Entidades Territoriales Y Descentralizacion

Colombia es un país de regiones, cuya lógica ha estado mediada por

diferentes intereses antes que por un sentido cultural o ambiental de

los territorios, profundizado por el largo impacto del conflicto en la

desestructuración social e institucional del país.

Esta visión, que se ha venido replicando en el nivel local, ha privilegiado

un enfoque centralista en las decisiones públicas que desestimula el

ejercicio ciudadano y resta iniciativa a los territorios para edificar su propio

futuro. Así mismo, ha configurado una división político-administrativa con

profundos desequilibrios socioeconómicos y tensas convivencias de

zonas ricas y pobres que comparten una misma unidad administrativa.

A pesar de los esfuerzos por profundizar la autonomía territorial, los

gobiernos locales no han podido aprovechar con suficiencia los espacios

abiertos por la Constitución del 91, manteniéndose en el círculo vicioso

de la dependencia centralista; unas veces asidos por los intereses de la

política tradicional y la corrupción local, otras veces dominados por una

visión de corto plazo y, casi siempre, asfixiados por las responsabilidades

que el nivel nacional les asigna bajo una descentralización que privilegia

la desconcentración y pocas veces el fortalecimiento de las capacidades

locales.

Esta situación, en contextos de apatía ciudadana por lo público, de baja

capacidad organizacional de las comunidades y de alta subordinación

de los pobladores al poder institucional local, resta gobernabilidad

democrática al municipio, impide el ejercicio de la autonomía del territorio

y deteriora la convivencia.

Este patrón de construcción de lo público es el que ha venido orientando

el desarrollo local en buena parte de los municipios de Colombia. La

asimetría del diálogo entre las regiones y la nación ha constituido un

factor de inequidad territorial que ha propiciado la exclusión, el atraso

regional y un escenario propicio para el desarrollo de conflictos sociales,

políticos, culturales y ambientales aún no resueltos y muchos de ellos

todavía invisibles para el país. Lo que sí es cierto es que en un mundo

cada vez más interdependiente, lo que sucede en el territorio afectará

inevitablemente a la nación.

Prólo go Contenido

2011 P r o c u r a d u r í a G e n e r a l d e l a N a c i ó n

12 En homenaje a los 25 años de la descentralización en Colombia

d e s c e n t r a l i z a c i ó n y e n t i d a d e s t e r r i t o r i a l e s 2011

13

comunitario debe ir acompañado de la construcción de puentes que

permitan articular los procesos ciudadanos al quehacer institucional, en un

marco de construcción de lo público.

Lo anterior no solo constituye una forma de fortalecimiento de la sociedad

civil, necesaria para la autonomía territorial, sino una novedosa estrategia

de construcción en términos de desarrollo social incluyente, en que los

pobladores asumen sus responsabilidades para con el territorio como

condición necesaria para su propia sostenibilidad.

Otro reto fundamental es desarrollar a la par de la orilla ciudadana las

capacidades institucionales para mejorar, tanto el desempeño de la gerencia

pública como cualificar en términos democráticos el ejercicio del gobierno

municipal. La noción de fortalecimiento institucional entonces debe

evolucionar hacia una concepción de un proceso construido colectivamente

sobre la base de las capacidades de los actores locales, la gestión del

conocimiento, el desarrollo institucional que se materializa en acuerdos

al servicio del territorio y la creación de políticas públicas incluyentes y

pertinentes a la realidad regional.

El camino de la edificación de la gobernabilidad democrática, del

desarrollo y la paz entonces es posible si avanzamos entre todos en la

construcción de una institucionalidad democrática, es decir quiénes

toman las decisiones en los Estados democráticos de derecho y cómo

la sociedad elige y controla a los gobernantes. Igualmente, es necesario

construir legalidad democrática y esto se logra a partir de normas

y Leyes que garantizan el cumplimento de los derechos y deberes que

regulan la convivencia democrática, teniendo claro en qué medida se aplican

y la sujeción a la rendición de cuentas y al control social. De igual forma

se requiere más inversión democrática, esto es, el cómo los gobiernos

invierten los recursos para fortalecer el Estado democrático. Finalmente, es

fundamental profundizar en el camino de la participación democrática

...