Proyecto Ley De Tierras

PROYECTO LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL

Si la restitución de tierras ha sido para el gobierno un desafío monumental, la verdadera tarea en materia agraria apenas comenzará en poco tiempo, cuando el gobierno presente el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural que le tenderá los rieles a la locomotora del agro. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lo dice sin titubeos: “esta ley es tan o más importante que la Ley 200 de 1936”, es decir, la que estuvo en el corazón modernizante de la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Y, por lo menos en términos de desarrollo, es más ambiciosa que la Ley de Reforma Agraria de Carlos Lleras.

Después de varios borradores fallidos y de un largo proceso de consulta con indígenas y comunidades afro, que todavía no ha concluido, el proyecto, de 316 artículos, acogió muchos puntos sugeridos por expertos independientes. Y si se convierte en realidad, le daría al campo el protagonismo y la modernización que tanto le urgen, aunque su gran debilidad es que no resolverá, tal y como está planteado, el problema de la concentración en la tenencia de la tierra.

Sin lugar a dudas los dos primeros tópicos son de innegable importancia para un país que vive crecientes conflictos por el uso del suelo entre la expansiva y agresiva actividad minera y energética, la agrícola, la pecuaria, la forestal, la conservación ambiental y los demás usos de este importante recurso, y en el que el enorme potencial agropecuario se está utilizando en una muy reducida proporción, a pesar de la tendencia al alza de los precios de los alimentos y de las carencias nutricionales de buena parte de la población nacional. No obstante, el diseño y puesta en marcha de una política de desarrollo rural que apunte a la superación de la agobiante pobreza que se vive en estas áreas, promoviendo estrategias de generación de ingresos, de reconstrucción del tejido social y de dotación de infraestructura y de servicios sociales y públicos, es una necesidad aún más apremiante.

Por estas razones, uno esperaría que la ley siente las bases de un desarrollo rural que contemple tanto los aspectos productivos y comerciales, como los relativos al capital humano y al social; que se construya desde los territorios, teniendo en cuenta sus características y dinámicas; que busque decididamente la reducción de las desigualdades e inequidades predominantes en estas zonas, y que aproveche el enorme potencial que tienen los pobladores y los recursos naturales para lograr un desarrollo equitativo, sostenible y rápido de las áreas rurales.

En este sentido, debería cambiar los subsidios puntuales, compartimentados y de corto plazo, por apoyo y acompañamiento integral, de mediano o largo plazo, a los procesos de desarrollo de las comunidades rurales;

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