Derecho Penal

Aproximación al Derecho Penal como mecanismo de control social y critica a la función represiva: En las sociedades modernas, con forma de Estado, el derecho constituye una vía explícita de control, cuya función es contener ciertas propensiones naturales, canalizar los instintos e imponer una conducta obligatoria, no espontánea.

Se persigue a través de él, una meta integrativa –mantener la cohesión de los grupos sociales- para cumplir con ello resulta indispensable marcar franjas de desviación social, que delinean los sectores hegemónicos, penalizando a quien incursione en ese terreno delimitado por la prohibición. El control social configura entonces un control de la desviación.

Se pretende disciplinar la conducta humana a través del aprendizaje e internalización de pautas. Por lo que se desprende de ello que el control social es un dispositivo inherente al proceso de socialización que propicia la adhesión-sumisión del individuo al proyecto social imperante.

El control social se ejerce a través de múltiples canales: la familia, la educación, la religión, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación, los consejos comunales y también por medio de la represión punitiva.

Justamente esa cohesión social se busca lograr con esta segunda especie de control social, que es mucho más tangible y estructurada, pues se efectiviza a través de carriles institucionales.

El sistema jurídico se incluye en este tipo de control institucionalizado. El derecho trata de que el individuo internalice sus prescripciones e imposiciones cumpliendo una función motivadora, de introyección del poder y de la autoridad, interviniendo en casos de colisión entre la motivación general (que supuestamente representa), y la motivación individual de un sujeto concreto que intenta regirse por parámetros diversos (disidente).

Es de destacar el carácter violento del sistema jurídico, pues el derecho tiene la característica de que es coercible, y el derecho penal es particularmente violento, por los casos que sanciona y por la forma en la que aplica la sanción.

Por ésta razón, se sostiene que el sistema penal es la “ultima ratio” del control social y jurídico, pues sólo interviene cuando los otros mecanismos de control han fracasado. Se puede decir que constituye un mecanismo de “ejecución forzada” “in extremus”, que impone las pautas mediante métodos disuasivos, mediante coacción, y con un discurso jurídico justificativo resocializador.

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