ocasiones por la desaparición de las tres que prevalecen en otras entidades del país, como la discriminación, la violencia de género y la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio del poder público.

Sería particularmente lamentable que el gobierno capitalino considerara zanjado el asunto con la determinación judicial dictada ayer, sobre todo cuando el proceso en contra de Yakiri no ha concluido formalmente. Por el contrario, hay indicios de irregularidades cometidas por agentes judiciales y del Ministerio Público que detuvieron y encarcelaron a una mujer manifiestamente inocente y a una víctima del delito. Lo procedente, en este caso, es emprender acciones orientadas a reparar el daño a Yakiri Rubio y a esclarecer y sancionar a los malos funcionarios que la privaron injustamente de su libertad. Las sanciones legales a que dé lugar este atropello deben ser vistas como un paso ineludible para impedir la persistencia y la repetición de injusticias como la comentada y como un elemento importante para impedir un retroceso de décadas en lo que se refiere a la democracia, la convivencia en paz y la justicia en la ciudad capital.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: El Salvador y Chile: continuidad y renovación

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, Eugenio Chicas, reiteró ayer la confiabilidad de los comicios realizados el pasado domingo en el país centroamericano, que favorecieron por reducido margen al aspirante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, Salvador Sánchez Cerén. Con tal pronunciamiento culminó el proceso electoral en el que se enfrentaron en las urnas, una vez más, dos proyectos políticos que antaño se confrontaban por medio de las armas, con la abierta participación del gobierno de Estados Unidos en favor de uno de ellos.

Significativamente, la determinación del supremo organismo de justicia electoral salvadoreño coincidió con la fecha de asunción de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, lo que marca el inicio de un ciclo de gobierno con claro dominio de la coalición centroizquierdista Nueva Mayoría, que controla ambas cámaras legislativas, además de la presidencia, y con una marcada reducción parlamentaria de la oposición conservadora, a la que pertenece el ex presidente Sebastián Piñera.

Pese a la diferencia de circunstancias y los matices de ideologías políticas, los casos salvadoreño y chileno permiten ponderar la consolidación y renovación, respectivamente, de proyectos gubernamentales de corte progresista y con un claro enfoque en la justicia social. Dicha circunstancia resulta particularmente saludable en un momento en que uno de esos proyectos, el gobierno venezolano, experimenta una combinación entre el desgaste derivado del ejercicio del poder por parte del chavismo, inconformidades políticas opositoras nunca disipadas y la embestida de oligarquías nacionales y extranjeras.

En el caso de la nación centroamericana, el refrendo popular al programa socialdemócrata emprendido hace cuatro años, cuando fue electo el presidente saliente Mauricio Funes, reviste trascendencia en la medida en que ocurre en un entorno regional dominado por gobiernos conservadores –empezando por los de los vecinos de El Salvador, Honduras y Guatemala–; adicionalmente, y con el recuerdo no tan lejano de la violencia, muerte y sufrimiento social que marcaron la vida política de El Salvador durante las últimas décadas del siglo pasado, es de felicitarse que esa sociedad dé muestras de civilidad democrática que le permiten realizar comicios creíbles y renovar los proyectos de gobierno por la vía pacífica.

Por lo que toca al retorno de Michelle Bachelet al Palacio de la Moneda, es destacable que ello ocurre sobre la base un programa social mucho más avanzado que el que la guió en su primera presidencia, y cuya aplicación puede ser impulsada por la llegada al legislativo de una nueva camada de políticos progresistas y fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social.

Está por verse si el ímpetu inicial del nuevo gobierno chileno se consolida en la realización de los objetivos descritos por la propia mandataria en campaña, empezando por la redacción de una nueva Constitución que permita superar las camisas de fuerza heredadas de la dictadura pinochetista y una reforma tributaria de carácter redistributivo, y cuya necesidad, según puede inferirse de los resultados comiciales, es reclamada por la mayoría de los chilenos.

Nombre: Gema Rodríguez Aguilar Actividad:

Asignatura: Derecho Agrario

Tema: Autodefensas y descontrol

Con el telón de fondo de la detención del líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos personas, la Policía Federal dio un plazo de 48 horas para que los hombres que siguen al ahora detenido entreguen las armas. Éstos, a su vez, han manifestado temor de que el desarme derive en agresiones de integrantes de otros grupos de civiles armados que sitiaron La Ruana el pasado lunes, encabezado por Luis Antonio Torres González, El Americano, a quien el propio Mora vincula con el cártel de Los caballeros templarios.

Estos hechos confirman la validez de los señalamientos formulados desde el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán sobre los riesgos de descontrol y multiplicación de violencia regional derivados de la proliferación de esas organizaciones y del respaldo gubernamental a grupos irregulares de civiles armados.

Dicha situación, por desgracia, se ve agravada por una falta de comprensión del fenómeno referido por las instancias públicas del propio Estado: ayer, en el marco de su informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, dijo que los grupos de civiles armados que operan en Guerrero y Michoacán son un peligro y operan fuera de la ley. Con tal declaración, el funcionario dio muestras de desconocimiento sobre las diferencias sustanciales entre las guardias comunitarias guerrerenses y las autodefensas michoacanas: las primeras –con un historial de décadas en distintas localidades del país– están integradas a las estructuras de gobierno de las comunidades en las que sirven y su existencia y funcionamiento están previstos en el marco de los derechos de los pueblos indígenas; las autodefensas, en cambio, son grupos irregulares que no están sometidos a autoridad popular ni a circunscripción territorial alguna, y que operan, por definición, al margen de la ley.

En el caso específico de Michoacán, la proliferación de estas organizaciones estuvo precedida por una tolerancia, pasividad y corrupción gubernamental ante el accionar de las organizaciones delictivas, con lo que se colocó a la sociedad en absoluta desprotección. Pero esa omisión original del Estado en su deber de garantizar la seguridad pública se vio agravada por otra: el reconocimiento de facto de los grupos de autodefensa y, con ello, una nueva vulneración del marco jurídico vigente.

Las circunstancias de los últimos días en los poblados de Tierra Caliente colocan al gobierno federal en una disyuntiva ineludible: o se empeña en prohijar la ilegalidad con el respaldo a una de las facciones en pugna –lo que implicaría alentar una nueva e indeseable lucha armada entre michoacanos–, o se decide a aplicar la ley, empezando por el precepto que establece que las tareas de seguridad pública corresponden exclusivamente al Estado.

La administración encabezada por Enrique Peña Nieto ha tenido 15 meses para corregir el desastre de seguridad pública heredado por el gobierno de Felipe Calderón y, a estas alturas, le corresponde plenamente la responsabilidad por la situación que se vive en Tierra Caliente y en el resto del país. Es necesario que asuma a plenitud esa responsabilidad.

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