Derechos Humanos

La desaparición forzada de personas, fue una de las realidades más brutales de violación de los derechos humanos que vivió nuestra región en sus momentos más negros bajo los regímenes militares, particularmente en el cono sur y aquellos gobiernos que desencadenaron una guerra sucia contra movimientos subversivos en América Central.

La década del setenta del siglo veinte, arrojó números espantosos de personas desaparecidas en manos de agentes de los gobiernos militares, después de haber estado en condiciones de prisión y tortura; donde se generaron unidades especiales de persecución de los enemigos políticos; un sistema complejo de medios logísticos para su seguimiento, captura, detención y desaparición, usando por lo general una infraestructura vinculada a las instituciones castrenses y policiales, bajo el amparo de las instituciones de gobierno y la displicencia y abandono grave de funciones por parte de las instancias judiciales.

En casi todos los países que sufrieron esta violación de los derechos humanos, una vez conquistada la democracia, se generaron comisiones de verdad con el objetivo del esclarecimiento y reconocimiento de los hechos ocurridos en el marco de los gobiernos dictatoriales.

En el marco de los informes particulares para cada país, surgen dos grandes conclusiones que tienen un cierto correlato entre las distintas experiencias. Una de ellas dice relación con la existencia de una política sistemática en torno a la desaparición de personas, como un método expedito de eliminación de un opositor del régimen sin que tuviera que operar el circuito legal ni la revelación comunicacional; además de la generación de efectos sobre el entorno familiar y político de la persona, que hacía más frágil, vulnerable y aterrador el proceso de esclarecimiento de su paradero.

Además, para el caso de los países del cono sur latinoamericano, existió una coordinación entre los dictadores y sus respectivas agencias de inteligencia para traspasarse información, guiar la persecución y producir el desaparecimiento de personas en los distintos territorios nacionales, como ha sido demostrado una vez que se conocieron los detalles del Plan Cóndor y su ejecución durante los primeros años de la década del setenta.

La otra conclusión transversal es la que demuestra que en términos generales ha existido una impunidad manifiesta en el castigo de los culpables de tal violación de los derechos humanos. Si hoy día podemos decir que en algo ha avanzado la verdad en nuestros países, para el caso de las penalizaciones debiéramos sentirnos completamente insatisfechos, puesto que los gobiernos democráticos han cedido espacios al chantaje político de los sectores conservadores, a las presiones militares, a un discurso maniqueo respecto de la reconciliación, al levantamiento de un argumento exculpatorio fundamentado en la obediencia debida y a una insuficiente claridad jurídica nacional respecto a la tipificación y castigo de este crimen.

Las Comisiones de verdad de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, El Salvador, Guatemala, son demasiado contundentes para no considerar la gravedad de este delito y la impronta negativa que ha dejado en la sociedad y las instituciones comprometidas. De aquí que la traumática experiencia debía traducirse en una enorme enseñanza y especialmente en una solidez ética y jurídica relacionada con la imposibilidad de una nueva ocurrencia de este crimen.

Este fue el objetivo de la aprobación de la Convención Interamericana de Desaparición forzada de personas, en la reunión de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Belem do Pará, en Brasil, en junio de 1994, que busca prevenir y sancionar la desaparición forzosa, como método de acción en el futuro del continente.

Este instrumento jurídico conlleva compromisos relativos a no practicar, permitir ni tolerar la desaparición

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