Informe.

INTRODUCCIÓN:

El artículo 40.2 de la Constitución, Ley suprema, obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, es decir, a la protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

La causa de legislar la prevención de los riesgos laborales en una sola ley se dio en primer lugar por la necesidad de desarrollar los preceptos constitucionales en materia de seguridad y salud laboral, en segundo lugar por la necesidad de adecuar la legislación española a las Directivas comunitarias en materia de prevención de riesgos laborales, en tercer lugar por la necesidad de ampliar compromisos internacionales adquiridos con la OIT, en cuarto lugar la necesidad de unificar la dispersión normativa anterior, en quinto lugar por la gran antigüedad de las normativas anteriores y por último por los malos datos de siniestralidad laboral. Por todo esto en 1995 sale a la luz la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Sus principios inspiradores son:

• PREVENCIÓN: anticiparse, tomar medidas, llevar a cabo y planificar actividades de protección sistemáticamente, tratar de reducir los riesgos.

• RESPONSABILIDAD: los obligados a evitar los daños. Los principales responsables son los empresarios aunque los trabajadores también tienen su cuota de responsabilidad así también como la Administración Pública.

• PARTICIPACIÓN: en materia preventiva se instauran nuevos cauces de participación de los trabajadores, aparecen los delegados de prevención que son igual a comité de seguridad y salud.

• UNIVERSALIDAD: novedoso ya que antes solo se aplicaba a los trabajadores por cuenta ajena, con LPRL se le aplica a todos los trabajadores también a los funcionarios públicos. Universalidad en cuanto al ámbito de aplicación.

La presente Ley también transpone al Derecho español varias directivas como la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salu

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d de los trabajadores en el trabajo así como otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

De este modo el artículo 40.2 de la Constitución y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea constituyen el soporte básico en que se asienta la presente Ley.

Esta Ley es

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