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ANÁLISIS MACROECONÓMICO ECUATORIANO


Enviado por   •  23 de Agosto de 2018  •  Monografías  •  4.382 Palabras (18 Páginas)  •  84 Visitas

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PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD CHICHO

[pic 1]

Chicho 2017-2018


INDICE

Pág.

Presentación

  1. Nuestra comunidad

2

¿Quiénes somos?  

2

¿Dónde estamos?

3

¿De dónde venimos? Algo de nuestra historia

3

El testimonio de los mayores de Chicho

6

La parroquialización de Zumbahua

9

Historia a partir del levantamiento de 1990

10

Principales logros de la historia reciente

12

Nuestro sistema de gobierno

13

PRESENTACIÓN

PUCE, Facultad de Economía


PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD         CHICHO [1]

  1. NUESTRA COMUNIDAD

Historia de la comunidad

La comunidad de Chicho actualmente está conformada por 150 familias, que estamos identificadas como pueblo indígena de Zumbahua, de la nacionalidad Kichwa. Somos herederos de una larga tradición de ultraje: los indígenas de Zumbahua “se unieron para realizar la lucha de oposición contra la conquista española y han continuado esa tradición de resistencia y oposición en su contra hasta que finalmente lograron su libertad”. Hasta el día de hoy no existe personería jurídica para nosotros ni un reglamento que nos ampare totalmente.

Somos una comunidad indígena que no cuenta ni es parte de ninguna organización en contra del ultraje campesino. No somos filiales de movimientos indígenas, sin embargo con la Ley de la Reforma Agraria impartida entre los años 1966-1967 hemos logrado tener libertad y trabajar para beneficio de nosotros mismos.

Reunión con la comunidad de Chicho en el desarrollo del Taller 1 participan estudiantes de Economía, Geografía, Sociología.

¿Dónde estamos?

Administrativamente pertenecemos a la parroquia Zumbahua, del cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi. Nuestra comunidad se encuentra a 40 minutos del centro de la parroquia de Zumbahua.

¿De dónde venimos? Algo de nuestra historia

Resumen de “Luchas indígenas por los derechos a la tierra en Ecuador del Siglo XX” de Marc Becker.

La hacienda Zumbahua, situada en el altiplano norte-central Cotopaxi), había pasado de los jesuitas (expulsados de la América española en 1767), de los agustinos (expulsados en 1875), de los redentoristas y finalmente a la Junta Central de Asistencia Pública (JCAP) del gobierno, cuando Eloy Alfaro expropió los bienes de congregaciones religiosas.

Bajo administración gubernamental, la hacienda Zumbahua fue arrendada por períodos de ocho años a hacendados que no vivían en la zona, y que delegaban la responsabilidad del manejo a un grupo de mayordomos bien pagados. Las relaciones entre los mayordomos mestizos y los huasipungueros indígenas contratados tendían a ser conflictivas, en gran parte debido al papel pesado de los mayordomos en la ejecución de los deseos de los hacendados, así como su propio deseo de subir de categoría y de posición con la aplicación rigurosa de los deseos de sus empleadores.

En 1934, la JCAP alquiló la hacienda Zumbahua al general Francisco Gómez de la Torre. Educado en academias militares extranjeras y representando una tendencia hacia la modernización de las fuerzas militares ecuatorianas, los partidarios de Gómez de la Torre lo presentaron como "el ejemplo perfecto de un oficial profesional". Fue un hombre influyente que gobernó como parte de una junta provisional de siete hombres que en 1925 derrocó al gobierno liberal cada vez más corrupto.

El 9 de febrero de 1938, los trabajadores indígenas de la hacienda Zumbahua escribieron a los funcionarios del gobierno para protestar dado que sus intentos de negociar con el inquilino de la hacienda habían fracasado. El arrendatario había prometido "mejorar el tratamiento, aumentar los salarios, proveernos de las herramientas para el cultivo, y reconocer nuestro trabajo para cuidar el ganado, recoger la lana y otras tareas habituales en las haciendas"; y escribieron que  "Por eso nos presentamos ante ustedes para solicitar su intervención, para lograr un trato más humano y respetuoso a los trabajadores, el regreso de los pueblos indígenas que han sido retirados de sus hogares, el pago de salarios y la eliminación del trabajo obligatorio”.

Estas protestas tuvieron lugar en la década de los 30 durante un período de profunda crisis económica y grave inestabilidad política del país. También fue una época en la que los trabajadores urbanos organizaron nuevos sindicatos y activistas de izquierda fundaron nuevos partidos políticos. La protesta se extendió a las zonas rurales a medida que los conflictos estallaban en fincas que el gobierno había expropiado a las órdenes religiosas después de la revolución liberal de Eloy Alfaro en 1895.

En el centro de esta protesta en Zumbahua estaba un grupo de cinco trabajadores indígenas: José Trinidad Chaluisa, Ventura Chaluisa, Nicolás Chaluisa, Juan Manuel Pallo y Francisco Eduardo Ante. Los Chaluisa pidieron "no ser privados del derecho a vivir en la tierra donde nacimos y donde por más de cuarenta años hemos servido y enriquecido a tantos inquilinos". Pallo y Ante alegaron que "hemos prestado nuestros servicios como huasipungueros peones de la hacienda Zumbahua durante veinticinco años, habiéndonos distinguido por nuestra honestidad y dedicación a la obra". Se quejaron de" la gestión actual de la hacienda Zumbahua de los intentos de quitar la tierra de los mejores y más antiguos peones bajo el pretexto que supuestamente eran líderes de un movimiento indígena". Los líderes de Zumbahua presentaban permanentes escritos a las autoridades con la ayuda del abogado Oleas del partido socialista que actuaba en forma individual.

Los mayordomos abusivos eran motivo común de la queja. Una misiva solicitó la remoción de” los empleados Carlos Olivia, Enrique Bravo, Juan Hidalgo y Manuel Hidalgo que ejercen su autoridad sobre los peones por medio del palo y el látigo, como si no hubiera otro lenguaje o medio de entendimiento entre nosotros y la administración de la hacienda ".

Las quejas dieron unos resultados iniciales. La JCAP recomendó que la hacienda cumpla con la ley del salario mínimo, pague a las mujeres al mismo ritmo que los hombres, proporcione las herramientas necesarias, pague los salarios de huasicamas y reduzca el nivel de tareas.  A principios de 1938 el arrendatario Gómez de la Torre respondió que había mejorado las condiciones de sus trabajadores y declaró su "firme resolución de terminar el contrato" que rige el alquiler de la hacienda si se impusieran nuevas obligaciones que alteraran sustancialmente su contrato de arrendamiento original.

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