Guerra Cristera

Arte I: Antecedentes de la Guerra Cristera (1926-1929)

La Guerra Cristera en México consistió en una fuerte lucha que duró 3 años entre el Gobierno y la Iglesia, de la cual se prohibió hablar durante mucho tiempo en México y también se tienen muy pocos documentos que hablen de ella.

Después de haber terminado la Guerra de Reforma en 1859 (durante la cual se enfrentaron dos grupos políticos en México: los conservadores que estaban en contra de la Constitución de 1857 contra los liberales) y la intervención Francesa en 1867 los gobernantes de México llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación entre la Iglesia y el Estado, al igual que disminuyeron el papel social de la primera ya que se sancionaba a los funcionarios que asistían a actos religiosos, se confiscaron todas las propiedades eclesiásticas y abolieron las órdenes monásticas.

Durante la dictadura del general Porfirio Díaz (1876-1910), el conflicto entre la Iglesia y el Estado se calmó un poco. Y durante este tiempo la iglesia aprovechó de realizar en México una "segunda evangelización", desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social que fue hecha por órdenes del Papa León XIII que pretendía renovar la Iglesia.

La Iglesia estaba en plena expansión cuando comenzó la Revolución de México, siendo los primeros tres años de esta favorables para la Iglesia.

En 1910 tras la victoria de Carranza y Obregón se promulga de la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica, entre sus puntos están: la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría; se negó al clero el derecho de votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.

Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente.

Parte II: Gobierno del General Álvaro Obregón (1920-1924)

Durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924), las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiara a para ambas partes.

Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical apoyada por el Gobierno, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) se convirtieron en protagonistas de las noticias. Fue hasta enero de 1923, cuando el delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philipi, acudió a bendecir el Cerro del Cubilete (en Silao, Guanajuato) donde sería puesto el monumento a Cristo Rey. El gobierno del general Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y un ataque a la Constitución y acordó que se aplicara a Philipi la sanción del artículo 33 de la Constitución, obligándosele a abandonar el país.

El Gobierno ordena que sean aplicados los artículos 130, 27 y 3 constitucionales con todas sus consecuencias por lo que entre 1925 y 1926 salen del país 183 sacerdotes extranjeros y son cerrados 74 conventos. Ante esto la Iglesia mexicana decide oponerse activamente al Estado.

Después de la toma de la Presidencia por parte del general Plutarco Elías Calles, las relaciones entre el gobierno y los católicos estuvieron todavía peores, ya que Calles pensaba que un católico no podía ser un buen ciudadano ya que su primera lealtad es con Roma. Calles proponía un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado.

El gobierno de Calles intentaba crear una iglesia nacional. 

El 21 de febrero de 1925, se crea con apoyo de la CROM la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM), encabezada por el sacerdote renegado Joaquín Pérez. Este hecho significaba una división dentro del catolicismo pues la ICAM proponía seguir la misma doctrina católica pero sin relación alguna con el Papa, por lo que quedaba como líder el mismo Pérez en calidad de Patriarca, este grupo se apoderó del templo de la Soledad para establecerse ahí esperando que la gente los apoyara; pero en este intento fallaron ya que la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo, este hecho de querer dividir por la fuerza a la Iglesia hizo que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias.

Así aumentaron las represiones en varias partes del país, por ejemplo en Tabasco el gobernador Tomás Garrido, puso en vigor un decreto que obligaba a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.

El obispo de Huejutla (Hidalgo), Manríquez y Zárate, hizo una carta donde expresó sus protestas, por lo que fue apresado.

Al ver los ideales de Calles varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa en marzo de 1925, la cual fue dirigida por Miguel Palomar y Vizcarra. Ellos pretendían conseguir la libertad religiosa por medios "constitucionales". Este grupo rápidamente se extendió en el país, sin embargo se declaró ilegal, por lo que tuvieron que trabajar clandestinamente. También se formó un Comité Episcopal a fin de tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno.

En los años 1925 y 1926 se intensificó el conflicto, ya que en octubre en Tabasco se prohibió el culto católico, y en Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Colima se practicaban castigos a quienes practicaran la religión.

Parte III: Gobierno del General Plutarco Elías Calles

Se multiplicaron los alzamientos: primero en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, luego se sumaron casi la totalidad del centro del país.

La gente al mando de la Liga mandaron preguntar al Comité Episcopal si era lícito la toma de armas en defensa de sus derechos, a lo que les contestaron que si, por como estaban las circunstancias. Así se extendió la lucha por todo el país, pero ninguno de los bandos llegó a tener la victoria ya que se dice que

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