Upac Vs Uvr

Habiendo hecho ya un recorrido histórico desde el nacimiento

del sistema de crédito hipotecario con base en la UPAC hasta

la actualidad con base en la UVR, es perentorio hacer un

recuento de los sucesos más importantes y detenerse para

ampliar un poco más aquel momento en que el sistema originalmente

concebido colapsa.

Para entender las consecuencias de dicho trastorno, es

fundamental anotar que la vivienda es el principal activo que

adquiere una familia promedio en Colombia, significa el cimiento

en el que se construye un capital económico, es el

seguro que dejan los padres a sus hijos, e incluso puede significar

la tranquilidad después de la jubilación; para la mayoría

de los colombianos la compra de vivienda es la base de un

mejor futuro para toda una familia y es uno de los sueños

más anhelados. Es por esa razón que un sistema que deja de

ajustarse a los ingresos de los ciudadanos puede llevar a una

familia promedio a vivir una de sus más grandes pesadillas.

A principios de los setenta, como ya se mencionó, se implantó

en Colombia el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo

Constante) que tenía como objetivo disminuir el riesgo

de la pérdida de poder adquisitivo para ahorradores y prestatarios

del sistema financiero, además de facilitar la adquisición

de vivienda; por lo tanto, la UPAC se ajustaba de acuerdo

con la inflación, lo que daba confianza a los usuarios de que

su dinero estaba protegido contra la misma, su vacuna, la Corrección

Monetaria (CM) que estaba atada a la variación del

ipc. El concepto anterior varió con el tiempo y la fórmula de la

cm se modificó con frecuencia a lo largo de su vida, llegando

en 1984 a tener en cuenta las tasas del mercado como componente

de la fórmula.

Los antecedentes de la caída de este sistema, que parecía

ser la solución al sueño de tener casa propia, se describen a

continuación. En primer lugar, es necesario establecer el panorama

que venía viviendo el país antes de que el sistema UPAC,

después de 28 años de funcionamiento, se quedara sin piso jurídico.

La razón no fue únicamente que las cuotas se volvieran

impagables, este fue sólo el detonador de una serie de acontecimientos

que obligaron a la Corte Constitucional a ordenar al

Emisor instaurar un nuevo sistema de financiación de vivienda

que tuviera, entre otras cosas, de nuevo el objetivo social que

perdió la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, esto justificado

en que la vivienda es un derecho establecido en la constitución

y el Estado debe garantizar sistemas de financiación

adecuados a la capacidad de pago de los ciudadanos.

Era 1990 y el país entró en el proceso de Apertura Econó-

mica con el Gobierno de César Gaviria, proceso que implicó

una reforma del sistema financiero (ley 45/90), permitiendo

la evolución de las entidades financieras a la banca múltiple.

Como ya se había señalado, las implicaciones más relevantes

de esta reforma hacen referencia a la desregulación y a la

privatización del sistema, lo que provocó que las Corporaciones

de Ahorro y Vivienda (CAV) frente a las demás entidades

financieras, dejaran de ser las únicas que prestaban en UPAC,

además de que se suprimió el acceso a los recursos del Fondo

de Ahorro y Vivienda (FAVI), entidad que fue eliminada suponiendo

una madurez del sistema después de 18 años de

funcionar “exitosamente”, pues hasta la fecha los tropiezos

del sistema habían sido pocos. Como se ha dicho ya, una de

las

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