Principios Del Derecho Administrativo

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

Principio de legalidad: La Administración, a diferencia de los privados, no actúa bajo el principio de libertad según el cual lo que no está prohibido está permitida. Al contrario, únicamente puede realizar aquello que la ley le permite, aquello para lo que lo faculta.

Debido procedimiento: Tiene origen constitucional. Se rige por los demás principios del Derecho Administrativo. Incluye la defensa, pruebas, decisión motivada. No necesariamente se extiende a la doble instancia.

Impuso de oficio: La Administración tiene el deber de dar impulso de oficio al procedimiento. Ordenar la realización o práctica de actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de cuestiones necesarias. Existe un interés público que fundamenta esto.

Razonabilidad: Se exige ser razonable al momento de actuar. Por ejemplo, cuando una entidad va a ejecutar un acto de gravamen (como imponer una sanción), la sanción debe ser elegida cumpliendo el fin público perseguido pero procurando causar el menor perjuicio al administrado, y que la conducta realizada coincida con la sanción. La afectación debe ser estrictamente necesaria e idónea para conseguir la finalidad. La razonabilidad debe estar presente siempre que se impongan limitaciones a los particulares.

Imparcialidad: La Administración Pública debe ser imparcial, no discriminar ni diferenciar entre administrados. Sin embargo, se dice que la Administración Pública difícilmente puede ser imparcial, pues siempre va a defender el interés público; es decir, tiene algo que defender (si bien no es un sujeto determinado).

Informalismo: Solamente deben usarse las formalidades cuando sean necesarias. Si un error formal es subsanable, que se permita subsanarlo. Está relacionado con la flexibilidad, cosa que no existe en sede judicial. La existencia de un procedimiento y estas reglas no son sino una garantía para el administrado de que la Administración no actuará arbitrariamente. Todos los reglamentos sobre procedimientos deben ser interpretados de esta forma.

Presunción de veracidad: Durante un procedimiento administrativo, todo lo que el administrado presente se va a presumir verdadero y no será cuestionado. El fundamento de fondo de esto es la presunción de inocencia; no puede presumirse que un administrado ha cometido actos ilícitos. El fundamento práctico es que la Administración Pública no puede verificar la autenticidad de cada documento o prueba que se presenta. Sin embargo, esto se puede contrarrestar con la fiscalización posterior, y por ello es una presunción iuris tantum (admite prueba en contrario).

Principio de conducta procedimental: Relacionado con la buena fe procesal, según la cual no deben realizarse actos que ralenticen o perjudiquen el procedimiento.

Principio de celeridad: Tiene el énfasis en un avance rápido del procedimiento, pero siempre cuidando que no se lesionen derechos

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