Prision Provisional

Escrito por el que se pide que a nuestro defendido se le conceda la Libertad Provisional

Juzgado de Instrucción n.º ……….

Diligencias Previas ……………./……………

AL JUZGADO

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de D. ………., según tengo debidamente acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y DIGO:　

Que mediante el presente escrito vengo a solicitar SE DECRETE LA LIBERTAD DE D. ………. en atención a las siguientes

PRIMERA. En primer lugar, ha de recordarse el carácter extraordinario y excepcional de la prisión provisional, frente a la normalidad de la libertad, con o sin fianza.　

La excepcionalidad de la prisión provisional se establece expresamente en el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general …..), así como en el art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.　

Esta misma excepcionalidad ha sido recogida por nuestro Tribunal Constitucional en una ya consolidada Doctrina al exigir el máximo celo en el análisis de los presupuestos que autorizan la imposición de tan grave medida cautelar. En este sentido tenemos las Sentencias 41/82, de 2 de julio y 32 y 34/87, de 12 de marzo, así como la Sentencia 128/1995 de 26 de julio que se refiere a la prisión provisional poniendo de manifiesto lo siguiente:　

Es palmario que la adopción de una medida cautelar excepcional de esta trascendencia requiere la consideración de elementos subjetivos ……….. La constatación de razonables sospechas de responsabilidad criminal opera como conditio sine qua non de la adopción y del mantenimiento de tan drástica medida cautelar (Cfr. TEDH SS 28 Mar. 1990, 26 Jun. 1991, 27 Nov. 1991, 27 Ago. 1992 y 26 Ene. 1993) que, además, en cuanto particularmente gravosa para uno de los derechos fundamentales más preciados de la persona, queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva y queda también gobernada por los principios de provisionalidad (Cfr. TC Pleno S 71/1994 de 3 Mar.), en el sentido de que debe ser revisada si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción (Cfr. TC 1. S 8/1990 de 18 Ene.), y de proporcionalidad, como limitativo tanto de su duración máxima como de la gravedad de los delitos para cuya efectiva sanción y prevención pueda establecerse.　

Cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus arts. 503 y 504, es extraordinariamente imprecisa en la definición de los elementos que han de tenerse en cuenta para decidir entre la prisión provisional o la libertad del imputado. Ahora bien, esta misma inconcreción obliga al juez, a la hora de valorar las circunstancias y elementos recogidos en los mencionados preceptos, a dar un valor prioritario a los que permiten acordar la libertad, con o sin fianza, y contemplar restrictivamente aquéllos que autorizan a decretar la prisión preventiva.　

SEGUNDA. Pues bien, en el presente caso, el análisis de las circunstancias del mismo impide el mantenimiento por más tiempo de la situación de prisión provisional en que se halla mi patrocinado, por cuanto no consta en la causa la existencia de un hecho que presente los caracteres de un delito cuya pena señalada sea superior a la de prisión menor, no existe riesgo alguno de que el D. ………. vaya a intentar eludir la acción de la Justicia y, finalmente, en modo alguno podemos hallarnos ante un delito de los que causan alarma social ni de los que se cometen con frecuencia en el territorio de esta Audiencia.

TERCERA. No existen en la causa hechos que presenten los caracteres de un delito con una pena señalada superior a la de prisión menor.

efecto, aun aceptando a efectos meramente dialécticos los hechos que se imputan a mi patrocinado (apoderamiento de un talonario ajeno, procediendo a rellenar uno de los cheques que se ingresa en una cuenta corriente de mi patrocinado), en ningún caso nos hallaríamos ante un delito con pena superior a la de prisión menor.　

En este sentido, no cabe olvidar que no ha existido desplazamiento patrimonial alguno que haya causado perjuicio a persona alguna.　

Según se comprueba del adeudo del

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