Mercurio
Andres98pInforme26 de Mayo de 2015
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El contexto internacional
del mercurio
La regulación en materia de mercurio ha sido analizada
y regulada a nivel internacional por un conjunto
de naciones reunidas en el seno de las Naciones
Unidas las cuales han demostrado gran preocupación
por la elevada utilización de mercurio a nivel mundial.
Los gobiernos de más de 90 países firmantes y 139
adoptantes sostuvieron debates y negociaciones desde
hace cuatro años con el firme propósito de levantar
un convenio para eliminar las emisiones del metal tóxico
al aire, el agua y la tierra. Sus tratativas llegaron
finalmente a un acuerdo en el mes de enero del año
2013 y para el 10 de octubre del mismo año se abrió
a la firma el Convenio de Minamata (UNEP News Center,
2013), que recibió esta denominación en homenaje
a las más de 900 víctimas de uno de los derrames
de mercurio más paradigmáticos del siglo XX en Minamata
Japón. El mercurio objeto del derrame, propiedad
de la compañía Nippon Chisso Hiryo en fuentes hídricas
de la zona, fue ingerido por las especies marinas consumibles,
que al realizar la ingestión correspondiente
desarrollaron una alteración del mercurio, denominada
metil- mercurio, lo que desencadenó consecuencias
mortales para los pobladores de la región de Minamata.
Ahora bien, el tratado internacional jurídicamente
vinculante fue firmado por Perú y Colombia el día
10 de octubre de 2013. Desde hace décadas, ambos
estados han utilizado el mercurio para el desarrollo
de la actividad minera y han intentado regular su uso
a través de diferentes instrumentos jurídicos.
Perú
Situación de la extracción minera
A comienzos de la década de 1990, Perú experimentó
un significativo crecimiento en el sector minero-
energético. Las políticas económicas impulsadas
por Alberto Fujimori, continuadas por los sucesivos
gobiernos nacionales, se encargaron de consolidar
la explotación de minerales e hidrocarburos como el
renglón principal de la economía peruana. El vigoroso
fomento a la inversión extranjera directa en la extracción
de minerales, aunada al considerable aumento
de los precios en el mercado internacional, le ha proporcionado
a la nación andina un crecimiento económico
sin precedentes en las últimas décadas. La estrategia
implementada permitió que Perú se erigiera, para
el año 2007, como el segundo productor mundial de
plata; el tercero en zinc, cobre y estaño; el cuarto en
plomo y molibdeno y el quinto en oro (Arellano, 2008).
Semejante dinámica del sector y de la economía peruana,
a pesar de su éxito, ha sido incapaz de conjurar
el surgimiento de problemas económicos, ambientales
y sociales que, desde algunas perspectivas
sobre la materia, se consideran inherentes al desarrollo
de una política minera intensiva al interior de naciones
periféricas (Jaén, 2012). Es así como la llamada “maldición
de los recursos”, dolencia que aqueja a algunas
naciones mineras con cruentos conflictos civiles y aumento
en los indicadores de pobreza y desigualdad,
se ha cernido sobre Perú como uno de los mayores
retos para la continuación de un modelo de desarrollo
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extractivista imperante en el país (Arellano, 2008).
El reporte publicado por la Defensoría del Pueblo peruana
en 2010 da cuenta de la tensa relación entre
la población, especialmente la indígena y la rural,
y las empresas dedicadas a la extracción de minerales:
del
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