El eje del desarrollo económico

EL EJE DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Lo definimos como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos cualitativos dentro de un económico facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. Evidentemente que los saltos cualitativos no se dan exclusivamente si se dan acumulaciones cuantitativas de una única variable, pues los saltos pueden ser incluso de carácter externo y no solo depender de las condiciones internas de un país, Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía del desarrollo. La política pública generalmente apunta al crecimiento continuo y sostenido económico, y la extensión de la economía nacional de modo que 'los países en vía de desarrollo se hagan países desarrollados. El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios. Para entender por qué ahora solo 1/5 del mundo se considera "desarrollado" (principalmente Japón, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y pocos más), se debe tener en cuenta que el mundo, desde el punto de vista de un país desarrollado, es un mundo de pobreza y escasez y por lo tanto es fundamental el reconocimiento de que no es que los otros 4/5 del mundo están retrasados, es más bien que el primer mundo ha tenido el "milagro" del desarrollo industrial-capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia el fin del s. XVIII y el comienzo del s. XIX y después se difundió a otros países del Primer Mundo.

A su vez el crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo.

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO ENDÓGENO

Es innegable desde cualquier punto de vista y postura política, que nuestro país no es el mismo de hace ocho, veinte y mucho menos cuarenta años. El devenir histórico, económico, social y político de las dos últimas décadas nos han transformado como sociedad y nos lleva, como señala Gimeno Sacristán (1997), a un devenir que cada uno vamos inscribiendo en nuestra particular vida y donde aparecen situaciones que resaltan por las vivencias que producen, generando ondulaciones visibles, en nuestro caso abruptas, que han cambiado el rumbo de nuestra existencia. El desgaste y contradicciones del modelo punto fijita, produjeron un cansancio y un hastío, que se materializaron en los sucesos de Febrero del 89; y los movimientos insurrecciónales del año 92. Épocas caracterizadas como momentos en los que se fraguó algo determinante que no nos resultó indiferente, donde lo que se tenía se acababa y se alumbraba un nuevo porvenir.

A comienzos de este nuevo siglo XXI, nuestro país se encuentra enrumbado hacia un nuevo modelo de sociedad, donde el ser humano es el centro y destinatario de las principales acciones del Estado. Las transiciones que se presentan tienen su origen en un proceso de desarrollo que da lugar, especialmente, a cambios sociales, de acomodo entre los individuos y el medio, que se pueden explicar como consecuencia de los procesos alienantes, de pocas oportunidades y de atraso en el que nos encontrábamos subsumidos. Nuestra carta magna señala el camino de una nueva democracia participativa y protagónica en contraposición del viejo modelo, que propugnaba la representación de la mayoría.

Y a su vez el Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. Es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico. Esto permite convertir los recursos naturales en productos que se puedan consumir, distribuir y exportar al mundo entero. En una organización de este tipo existen individuos o recursos humanos idóneos en alguna rama del conocimiento y están dispuestos a poner ese conocimiento al alcance de los otros miembros de la organización, con el propósito de la transferencia tecnológica voluntaria para el crecimiento de todos. Esto redunda en el fortalecimiento, amplitud, integración y desarrollo de las capacidades individuales y en consecuencia la formación natural de equipos multidisciplinarios de trabajo que cooperan para el desarrollo armónico de la organización en un ambiente sistémico, simbiótico y sinérgico.

Hay otra visión sobre el desarrollo endógeno que lo presenta como una pregunta sobre los modos en que una comunidad puede desplegarse (des-arrollarse) en armonía con su entorno, entendiendo que este despliegue pasa por garantizar el despliegue de todos los seres humanos que forman parte de esa comunidad. En este sentido, el ser humano pasa de ser objeto de desarrollo a ser sujeto de desarrollo.

POLÍTICAS PETROLERAS

Desde el momento en que se inició la explotación del petróleo en Venezuela el capital internacional se instaló como protagonista e impuso sus condiciones económicas. No obstante, desde muy temprano, la acción tesonera de algunos venezolanos permitió que el estado fuese fortaleciendo su posición de propietario del recurso y ejerciera acciones en defensa de sus intereses. Entre otras acciones, promulgó varias leyes para regular la relación entre él como propietario y las compañías productoras foráneas. Sin duda la más importante de estas leyes fue la ley de hidrocarburos de 1943, la cual estableció la soberanía impositiva del Estado venezolano y unificó el régimen de concesiones. Esta ley mantuvo su vigencia hasta el año 2001, momento en que el presidente Chávez promulgó una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos que, junto con la Ley Orgánica de hidrocarburos gaseosos, aprobada en 1999, derogarían toda la legislación precedente. (Lander, L.E. López Maya M. 2003). Con el impuesto sobre la renta y otros instrumentos como la regalía y posteriormente los valores fiscales de exportación, el Estado venezolano se garantizó un ingreso social creciente que le permitió situarse como motor central del desarrollo venezolano.

Este periodo se caracterizó por una fuerte presión nacionalista sobre las corporaciones transnacionales que fructificó en 1948 con el pionero acuerdo del fyfty-fyfty. Según este, la participación del fisco en las utilidades de la industria nunca podría ser inferior al 50%. La presión por parte del estado venezolano por captar cuotas superiores de la renta petrolera no se detuvo y en 1959 el propio Estado rompió el acuerdo con las transnacionales y mediante una modificación del impuesto sobre la renta exigió y obtuvo posteriormente el 60%. A parte de buscar incrementar la participación en la renta petrolera, en este periodo el Estado también mostró un fuerte interés en incrementar su participación en la gestión misma del negocio del petróleo. En esta dirección, en 1930 se creó el Servicio Técnico de Hidrocarburos en el Ministerio de Fomento y en 1960 la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), que fue la primera empresa pública del ramo, cuyo objetivo era participar directamente en todas las actividades de la industria de los hidrocarburos.

Otro elemento clave de la estrategia petrolera venezolana durante este periodo fue el establecimiento de alianzas estables con otros países productores para la defensa de sus intereses comunes. Luego de diversas iniciativas, en 1960 en la ciudad de Bagdad y bajo la promoción de Juan Pablo Pérez Alfonso de Venezuela y Abdullah Tariki de Arabia Saudita, se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que tiene como principal objetivo la defensa de los precios y que ha sido la alianza de productores de materias primas más exitosa (Lander. L.E. López Maya. M).

Como resultado de la continuada política de presión nacional, el 1 de enero 1976 se decide por parte de Carlos Andrés Pérez la nacionalización de la industria petrolera como una medida de su programa de desarrollo conocido como “la Gran Venezuela”. Para implementar la nueva política se creó Pdvsa como casa matriz de un conjunto de empresas operadoras que hasta la noche anterior eran subsidiarias de las transnacionales foráneas. Contrariamente a lo que debería haberse esperado la nacionalización de la industria no representó ningún avance significativo en el manejo nacional de los recursos energéticos al contrario, a partir de este momento se inicia un proceso que, progresivamente, conducirá la nación venezolana por la senda de la pérdida de capacidad de control sobre su industria fundamental. Con la nacionalización cambió el propietario de la industria petrolera, pero no su tren ejecutivo. Estos ejecutivos, claramente vinculados a las corporaciones extranjeras (Exxon, Shell y Mobil), una vez asumieron el control de Pdvsa iniciaron un proceso de defensa de los intereses del capital transnacional. Su primer objetivo fue desplazar el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y subordinarlo a sus intereses. Pdvsa, poco a poco, fue convirtiéndose en una suerte de “Estado dentro del Estado” (Mommer 2003) que socavó las bases de la nacionalización y allanó el retorno de los inversionistas privados. Con el fracaso estrepitoso de la política de la “Gran Venezuela” de Carlos Andrés Pérez, Pdvsa buscó limitar progresivamente sus obligaciones fiscales determinando una agenda propia, sin conexión con los intereses nacionales. Para impedir el control nacional de sus acciones y recursos la estrategia de Pdvsa tuvo como uno de sus principales pilares la política de “internacionalización”, consolidada a partir de 1983. Ésta se plasmo con la compra de una verdadera red internacional de refinerías con una capacidad, en la actualidad, para procesar 2 millones de barriles por día y con una red de 14.000 estaciones de servicio en EEUU. A través de esta red, mediante el mecanismo de los precios de transferencia, se ejecutó una constante evasión de recursos fuera del país. De este modo en la segunda mitad de 1990, Pdvsa estuvo traspasando a través de precios de transferencia un promedio del orden de 500 millones de dólares anuales en ganancias, desde sus cuentas domésticas a sus filiales extranjeras (Mendoza Potellá, 1995; Boué, 2002).

Durante los dieciocho años posteriores al inicio de la internacionalización, las filiales extranjeras de Pdvsa nunca pagaron dividendos a la compañía matriz en Caracas. Otra de las características del nuevo periodo fue la vulneración permanente de los acuerdos suscritos en el marco de la OPEP alrededor de las cuotas de producción. Debido a los apuros financieros, Pdvsa concentrada en el incremento de volúmenes de producción de crudo, implementó una serie de mecanismos con el objetivo de vulnerar sistemáticamente las cuotas pactadas en el marco de este organismo. Así en 1983 Venezuela empezó a medir la producción, sujeta a las cuotas OPEP, en las puertas de las refinerías y en los puertos de exportación, y no en los campos de producción (como es usual en cualquier país del mundo para el cobro de regalías). En esta dirección Pdvsa aumentó la producción de crudos extra-pesados (es decir más pesados que el agua) con el argumento de que estos deberían clasificarse como “bitúmenes” y por lo tanto no estarían sujetos a las cuotas OPEP.

En 1989, presidido el país por Carlos Andrés Pérez, se inicia el proceso conocido como “la apertura” comandado por Pdvsa y que significará el retorno a las manos del capital transnacional de la industria petrolera venezolana así como un progresivo avance hacia la privatización de las distintas facetas que componían la industria nacional petrolera. Con la apertura, se incrementarán las presiones por parte de Pdvsa para conseguir la ruptura con la OPEP, siendo cada vez mayor, en la política petrolera venezolana, la influencia ejercida por la Agencia Internacional de la Energía, organismo afín a los grandes países y empresas consumidoras de energía. Con la “apertura”, la doctrina neoliberal se convierte en la fuente fundamental de orientación de la gestión económica venezolana. Tal y como señala Bernard Mommer, Pdvsa predicó el evangelio de la competitividad al gobierno alegando que las regalías y los impuestos tenían que reducirse para atraer a los inversionistas extranjeros. Cabe destacar, como medidas ejemplares del papel de Pdvsa durante este periodo, las diversas asociaciones con compañías extranjeras que Pdvsa articuló para explotar el petróleo extra-pesado de la Faja del Orinoco con el objetivo, ya mencionado, de vulnerar las cuotas OPEP. Además Pdvsa abrió a la inversión privada los llamados “campos marginales” productores de crudos convencionales mediante suculentos acuerdos para el capital transnacional conocidos como “Contratos de Servicios Operativos”, los que para 2001 llegaron a producir alrededor de 500 mil b/d. Uno de los resultados con más consecuencias para la economía nacional de la política de apertura fue el franco declive de la participación del gobierno en el ingreso petrolero. Así en 1981, el ingreso bruto por la producción de hidrocarburos, incluyendo la refinación, ascendió a US$ 13,9 mil millones, un máximo histórica. En 2000 se alcanzó un nuevo máximo, de US$ 29,3%. No obstante en 1981 Pdvsa pagó US$ 13,9 mil millones en ingresos fiscales, pero solamente US$ 11,3 mil millones en 2000. (Mommer. B. (2003)).

POLÍTICAS FISCALES Y RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo, y los precios.

Como también la definimos como aquella facultad que hace referencia fundamentalmente a la administración de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público. La política fiscal, entonces, trata de las estrategias que el estado implementa, no solo para generar recursos, sino también, para administrar de forma eficiente dichos recursos. Generalmente, lo palabra fiscal se confunde con impuesto, debido a que precisamente, buena parte de los ingresos del estado provienen de los impuestos, ya que por naturaleza, el estado no es un buen generador de riqueza como lo es la empresa privada. La política fiscal es la política que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía. Las herramientas con las que cuenta la política fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas con los ingresos y los gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago de éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año tras año, las contrataciones y los dineros que se transfieren a los departamentos y municipios o a otras entidades.

Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas. Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban. Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteado y mal ejecutado. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto público a través del mejoramiento y simplificación del sector público y crear un Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Los controles excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte (endeudamiento). Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.

POLÍTICA FISCAL ACTUAL

El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales. Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables como la nuestra.

EL EJE DE INTEGRACIÓN INTERNACIONAL Y LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA AMÉRICA LATINA (ALBA)

Partiendo desde lo más básico, la palabra integración viene del latín, integratio – Onís, que según el diccionario de la RAE significa acción y efecto de integrar o integrarse, constituir las partes un todo, unirse a un grupo para formar parte de él. León Lindberg define la integración como “los procesos por los cuáles las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir políticas exteriores e internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales”. Por su parte Jorge Mariño dice “se entiende por proceso de integración regional el proceso convergente, deliberado (voluntario) –fundado en la solidaridad, gradual y progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos.

La Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA) es una propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos. El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.

El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para demostrar que Otra América es Posible.

¿CÓMO QUEDA EL DESARROLLO ENDÓGENO EN EL ALBA?

La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a poner medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la inversión. Es libre comercio entendido en estos términos solo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los estudios científicos en los que se demuestra de manera irrefutable que la aplicación de las pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas o regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero desarrollo endógeno en cualquiera de los países del continente. Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el contrario supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de bienestar para nuestros pueblos.

Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social. En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).

ECONOMÍA IMPLEMENTARÍA

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