Principio 8 de la Constitución Política de Colombia

Principio 8 de la Constitución Política de Colombia.

En la república de Colombia todo lo que constituye una norma está escrita o plasmada en un papel y una muestra  clara es la constitución política que fue creada bajo muchos factores, pero sin duda el más primordial es la de doctrinar todos los estamentos de la nación, como también sus divisiones y dependencias tanto en el campo productivo como social.

Según Ermo Quisbert se entiende que “Principio constitucional es la Regla básica que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un Estado determinado” (Principios Constitucionales), lo que connota que la base de un país de república y/o Demócrata están plasmadas en una series de principio de acuerdo a su cultura  y tradición como también la percepción de conceptos asociados al estado, sin embargo los principios constitucionales son la máxima representación del poder que ejerce el pueblo sobre sus gobernantes.

Los primeros artículos que se encuentran plasmados en la constitución son donde se encuentran dichos principios y de ahí el estado es el principal ente encargado de protegerlo y que no sea violado en el marco legal, los principios son la principalidad de una ley o procedimiento y también puede ser utilizada cuando no se da una solucion por mediación de la ley, es decir cuando una ley no es muy bien comprendida o no soluciona un altercado se recurre al principio Para la solucion, siendo así el estado social de derecho tiene como garantía las prestaciones de unos fines esenciales, dicho esto ¿Cuáles son esos fines? ¿Las leyes que la cobijan? y, ¿cuál es su aplicación?

El principio 8, plasmado en el artículo 2 de la constitución colombiana dice que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” es decir, que el principio anteriormente nombrado le da obligaciones al estado para asegurarle los bienes esenciales al pueblo, dichos bienes son brindando de  forma organizacional por parte del gobierno a  través de organismos competentes al mismo siendo así existen distintas leyes que regulan y especifican dichos organismos gubernamentales.

Para la compresión de los objetivos del principio 8 establecido en el artículo 2 de la constitución hay  que  comprender que la misma revela que existen tres fines esenciales del estado, el primero es el de servir a la comunidad y el segunda que podría deducirse como promover la prosperidad social el cual connota gran importancia porque es un ejercicio que emana del bien social y se considera que el gobierno para cumplir dicho fin tiene que brindarle al pueblo las herramientas y facilidades que necesitan para el desarrollo de un bienestar  social, en Colombia existen muchas leyes que cobijan y hacen cumplir los fines anteriormente nombrados muchas veces para el cumplimento del fin las interpretaciones las toma el gobierno de turno y es desarrollada a través de programas especiales que aplica el gobierno, un ejemplo claro es la ley 1448 de 2011 por el medio del cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió transformar la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el Departamento de la Prosperidad social (DPS) el  cual es la Entidad del Gobierno de Colombia que encabeza el Sector de Inclusión Social y Reconciliación,​ al cual se encuentran adscritos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,​ la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE),​ la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas,​ la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial​ y el Centro de Memoria Histórica, el principio ejerce la aplicación con los objetivos de crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional cuando el estado deja de contribuir a fortalecer o cumplir dichos objetivos se violan el principio por que el estado no cuenta con garantías para cumplir un fin esencial que le compete.

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