¿Es inconstiticional la pena de muerte en Mèxico?

¿ES INCONSTITICIONAL LA PENA DE MUERTE EN MÈXICO?

En los últimos años se ha incrementado la comisión de delitos en México generando una gran inseguridad, temor, indignación, coraje y deseos de venganza, que reclaman a las autoridades su intervención efectiva para prevenir los delitos y sancionar a los delincuentes. La comisión de delitos graves ha provocado una creciente corriente de opinión en la pena de muerte. El constituyente de Querétaro llevó a incluir la pena de muerte en la Constitución. La justicia requiere equidad y lo cual no podemos aplicar la ley de Tailon “ojo por ojo, diente por diente”, por eso la pena de muerte se la aplicamos a quienes han cometido delitos graves como el secuestro, o el robo con violencia, ello significaría que la libertad en general y el patrimonio valen tanto como la vida misma. Evidentemente la vida es el bien jurídico por excelencia y los demás bienes jurídicos tienen un valor menor y eso nos lleva a concluir que no seria justo privar de la vida a quien afecto bienes de menor valía. Cuando se hacer referencia a la pena de muerte se toma siempre a los Estados Unidos de América lugar donde se invento la silla eléctrica y que fue utilizada por primera vez el 6 de agosto de 1890 en la prisión de sing-sing, N.Y. La pena de muerte no se puede incorporar a las legislaciones penales de nuestro país en virtud de que el art. 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. Dicho ordenamiento queda respaldado con el Protocolo Facultativo del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el segundo Protocolo Facultativo de PIDCP, relativo a la abolición de la pena de muerte. Al Código Penal es al que le corresponde establecer las penas a imponer por la comisión de delitos, lo cual es sus ordenamientos no se encuentra la pena de muerte, pero atendiendo a la disposición del art. 133 de nuestra carta magna en el que se dispone que los tratados internacionales son ley suprema de toda la Unión, lo cual por lo consiguiente están por encima del Código Penal.

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