Geopolitica

En Colombia, la consolidación de una cultura

de la infancia basada en el respeto de

los derechos de la niñez, incluyente y equitativa,

donde todos los niños y niñas sean

valorados y reconocidos como personas y

ciudadanos en desarrollo, es un proceso

aún en construcción.

Con la Convención sobre los Derechos del

Niño, aprobada por el Congreso de la República

mediante Ley 12 de 1991 y ratificada

por el Estado colombiano, se avanza en

materia de garantías de los derechos de los

niños. Esta disposición jurídica consagra

para todas las personas menores de 18

años los derechos humanos universales,

indivisibles e interdependientes; por otra

parte, reconoce una protección especial

integral para que estas personas puedan

crecer y desarrollarse plenamente y prepararse

para una vida independiente en la

sociedad. Por lo tanto, la Convención obliga

al Estado, a la familia y la sociedad a

respetar los derechos de los niños, independientemente

de su etnia, religión, opinión,

género y patrimonio.

El constituyente de 1991, al consagrar el

Estado Social de Derecho, contempló la necesidad

de: “[...] especificar los derechos

del grupo humano más vulnerable -la población

infantil- ya que por carecer dichos

derechos de significado dentro de la vida

política, económica, social y cultural se han

establecido desigualdades y, en gran medida,

se han forjado los cimientos de la

actual violencia”1.

En estos términos, la Constitución Política

colombiana de 1991, en su artículo 44 consagra

que los derechos de los niños prevalecen

sobre los derechos de los demás,

y adicionalmente señala al Estado, la sociedad

y la familia como responsables directos

de su protección y de garantizar su

desarrollo armónico e integral, recogiendo

plenamente la filosofía y el marco doctrinario

de la Convención Internacional

sobre los Derechos del Niño.

El artículo 366 de la Constitución Política

especifica que en los planes y presupuestos

de la nación y de las entidades territoriales

se debe dar prioridad al gasto público

social sobre cualquier otra asignación.

Dentro de este criterio de gasto público,

se debe tener en cuenta lo prescrito por el

artículo 44 ibídem, que señala la primacía

de los derechos de los niños sobre los derechos

de los demás. Por lo tanto, los Planes

de Desarrollo de los departamentos y

municipios se constituyen en la herramienta

esencial para planear y presupuestar la

gestión pública a nivel local en favor de la

infancia y la adolescencia.

Por su parte la Ley 152 de 1994 establece

que los departamentos y municipios colombianos

tienen la obligación de formular

un plan de desarrollo al inicio de cada

gobierno, constituyéndose éste en un instrumento

de planeación en el cual se establecen

las acciones estratégicas que se

emprenderán para abordar la problemática

socio- económica que afecta al departamento

y municipio, y para avanzar hacia

el logro de los objetivos de la administración

pública. En consecuencia, éste debe

ir acompañado de un plan de inversión

que especifique los recursos asignados

para la implementación de los programas

y proyectos previstos para el período de

gobierno.

En el transcurso de las últimas tres décadas,

el Estado colombiano ha adquirido

múltiples compromisos internacionales en

torno a la promoción de los derechos de la

niñez, el desarrollo económico y social y

la protección del medio ambiente. Colombia

se comprometió a través de la firma de

la Declaración del Milenio y Un Mundo

Apropiado para los Niños, a alcanzar un

conjunto de metas orientadas a la erradicación

de la pobreza, la promoción de la

equidad de género, el mejoramiento

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