COMUNIDAD

LA COMUNIDAD ANDINA

La hoy Comunidad Andina -entonces denominada Pacta Andino- está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y surgió en respuesta al estancamiento sufrido en la mitad de los años sesenta por la ALALC. Dicho estancamiento resultó, entre otros factores, del conflicto de intereses entre países miembros del Tratado de Montevideo -especialmente entre los de menor desarrollo relativo y el resto -en torno a la distribución de los beneficios derivados del proceso de integración (Garay, 1994).

De esta forma, en la Declaración de los Presidentes de América Latina suscrita en 1967 en Punta del Este, se planteó propiciar la concertación de acuerdos subregionales con regímenes de desgravación internos y can armonización de tratamientos hacia terceros países que fueran compatibles con el objetivo de la integración regional. Así, se dio paso a la suscripción del Acuerdo de Integración Subregional Andino -acuerdo de Cartagena- el 26 de mayo de 1969 (Garay, 1994).

En consecuencia, se buscó crear un proceso de integración en el espacio subregional andino que permitiera el aprovechamiento de las ventajas de la ampliación del mercado, promoviera el desarrollo y la complementación industrial entre los países miembros y todo a través de la aplicación de programas sectoriales de desarrollo industrial bajo una estrategia de sustitución de importaciones subregional que fortaleciera el poder de negociación frente a terceros países. Su orientación fue la creación de una zona de libre comercio y, posteriormente, una unión aduanera que propiciara las condiciones para la conformación de un mercado común.

Sin embargo, ante el incumplimiento del cronograma de plazos y de acciones previsto inicialmente el cual impidió tanto la consolidación de un efectivo mercado subregional y de la programación industrial, como de la armonización de políticas económicas- y, dado el estancamiento sufrido por el proceso, en 1976 se adoptaron algunas modificaciones mediante el Protocolo de Lima.

Con este Protocolo, básicamente, se extendieron en tres años los plazos originales para el programa de liberación y para la aprobación y puesta en vigencia del arancel externo Común y se flexibilizó el grado de integración al incorporar los conceptos de franja arancelaria, el cual definía la protección respecto a terceros países, y de programación parcial, que posibilitó la abstención de uno a más países en la implantación de programas sectoriales de desarrollo industrial-PSD-.

A partir de la década de los años ochenta esta problemática se agudizó a raíz de la crisis de la deuda que afectó a los países de Latinoamérica y del tipo de políticas utilizadas para enfrentarla -en general, programas de ajuste y estabilización macroeconómica ortodoxos, que condujeron a implantar temporalmente políticas y medidas proteccionistas, aun entre los mismos países andinos-. Hacia mediados de esta década se estudió la revisión y readecuación del Acuerdo de Cartagena con la idea de compatibilizar el ajuste de las economías andinas con la reactivación de sus aparatos productivos y con la búsqueda de una mejor inserción internacional (Garay, 1994).

Con base en el diagnóstico de que no era factible pretender que la integración se apoyara en la armonización de los planes de desarrollo de los países miembros, se privilegió la necesidad de flexibilizar otra vez los plazos para conformar el mercado ampliado; actualizar el programa de liberación; definir normas que regularan la competencia; establecer nuevas modalidades diferentes a los programas de índole administrativa, para promover el desarrollo industrial y modificar el régimen restrictivo para el tratamiento del capital extranjero. Bajo estos lineamientos se elaboró el Protocolo de Quito en 1988, con el cual se institucionalizó

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