Estado Social de Derecho

En las últimas décadas se declaró que Colombia sería un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de 1991, documento que consagra todos los derechos y deberes de nosotros los Colombianos nos muestra una carta política de corte humanista y social, pero basada en un modelo económico neoliberal. La verdadera realidad Constitucional, es que no hay un verdadero Estado Social de Derecho, hay un enorme abismo, entre los postulados que la conforman y la realidad que hoy vive nuestro país. Una cosa es la actual Constitución y otra muy diferente es la realidad nacional que pisotea todos nuestros derechos en ella consagrados:

Esto son algunos ejemplos de los derechos que el actual Estado colombiano no ha podido garantizar a sus ciudadanos en 20 años.

El derecho principal de todo ser humano es el derecho a la vida, teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales que debe cumplir el Estado, aparece la protección efectiva de los derechos humanos y la creación de condiciones mínimas de convivencia entre nosotros los colombianos. El Estado no garantiza el derecho a la salud, pues para obligarlo a que realice una operación a un paciente, primero hay que incoar infinidad de derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato a las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S); es decir, la única operación que se practica en el país después de estos engorrosos y acostumbrados trámites es la necropsia. El derecho a la educación menos; pues es cada vez menor el número de colombianos que tienen acceso a la educación primaria, secundaria y ni hablar de la universitaria la cual es un lucrativo negocio que está en manos de las instituciones privadas y no del Estado.

El Estado no garantiza el derecho a tener un salario mínimo legal justo, pues nos enseñaron magistralmente a sobrevivir no sé cómo mensualmente con $535.600 y cuando se insinúan anualmente reajustes salariales a favor de los trabajadores se indignan los grupos económicos, pero lo más aterrador y alarmante de todo esto es la justicia, la cual está en un total caos, con un represamiento sin precedentes con un estancamiento y atraso que no tiene nombre, no se han implementado planes de sistematización de los procesos y archivos judiciales para evitar la tramitología y el cúmulo desorbitarte de papeles y folios en estado deplorable. Es decir, hace falta una reforma a la justicia donde prime la oralidad y celeridad de los procesos y la digitalización de todos y cada uno de los archivos con la implementación de políticas tendientes al aprovechamiento de recursos tecnológicos actuales, destinadas a la guarda y custodia de los Archivos Judiciales, pues recordemos que un país sin archivo es un país sin memoria, necesitamos un Archivo General de la Nación que colabore con nuestra justicia en la guarda y custodia de estos expedientes y en la ejecución de nuevos planes tecnológicos para que

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