Reforma Política

La Reforma Política

Por Francisco Cifuentes

La reforma política de 2008 en la segunda legislatura apenas se conoce (septiembre 1), la radicación fue accidentada y postergada varias semanas, hay un contra pliego de los partidos de la oposición, el conflicto del poder ejecutivo con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le ha quitado luminarias a esta importante reforma. El texto del Proyecto que se presenta fue publicado en los primeros días de septiembre en la Gaceta del Congreso 558. Mi pronóstico es que el proyecto de reforma está condenado porque este no es el tema dominante en los próximos dos años; el trámite del referendo sobre la reelección presidencial para un tercer período y posteriormente el debate electoral para las elecciones de 2010, serán los temas que ocuparán a la clase política; las mayorías parlamentarias no tienen interés en cortapisas y el panorama de los impedimentos sigue sin resolverse; además el partido liberal por medio de sus voceros y directores (Gaviria, Cristo, Cecilial López) ha tomado un actitud cerrera que dificultan los augurios del trámite de la reforma.

He abierto un sección especial para esta reforma y la de la justicia donde publicaré los documentos que se generen en los trámites de los dos actos legislativos y los comentarios a los debates en el parlamento.

La reforma política de 2008 en la primera legislatura, pasó ya a la historia al no alcanzar la votación necesaria en la Comisión primera, en el penúltimo debate (séptimo). El gobierno que la propuso e impulsó, debió pedir a los senadores de sus bancadas que la negaran, dado que, en su criterio, se estaba atentando contra las mayorías del gobierno que podían ser alteradas con simples órdenes de captura; el cambio de los umbrales electorales para mantener la personería jurídica de los partidos era también un modificación contraria al criterio del gobierno porque se atentaba contra los partidos pequeños. Los partidos de la oposición que en los trámites iniciales votaron en contra del proyecto, se tornaron en fervientes partidarios en el último debate en una actuación oportunista. Tal vez vislumbraron que podían lograr unas mayorías parlamentarias que les fue negada en las urnas. Los documentos quedarán para la historia, no los retiraré del sitio. Tengo una colección se otros seis de proyectos frustrados de reformas estructurales al Régimen político, algún día encontraré el tiempo necesario para compartirlos en la red;[1] para que el lector se convenza de que la clase política es irreductible en sus vicios, egoísta en su naturaleza, obtusa en la comprensión de la realidad.

El plan alternativo del gobierno consistió en nombrar una comisión de patricios que debe elaborar apresuradamente el nuevo proyecto de Reforma para iniciar el trámite en la legislatura que se inicia el veinte de julio próximo.

[1] Jorge Mario Eastman, Seis Reformas Estructurales al Régimen Político, Ministerio de Gobierno, Editorial Arco, Bogotá, 1982.

2008

En este año el Congreso está adelantando la segunda vuelta de un proyecto de Acto Legislativo que intenta reformas constitucionales sobre la conformación de los partidos, aumentar el umbral de las votaciones para el reconocimiento de las personerías jurídicas, sancionar el transfugismo, la doble militancia y establecer sanciones económicas y de representación a los partidos que se apoyen en grupos ilegales para mejorar el caudal de electores.

En la exposición de motivos del proyecto se encuentran con detalle los objetivos de la reforma:

“Principales elementos de la reforma:

1. Doble Militancia: Define la doble militancia de ciudadanos como la pertenencia a más de un partido o el apoyo a candidatos pertenecientes a otros partidos. Se establece que quienes incurran en ella y resulten elegidos o estén ocupando cargos de elección pierdan la respectiva curul o cargo.

2. Consultas: Establece mecanismo de consulta interpartidista para presentar candidatos de coalición, definiendo financiación y reglas a seguir para ello. Se propone figura de inexistencia de la inscripción de quienes hayan participado en consultas u otros modos de selección en más de un partido.

3. Responsabilidad de Partidos Políticos: Los partidos, movimientos, y grupos significativos de ciudadanos deben ser responsables por las calidades de los candidatos avalados. Si estos re sultan condenados por la comisión de los delitos relacionados con terrorismo o narcotráfico, el respectivo partido o movimiento debe ser sancionado.

Para ello se propone reformar el artículo 108 de la Carta, definiendo sanciones a los partidos que pierdan representación en cargos uninominales de elección popular tales como la pérdida de curul para el partido y la restricción al derecho de proponer terna para reemplazar gobernadores y alcaldes suspendidos por comisión de estos mismos delitos.

Esta responsabilidad por los candidatos que respalden, imponen al partido la obligación de diseñar e implementar sistemas de control internos que disminuyan las probabilidades de ser infiltrados por organizaciones ilegales.

4. Inhabilidad a familiares de condenados: Con el objeto de evitar que servidores y funcionarios de elección popular sancionados por la comisión de los delitos relacionados con terrorismo o narcotráfico, sean reemplazados por personas que puedan pertenecer, o tener relación con las mismas estructuras delincuenciales, se propone incorporar nueva causal de inhabilidad en el artículo 122 de la Constitución Política, estableciendo una para los familiares de quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia o patrocinio de grupos armados ilegales. Aplicando esta prohibición, se garantiza que algunas estrategias para que grupos delincuenciales que los hayan respaldado puedan mantenerse activos mediante la sustitución de los candidatos condenados por otros pertenecientes al circulo familiar inmediato.

5. Voto Público en el Congreso de la República: Es importante fortalecer la transparencia de la gestión desarrollada por el Congreso de la República mediante la publicidad de las votaciones de último debate en cada cámara, restringiendo una nociva práctica que ha hecho de las decisiones colegiadas, un secreto para el ciudadano. Implementando plenamente la obligación de manifestar públicamente las decisiones de cada congresista, se acerca la institucionalidad al ciudadano, permitiéndole

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