Plan De Ayala

PLAN DE AYALA

El Plan de Ayala fue suscrito por los principales líderes zapatistas, el 25 de noviembre de 1911. El Plan, elaborado en la comunidad de Ayoxustla, en Puebla, fue una enérgica respuesta a la tibieza con la que consideraron que Francisco I. Madero había conducido la Revolución mexicana, así como ante su “falta de entereza y debilidad suma” para dar respuesta a las demandas sociales.

El documento señala que además del incumplimiento del Plan de San Luis, Madero “ha tratado de acallar con la fuerza bruta de las bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que lo piden, solicitan o exigen el cumplimiento de las promesas de la revolución, llamándolos bandidos y rebeldes, condenándolos a una guerra de exterminio, sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley”.

Los zapatistas se creyeron traicionados por Madero, desde que el gobierno interino de Francisco León de la Barra los mandó reprimir sin conocimiento del iniciador de la Revolución.

Tal era la impresión que privaba en algunos grupos revolucionarios, respecto a la actuación de Madero al frente del gobierno. El Plan de Ayala afirmaba que era “inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar el poder”.

En el Plan, se desconoce a Madero como jefe de la Revolución y presidente de la República, nombrando en su lugar a Pascual Orozco, y de no aceptar éste el nombramiento, al propio Zapata.

Además, el Plan de Ayala contemplaba que: “…los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos deducirán ante los tribunales especiales que establezcan al triunfo de la revolución”. Sobre este mismo aspecto, señalaba que: “En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; por esta causa se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos”.

“Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos les corresponda, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha del presente plan”.

Como se puede advertir, el principal planteamiento del Plan de Ayala era la restitución de la tierra a sus dueños originales, a través de herramientas jurídicas como la expropiación y la nacionalización. El documento fue enviado por Emiliano Zapata a las representaciones diplomáticas y publicado por El Diario del Hogar el 15 de diciembre de 1911.

El Plan de Ayala fue firmado por los generales Emiliano y Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Jesús Morales, Jesús Navarro, Otilio E. Montaño, José Trinidad Ruiz, Próculo Capistrán; los coroneles Felipe Vaquero, Cesáreo Burgos, Quintín González, Pedro Salazar, Simón Rojas, Emigdio Marmolejo, José Campos, Pioquinto Galis, Felipe Tijera, Rafael Sánchez, José Pérez, Santiago Aguilar, Margarito Martínez, Feliciano Domínguez, Manuel Vergara, Cruz Salazar, Lauro Sánchez, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Catarino Perdomo, Jesús Sánchez, Domingo Romero, Zacarías Torres, Bonifacio García, Daniel Andrade, Ponciano Domínguez, Jesús Capistrán; y los capitanes Daniel Mantilla, José M. Carrillo, Francisco Alarcón y Siberiano Gutiérrez.

PLAN DE GUADALUPE

Proclamación firmada en la hacienda de Guadalupe, en Ramos Arizpe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913 por Venusiano Carranza, quien repudiaba al gobierno golpista de Victoriano Huerta acusándole de traición contra Francisco I. Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaran el plan. Los sublevados nombraron Primer Jefe del Ejército que se denominaría Constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza. El texto establecía que al entrar en la capital del país, Carranza o quien lo hubiese sustituido en el mando por razones necesarias, se encargaría del Poder Ejecutivo el tiempo perentorio para convocar a elecciones. Este plan sufrió algunas modificaciones entre ellas la del 12 de diciembre, que consideraba también la obligación de convocar a elecciones para celebrar un congreso constituyente.

En el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila; municipio colindante con el Municipio de Saltillo, el 26 de marzo de 1913 un grupo de militares reunidos en ese lugar emitió un Manifiesto a la Nación, en el que expresaban su posición ante los acontecimientos que se vivían en la Ciudad de México y que provocaron la muerte del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y la instauración del gobierno del general Victoriano Huerta.

El Manifiesto estableció las bases del movimiento revolucionario iniciado en contra del régimen del general Huerta y dio la pauta para que en los meses y años siguientes grupos importantes de mexicanos se sumaran a la lucha por el restablecimiento del orden constitucional y, una vez logrado el triunfo, emprender las reformas sociales y económicas que requería el país.

El documento histórico, conocido como Plan de Guadalupe, estableció en sus considerandos que el general Huerta, a quien el presidente Madero confió la defensa de las instituciones y la legalidad del gobierno, al unirse al grupo de militares rebeldes en armas desde el 9 de febrero del propio año, había cometido el delito de traición en su afán por acceder al poder, acto logrado con la aprehensión del presidente y del vicepresidente

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