Reclutamiento Forzoso

EVIDENCIA – RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Jonathan Javier Rivera Chiriví

En la realidad, es inevitable que los más pequeños resulten siendo parte del conflicto armado y haciendo de ello, su realidad. No solamente es un fenómeno que azota a países como el nuestro, sino que además, sucede en otras latitudes donde el conflicto armado es latente. Según las cifras de la UNICEF, existen cerca de 300.000 niños, niñas y adolescentes que son usados para diferentes fines, como miembros de grupos hostiles y al margen de la ley. Para el caso colombiano, el ICBF asegura que cerca de 14.000 niños son reclutados entre los 7 y los 18 años de edad, siendo el tercero en mayor número de reclutamientos en la región pero el más preocupante de América Latina. De estas cifras para Colombia, cerca de 11.000 pertenecen a la militancia con el grupo guerrillero FARC, mientras que los restantes, militan en el ELN, las AUC y demás grupos emergentes. Sin duda, es una realidad cruel que azota principalmente a las áreas rurales, en especial en Putumayo, Arauca, Guaviare, Meta, Caldas y Nariño. Este caso, ha mutado también en un área particular del casco urbano de Medellín con las denominadas comunas, en especial la Comuna 13.

El 28 de enero de 1991, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que compromete al país a adoptar todas las medidas posibles para garantizar que toda persona menor a 15 años de edad no participe directamente en las actividades hostiles. Pero esto, solamente es una garantía diplomática, ya que en la realidad se reflejan otros aspectos. El fin con el que se reclutan los niños, básicamente consiste en la mano de obra en la fabricación de armas así mismo como usarlos en primera línea en el campo de combate. El problema coyuntural consiste en unos elementos que se han visto vulnerados sobre los cuales, se ha salido de control por parte del Estado en la garantía de estos derechos y fines mismos, consagrados constitucionalmente. El primero de ellos, es la ausencia de control y dispersión que existe de la fuerza pública en las zonas rurales del país, donde es poca la ayuda del Estado que se ve reflejada en incentivos económicos y que han sido dominadas casi que a su totalidad por los grupos al margen de la ley.

Otro, es la oferta educativa. Soy consciente y defensor de creer que un mejor país se construye desde los ciudadanos a través de la academia. La educación es uno de los pilares básicos de la construcción de una sociedad en paz, y lo mejor de todo, es que se puede poner en práctica desde el ámbito local, empezando desde la propia comunidad. Una sociedad educada, es una sociedad que está hecha para a convivencia y el respeto por los derechos humanos. Los fenómenos foráneos como el reclutamiento forzoso, si bien son mitigables a largo plazo, han generado una herida social que generacionalmente tendrá sus reflejos en los cambios. El papel del Estado a través de sus agentes, debe ser garante fundamental y brindar todo el apoyo a la población. El respaldo económico, social y jurídico tiene por objetivo garantizar no solo la defensa de los derechos humanos de los más vulnerables (niños, niñas y adolescentes) sino el pleno desarrollo de sus personalidades y concepciones de los entornos donde viven, haciéndolos a su vez, agentes constructores de paz.

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