Desparrame Urbano

Puerto Rico al igual que otros países enfrenta un problema que va en aumento debido al crecimiento económico, el desparrame urbano. El científico Ariel Lugo indicó que 23% del terreno en Puerto Rico está bajo desparrame urbano, mientras que el 11% “tiene concreto sembrado”. Las consecuencias del desparrame urbano son muchas: desde luego, el más inmediato, es el impacto ambiental mediante la ocupación de territorio para el desarrollo físico.

Lamentablemente, la norma en nuestra isla ha sido asumir que la tierra que ya no se utiliza para la agricultura, se puede utilizar para el desarrollo suburbial. Este desparrame urbano, que ya afecta el 23 por ciento del territorio de Puerto Rico, es el causante de los aumentos en temperatura, la disminución de lluvias y el aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones. El desparrame urbano ya está causando efectos similares a los que se anticipan para el futuro con el cambio climático global. La combinación de estos dos factores tendrá efectos desconocidos sobre el país, pero se puede anticipar que el desparrame urbano incrementa los anticipados cambios climáticos.

En otras palabras, Puerto Rico fomenta el desparrame urbano y no tiene programas

efectivos de conservación, lo que ha puesto al país en peligro y vulnerable a todos los

cambios climáticos en proceso y anticipados. Penosamente, la política actual sobre la zona marítimo-terrestre augura futuros desastres en las costas del país. En resumen, Puerto Rico viaja en dirección contraria con relación a su protección y adaptación a los cambios climáticos. Ciertamente queda demostrado que el desparrame urbano es un crecimiento no sustentable, no saludable y autodestructivo desde un punto de vista ambiental, económica y social.

Debido a esto en Puerto Rico se han aprobado legislaciones cónsona con el concepto de “desarrollo inteligente” o Ley para el Desarrollo Inteligente de la Infraestructura. Por ejemplo, la Ley Núm. 212-2002, según enmendada, conocida como “Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos,” la Ley Núm. 209-2004, según enmendada, conocida como “Ley de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Areas Urbanas,” la Ley Núm. 267-2004, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible”, y la Ley Núm. 550- 2004, según enmendada, conocida como “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

En conclusión, toda las legislaciones citadas tienen que ser implantadas en combinación unas con otras, dentro de una base principal y amplia: el desarrollo inteligente. Por lo tanto, necesitamos un compromiso mayor, mejor planificación y responsabilidad ambiental del gobierno de Puerto Rico en coordinación con mejores políticas de crecimiento, programas efectivos y mayor participación

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