Importancia de la prueba y valoración dentro del proceso.

Importancia de la prueba y valoración dentro del proceso.

El principio de valoración prudente de la prueba, hace referencia al hecho de que ésta no puede ser juzgada arbitrariamente, es decir, en esta se deben seguir las reglas del raciocinio, así como las máximas de la experiencia. El juzgador tiene la potestad y el compromiso de valorar la prueba recibida conforme a las normas o máximas de la experiencia común, que somete el criterio del juez a parámetros objetivos, los cuales pueden ser demandados al impugnar una sentencia por valoración arbitraria o errónea.

Las pruebas constituyen un derecho fundamental en la medida en que es inherente a la persona y tiene por ende diversos mecanismos de refuerzo propios de los derechos fundamentales. El contenido esencial del derecho a la prueba es la posibilidad que tiene la persona de utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez sobre la verdad en el interés material perseguido.

Los derechos fundamentales tienen dos matices: subjetiva y objetiva. Desde la objetiva los derechos fundamentales muestran su alcance del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. En este sentido los derechos fundamentales ocupan, dentro de las normas, el carácter de principios, como punto referencial del ordenamiento.

La vertiente subjetiva hace referencia a la posibilidad de los individuos de ejercitar y exigir la protección de los derechos; a la vez, que son el elemento esencial del conjunto normativo, asumen el carácter de posiciones jurídicas exigibles por los individuos. La función que tiene la fase objetiva es la de servir de parámetro de validez, tanto formal como material de todas las instituciones del Ordenamiento Jurídico, mediante el juicio de exequibilidad de las leyes y de los actos legislativos secundario, y desde luego, como criterio de interpretación de todas las normas jurídicas. Es necesario señalar, que esta doble perspectiva de los derechos siempre ha existido, aunada a la fundamentalidad que de por sí implica un cambio de paradigma en la práctica del derecho, a tal punto que ha variado la forma de entender la división y colaboración entre los poderes del Estado, como la autoridad de control de mayor trascendencia en el ordenamiento jurídico, tanto desde el punto de vista formal (la que ha sido la forma tradicional), como del material (que es la forma novedosa de ejercerlo) de todos los actos del Estado, teniendo como baremo los derechos fundamentales.

En efecto, el derecho a la prueba es aquel derecho intransferible que tiene todo individuo, derecho que le permite utilizar dentro de un procedimiento en el que interviene o participa, de acuerdo a los principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios que resulten efectivos o precisos para garantizar los hechos que sirven de base a su pretensión o a su defensa. Si bien se resalta e derecho a la prueba, no todo aspecto relacionado a dicho derecho está dispuesto a ser protegido a través de un proceso, debido que existen elementos de dicho derecho que tienen protección legal. El Tribunal ha determinado que la vulneración del contenido esencial del derecho a la prueba tiene relación con la afectación de otro derecho fundamental, tal como el derecho a la defensa dentro de un proceso.

La consagración del derecho a probar como un derecho fundamental, establece que su infracción supone una afectación directa al orden. Asimismo, este supone que las normas jurídicas deben ser interpretadas de la forma más favorable para la efectividad o maximización del derecho.

República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del poder popular para la Educación Superior.

Universidad de Falcón.

Punto Fijo.

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