Marco Legal



RETOS INSTITUCIONALES DEL MARCO LEGAL Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL



ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES, A. C.

RETOS INSTITUCIONALES DEL MARCO LEGAL Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL



Mónica Tapia Álvarez Gisela Robles Aguilar

RETOS INSTITUCIONALES DEL MARCO LEGAL Y FINANCIAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

PRóLOGO

La Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFOSC) cierra una etapa en el proceso de evolución de la sociedad civil en México, en vistas de que ésta se constituya en un referente de gobernabilidad democrática y en una base estable y permanente de impulso al desarrollo social desde un enfoque de derechos humanos. La gestación de la iniciativa, la construcción del texto, la socialización y negociación de apoyos al interior del sector, la presentación a los legisladores y funcionarios públicos para negociar su aprobación duró quince años. El proceso dejó una infinidad de aprendizajes que se deben de tomar en cuenta para la presente etapa, que se puede definir como de institucionalización, donde se busca un sector formal sujeto a derechos y obligaciones. Ahora bien, la institucionalización del sector se debe de dar paralelamente al fortalecimiento de tres pilares básicos que deben sostener al sector: la participación ciudadana, a través o mediada por una organización civil; la movilización de recursos de la sociedad y para la sociedad; y la construcción e impulso de redes y creación de frentes que permitan defender los intereses del sector y ser eficaces en la incidencia de lo público. En los últimos hallazgos sobre participación ciudadana de las investigaciones realizadas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) se constata que los mexicanos tenemos una baja participación en acciones civiles; que las instituciones en las que más nos involucramos son las iglesias y la escuela; que la participación es informal y se hace de manera individual; y que preferimos dar dinero a ser voluntario en alguna institución. Este panorama nos advierte de las dificultades para incrementar el número de organiza-



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ciones civiles en México y superar las desigualdades estructurales del sector. Sólo hay 7, 00 organizaciones en todo el país y están mal distribuidas, ya que cinco estados concentran el % de ellas y, en contraste, cinco estados no rebasan el % del total de organizaciones. El reto es superar este número y llegar a tener un número significativo de organizaciones de la sociedad civil (OSCs), con peso en la vida social y política del país. Reformar el marco legal y fiscal de las organizaciones es una tarea urgente que contribuiría a enfrentar este reto. Por otra parte, el sector se juega su independencia y autonomía de los poderes políticos y económicos en sus recursos, pues la permanencia de los proyectos y de la institución misma está determinada por sus fuentes y condiciones de financiamiento. Desde hace varias décadas, el incremento de recursos públicos dirigidos a las OSCs ha sido una demanda central. Sin duda en los últimos años, estos recursos efectivamente han aumentado, pero siguen siendo insuficientes. Ahora bien, aunque algunos argumentan que es legítimo que el mayor número de recursos provengan del gobierno, esto tiene el enorme riesgo de llevar inconscientemente al sector a constituirse en entidades subcontratistas de los gobiernos y terminar como un conjunto de empresas sociales. La preocupación, por ello, debe ir más allá de sólo aumentar el financiamiento público y orientarse hacia impulsar, por un lado, una reforma fiscal y, por el otro, fomentar una cultura de la donación que permita aumentar las aportaciones de los ciudadanos a causas sociales. Es por el anterior motivo que el debate central debe de estar en cómo generar movimientos solidarios y de apoyo a las causas que defienden las OSCs, sostenidas en mayor medida por las aportaciones ciudadanas y dejando atrás la cultura paternal y omnipresencia del Estado. Esto significa que las OSCs puedan dar a conocer sus acciones y la eficacia de su trabajo y construir sistemas de transparencia y rendición de cuentas, así como contribuir a generar una cultura de la solidaridad por medios institucionales como la creación y el crecimiento de fundaciones e instituciones donantes, que puedan también convertirse en instrumentos al servicio de los ciudadanos que apoyan a las OSCs. La presente investigación nos ubica en el horizonte de las estructuras y los sistemas que deben de ser transformados; nos define las acciones en el corto, mediano y largo



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plazo para generar las condiciones que permitan apuntalar los tres pilares a los que hemos aludido, que determinan la evolución y el crecimiento del sector. Lo que está en juego es la construcción del andamiaje institucional y legal que permita el impulso del asociacionismo como política de Estado. El estudio también deja perfectamente al descubierto toda la trama de actores e intereses presentes en la administración pública, que generan inercias y obstáculos e imposibilitan contar con una relación gobierno – sociedad en donde los ciudadanos sean actores del desarrollo. Hay que considerar que una vez que se aprobó la Ley, el sector aún no ha superado el pasmo de la transición política, que lo llevó al reflujo y fragmentación por el desvanecimiento de las causas comunes que anteriormente habían generado movilización. Es por esta razón que trabajar a favor de la organización del sector pasa a ser una acción estratégica ya que puede permitir negociar reformas políticas que favorezcan las propuestas de política social y de un desarrollo social incluyente y posibiliten también generar una identidad en el sector, desarrollar mecanismos de autorregulación para detener los intentos de intervención estatal y reducir los márgenes de maniobra de las organizaciones no lucrativas que realizan acciones fuera de todo marco ético. En ese sentido, este trabajo nos muestra que emerge una nueva generación de temas de investigación en donde lo político no

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