Característica del gobierno de Рorfirio Díaz

La historia clasifica al gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910) como una dictadura, gracias a los revolucionarios de 1910 y la historia de bronce alentada por los gobiernos subsecuentes, pero el gobierno de Díaz en realidad no tenía los requisitos de una dictadura, y lo cuales principalmente son: gobernar por encima de la Constitución y de las leyes. Cuando fue necesario se reformó la Constitución con cautela. Sobre todo en lo que se refiere a la reelección de presidente de la República, cumpliendo siempre con el mecanismo que la propia carta contenía para hacerlo: el Constituyente Permanente. En cierta medida los gobiernos de Díaz se acercan al modelo de gobierno cesarista. Díaz llega al poder mediante una revuelta, pero pronto, como veremos más adelante, desmoviliza al ejército de origen miliciano con el propósito de eliminarlo del juego político. Con el modelo moderno de cesarismo al modo francés –Luis Napoleón y Charles de Gaulle– los sucesivos gobiernos de Díaz comparten un rasgo adicional, su naturaleza plebiscitaria. Pero lo hace de una forma peculiar, pues no se trata, como en esos casos, de recurrir en actos especiales a la consulta de la masa para renovar o ratificar el poder, sino que se realiza a través de los mecanismos para la integración de la representación nacional en elecciones periódicas puntualmente de acuerdo con la Constitución. La finalidad es la misma, el medio es distinto. La peculiaridad reside aquí, además de la pulcritud constitucional, en un acuerdo informal de repartimiento de competencias políticas entre el tramo federal y los estatales y el desarrollo de maquinarias electorales a nivel local. Este particular giro en lo plebiscitario se produjo porque la forma de gobierno triunfante por las armas fue el federal. Así, el porfiriato resultó ser la respuesta a la tensión provocada por el dilema de toda la primera mitad del siglo XIX mexicano: cómo avenir eficacia y gobernabilidad del gobierno nacional en un marco federal en el cual las élites locales pugnan por amplios márgenes de autonomía política. Tenemos así un gobierno que, sin alterar el régimen político consignado en la Constitución, le otorga a éste funcionalidad y eficacia en la práctica mediante la conciliación y el acomodo de actores políticos, y el establecimiento de un voto unanimista vía las elecciones indirectas, para lograr finalmente un predominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. Se trata, en otras palabras, de la capacidad para desarrollar reglas informales de trato y acomodo políticos en una sociedad política fracturada y dividida en corrientes extremas de opinión en principio irreconciliables. Es un intento de una clase política pragmática por pasar de la etapa de construcción del Estado a una etapa de construcción de la nación cerrando las brechas que dividen al incipiente cuerpo social. Es, a fin de cuentas, un esfuerzo por modernizar una sociedad política compuesta de actores tradicionales y modernos, de cuerpos que actúan colectivamente y de individuos ciudadanos, mediante pactos y acuerdos que permitan la gobernabilidad y el progreso económico. Este tipo de gobierno plebiscitario no es dictadura, pues acata rigurosamente la legalidad constitucional, y reforma incluso la carta fundamental cuando es necesario, pero sin tocar el régimen político, la forma de gobierno. En lo que sigue procuraremos no incluir juicios de valor y mucho menos cometer anacronismos. Uno típico de la historiografía tradicional sobre la época que nos ocupa es condenar el porfiriato porque no fue democrático en el sentido contemporáneo del término, es decir, por no desplegar un juego electoral que partiera de la equidad de las reglas de competencia entre partidos. Es más, ni siquiera había partidos como los entendemos hoy en día, sino vagas corrientes de opinión política, bien ideológicas, bien personalistas. Esto resultó así porque, en su parte política, en el pensamiento liberal importaba la representación pero se aborrecía la división que podían introducir los partidos en la sociedad. Temían a la ingobernabilidad a que podía inducir el impacto electoral directo de un electorado incipiente en la funcionalidad de la forma de gobierno. En el contexto clásico de la matriz liberal, la representación debía incurrir en la cohesión social y, por lo tanto, las formas de elegirla no debían alentar el faccionalismo. Es un temor que se encuentra claramente expresado, por ejemplo, en El Federalista, por los padres fundadores de los Estados Unidos. También por esa razón, en Europa los diversos regímenes liberales del siglo XIX limitaron por dos vías ese impacto y el probable faccionalismo: las elecciones indirectas y diversas calificaciones para definir la ciudadanía y el derecho al voto activo y pasivo. En las intermitentes aplicaciones de la Constitución de Cádiz, en México quedó consagrado el principio de sufragio universal masculino, pero tanto liberales como conservadores estuvieron de acuerdo en limitar su impacto, manteniendo las elecciones indirectas. Por lo tanto, es importante partir de la idea de que los gobiernos plebiscitarios que empiezan a tomar forma a partir de 1867 para constituirse claramente en el último decenio del siglo XIX, considerados todos como una etapa más del desarrollo político de México, no se dieron aislados sin conexión con el pasado. De hecho, son producto de ese pasado.

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX MEXICANO: FORMA SIN FONDO

La primera mitad del siglo XIX fue una etapa más parlamentaria que presidencialista, a pesar de lo que dicen los historiadores interesados en estudiar el “caudillismo” mexicano decimonónico. Entre 1821 y 1857 fue la etapa del dominio de los geómetras del Estado preocupados por definir la forma de gobierno más adecuada para asegurar la felicidad de la nación. En ese periodo hubo 23 congresos y 52 titulares del poder ejecutivo, si contamos como dos los periodos de Iturbide, primero como regente y después como emperador. Del total de asambleas legislativas, seis tuvieron propósitos constituyentes y el resto fueron legislaturas ordinarias. Las constituyentes produjeron tres constituciones que estuvieron vigentes y confrontaron la prueba de la realidad: la de 1824 (federal), la de 1836 (centralista) y la de 1857 (federal). La reiteración de congresos constituyentes pone de manifiesto la preocupación central de la época: más que la división de poderes como forma de evitar el despotismo, en lo cual todos coincidían, fue el dilema entre gobierno central fuerte o débil lo que dividió a la clase política a lo largo de todos esos años. En los fallidos congresos constituyentes del 42 y del 47 se intentaron fórmulas de conciliación entre ambas posturas, pero ambas asambleas vieron incompletos sus trabajos por circunstancias externas a ellas.3 La revolución de Ayutla resolvió

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