Latifundio

EL LATIFUNDIO EN VENEZUELA

La hacienda colonial representaba la unidad productiva fundamental, del nuevo sistema agrario imperante en América durante la ocupación española y reprodujo el sistema agrario de España al momento de la invasión a suelo americano, en el que se explotaban hombres y recursos naturales con fines mercantilistas. Fue a partir del siglo XVI, cuando las tierras que durante milenios habían sido poseídas por nuestros pueblos originarios, fueron usurpadas por los colonizadores españoles. El imperio español promulgó cédulas como las del 6 de abril de 1588 y 11 de junio de 1594, donde se reconocía tanto el derecho de los grupos indígenas al uso y posesión de la tierra, como la necesidad de resguardar los terrenos comunales de la arbitrariedad de los españoles. Pero la naciente oligarquía agraria siempre encontró recursos legales para desposeer a los indígenas y legalizar la posesión de las tierras apropiadas de manera fraudulentas.

En el siglo XVIII, la usurpación y la consiguiente composición, constituyeron un sistema muy eficaz para acrecentar las extensiones de tierra agrícola, apropiadas por la oligarquía desde mediados del siglo XVI, las cuales fueron transformadas en forma de explotación y tenencia de la tierra que sólo podrían ser denominadas como latifundio en razón de la extensión poseída, las relaciones de producción de tipo servil o esclavista, la precariedad de la tecnología agraria utilizada, la baja productividad y las limitadas áreas sometidas a cultivo.

El comercio y el intercambio económico vinculaban a esta clase de latifundistas con la economía de las metrópolis europeas, de manera que todo era manejado desde las Casas de Contratación de Sevilla y Cádiz y de las Bolsas de Comercio de Burdeos, Ámsterdam y Liverpool (cualquier parecido con el presente es pura coincidencia). Los dueños de plantaciones y haciendas, sea de azúcar, café o cacao, vendían a precios altos en Europa, pero puesto que sólo podían tener una cosecha al año completaban el faltante de su renta con el contrabando de bienes de consumo tales como vinos, licores, telas...y esclavos.

La conquista de nuestra independencia de España no solucionó el problema del latifundio en Venezuela, por el contrario, lo agravó. La mayor parte de los latifundios que habían pertenecido a la oligarquía colonial criolla, pasaron a manos de la nueva oligarquía constituida por los caudillos militares republicanos. Los negros, indígenas y campesinos continuaron sujetos a la más despiadada servidumbre, desposeídos de su derecho a poseer tierra, siempre dispuestos a lanzarse a la rebelión para lograr unas vidas mejor, engañadas por el discurso demagógico de los caudillos de la época. (De ahí la obligatoriedad de reinscribir la historia, actualmente y anteriormente, en las manos sucias de la oligarquía vencedora).

El saqueo de las tierras nacionales por los nuevos latifundistas que había creado la República, aumento notablemente la pobreza de la población y estimuló a Zamora, el General de hombres libres, a convertir la Guerra Federal que se iniciaba entonces, en una lucha por la democratización del derecho a la posesión de la tierra y por la libertad y la democracia social. En 1854, la mayoría de los esclavos emancipados por el decreto del 23 de marzo, se convirtieron en peones o siervos de sus antiguos amos o en peones urbanos, hasta 1937, fecha en la cual comienza a predominar la cultura venezolana del petróleo.

El latifundismo llegó a su máxima expresión bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, puesto que el mismo pasó a ser el más grande terrateniente de nuestra historia; y junto con sus compadres y familiares se repartió casi toda la tierra laborable del país. La extensión de sus propiedades se medía en centenares de miles de hectáreas; "La Rubiera" tenía más de 200.000 hectáreas y "La Candelaria" pasaba las 100.000. Entre el Cunaviche y el Capanaparo tenía 400.000 hectáreas. Y la gran mayoría de esas tierras, se mantenían ociosas, como rasgo típico de aquella estructura latifundista. En 1936, el 20 de agosto, el Congreso aprobó la confiscación de las tierras del General Gómez; el inventario reveló que era dueño de 449 haciendas, 74 fundos, 10 hatos y decenas de potreros sin precisar su extensión.

La reforma agraria en Venezuela se inicia en la década de los sesenta y tenía como objetivos fundamentales transformar la estructura agraria de la nación, sustituyendo el sistema latifundista de apropiación de la tierra por uno más justo que beneficiara a los pequeños productores del campo. Los resultados obtenidos de esta experiencia fueron poco significativos, razón por la que hoy en día aún no se ha resuelto el problema de los latifundios y los terrenos ociosos.

Empero, estamos actualmente librando la más grande de las batallas contra el latifundio, siendo ésta una de las formas de propiedad más aberrantes que haya conocido la historia de la humanidad, cuya existencia ha permitido a una minoría privilegiada, amasar fabulosas fortunas condenando a muerte y a la desgracia a miles de seres humanos en todo el país. El latifundio está condenado por la historia a desapareces, porque representa un factor de injusticia social y una traba para el desarrollo de la moderna sociedad venezolana y del socialismo del siglo XXI, una de cuyas metas será redistribuir la tierra agraria entre quienes de verdad la trabajan. El latifundio en Venezuela ya no tiene ni presente ni futuro y la Ley que rige después de la reforma en junio de 2010, ayudará a la extinción de los últimos reductos coloniales en nuestros límites territoriales.

Bibliografía: 1) Venezuela: Latifundio y subdesarrollo

Ramón Losada Aldana 2ª Ed. 1980 UCV

2) El latifundio, 1937 Acosta M. Saignes, México

http://economiapoliticapegio.blogspot.es/1277230625/

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VENEZOLANA

Prof. Patricia Moreno

Primera etapa: Desde la post-independencia hasta 1902El fin de la guerra de independencia trajo como consecuencias, entre otras, la ampliación de la dirigencia criolla. Dentro de la misma lograron insertarse algunos blancos, antes marginados y unos pocos pardos, antes excluidos, cuyos flamantes pergaminos probatorios de su ascenso social fueron obtenidos como premio de sus actuaciones en la milicia. Ganar vastas posesiones de tierras confería señorío a la gesta guerrera. José Antonio Páez y los hermanos Monagas fueron terrófagos, no salteadores de arcas. El período de los gobiernos liberales, sin contar el breve período de los gobiernos conservadores de Julián Castro y Páez (de 1858 a 1863), puede ser mejor comprendido si se distinguen en él dos momentos desde el punto de vista de la economía: el primero, de consolidación del latifundio y la guerra federal, entre 1848 y 1864, aproximadamente, el segundo, de modernización con deudas, que se extiende hasta 1928, en el cual se destacan los problemas relacionados con el financiamiento externo y el cobro compulsivo de la deuda. Consolidación del latifundio, en el proceso de constitución de nuevos latifundios (1830 - 1858) hay una línea divisoria: el 10 de abril de 1848, cuando se aprobó la Ley sobre enajenación de Tierras Nacionales. En los catorce años anteriores la concentración de tierras había favorecido especialmente a los militares combatientes afortunados en la guerra de independencia. Después de 1848, durante diez años, la gestión personalista de los Monagas y su precaria alianza con el Partido Liberal le sirvió para convertirse -ellos y sus fieles- en grandes latifundistas. La aprobación de la Ley tenía dos objetivos principales: uno de orden fiscal y agrícola: aportar recursos al fisco con la venta de las tierras y favorecer el crecimiento agrícola; el segundo: aumentar el número de empresarios rurales. Ninguno de los objetivos se cumplió; no se benefició el erario porque, sorprendentemente, los remates no tenían como base un precio mínimo. Además los ingresos en efectivo fueron magros, ya que se podía cancelar la compra de las tierras con vales de la deuda pública que se cotizaban muy por debajo de su valor nominal. No se amplió el número de empresarios agrícolas porque la inmensa cantidad de tierras se repartió entre muy pocos beneficiarios, entre ellos íntimos colaboradores del régimen.

La elevada deuda externa de entonces, la caída de la demanda de los productos de exportación y la extremada dependencia del exterior por parte de la economía venezolana produjo una situación crítica que agudizó las tensiones políticas y sociales que desembocaron en la Guerra Federal. Efectivamente el endeudamiento generalizado fue uno de los detonantes del malestar general que lanzó a los partidos políticos a la disputa del poder y a intentar restaurar las condiciones favorables para los intereses de los sectores sociales que los respaldaban. La abolición de la esclavitud agravó esta situación. El 24 de marzo de 1854 el general José Gregorio Monagas tomó la decisión como estrategia política de su campaña electoral eleccionaria. La aprobación de la Ley de Libertad de Contratos en 1848 y la aprobación de la Ley del Beneficio de Espera, o de Espera Obligatoria en 1849, legalizó entonces una moratoria universal y unilateral a todos los deudores incluyendo al Estado lo que originó reacciones de protesta de parte de los acreedores, en su mayoría gobiernos extranjeros que a la larga incidiría en el bloqueo y agresiones al país ocurrido entre el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La Guerra Federal

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