Historia De Una Profesion

l ejercicio de la docencia, formar un grupo distinto, pero con el mismo rango de otros grupos profesionistas y liberar la profesión docente (de agentes extraños que ejercían la profesión). Los normalistas recibieron mejores sueldos y puestos, que los maestros sin título, pero menores que otros profesionistas ubicados en los puestos más altos del ramo educativo .

También hay que considerar que fueron muy pocos los aspirantes y muchos los desertores de las escuelas normales. Empero la situación cambio para los normalistas, pues desplazaron a los maestros no normalistas del estrato superior del magisterio y de los principales puestos.

En cuanto al papel centralizador, cabe mencionar que las normales estatales contribuyeron con las escuelas municipales en los estados, pero se resistieron a la centralización [a nivel nacional] que propugnaba el gobierno de Díaz.

Profesión libre (1821-1866)

En los primeros años del México independiente la principal cuestión de la profesión docente era quién autorizaba su ejercicio como profesión libre. El ingreso a la profesión no dependía de un sistema de formación especializado sino de la autorización del ejercicio de la docencia por los ayuntamientos. La instrucción elemental estaba bajo el control de los particulares y las corporaciones civiles y eclesiásticas. De ahí que, en el caso de los primeros, la autorización del ejercicio era de hecho también una licencia para el establecimiento de una escuela elemental de primeras letras. En este sentido el magisterio era básicamente una "profesión libre".

En este periodo existieron varios proyectos oficiales para establecer centros de enseñanza normal, pero ninguno de ellos fructificó. La falta de estos centros fue cubierta en parte por la Compañía Lancasteriana, cuyo sistema consistía precisamente en sustituir casi por completo a los maestros especializados en la enseñanza de las primeras letras.

Profesión municipal (1876-1884)

Al asumir el poder, los liberales promovieron una mayor injerencia del Estado en la instrucción primaria. En este periodo se reglamenta la organización escolar en el Distrito y territorios federales y crece el sistema escolar municipal tanto en la capital de la república como en los estados; en algunos de éstos se expiden planes y programas de estudio oficiales y los ayuntamientos consolidan su facultad para autorizar el ejercicio de la profesión docente y se convierten en los principales empleadores de los maestros de primeras letras. Se produce una tendencia hacia la transformación del magisterio en una profesión de Estado.

Se hacen también los primeros intentos para establecer la enseñanza laica y obligatoria; asimismo comienzan a difundirse nuevas ideas y métodos pedagógicos. La creciente intervención del Estado y el reformismo pedagógico plantean la necesidad de formar profesores en centros especializados o de enseñanza normal.

Profesión normalista y estatal (1885-1910)

El magisterio dejó de ser una profesión casi libre para convertirse en una profesión de Estado, primero municipal y luego progresivamente federal y estatal. Igualmente cambiaron los procedimientos y criterios de reclutamiento o ingreso a la docencia. En un principio, para ser profesor se necesitaba la autorización oficial que, en realidad, no era sino una licencia para establecer una escuela particular. Con el tiempo, esta licencia se convirtió en el medio para que los ayuntamientos contrataran a los profesores.

El control municipal para el ingreso a la profesión más adelante se combina con la necesidad de especializarse en el ejercicio de la docencia. Al principio, esta forma estuvo en manos de la Compañía Lancasteriana y sus escuelas normales fundadas en distintas partes del país. Una vez suprimida la Compañía, esa facultad fue quedando progresivamente en las modernas escuelas normales o en las oficinas educativas de los gobiernos de los estados.

La difusión del normalismo moderno no fue suficiente para satisfacer la demanda de profesores, ni siquiera en el Distrito Federal. La mayoría de los maestros en servicio siguieron siendo profesores no titulados o titulados no normalistas, autorizados por los ayuntamientos, los órganos colegiados de instrucción pública o las propias escuelas normales a las que se les transfirió la facultad de autorizar el ingreso a la profesión, que hasta entonces había sido facultad casi exclusiva de los ayuntamientos para ejercer la docencia.

La transformación del magisterio en una profesión de Estado tuvo varias consecuencias mediatas e inmediatas: por un lado disminuye el número de maestros que ofrecen directamente sus servicios a los padres de familia, quienes les encomendaban la educación de sus hijos y les pagaban directamente sus honorarios; por otro, aumentan aquellos que, a cambio de un sueldo, prestan sus servicios en las escuelas dependientes de los ayuntamientos y de los gobiernos estatales y federal, los cuales, a su vez, proporcionaban de un modo gratuito esos mismos servicios a los niños, en cumplimiento con los preceptos de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza.

Conforme aumenta la importancia social de la educación primaria, de su obligatoriedad y de la facultad del Estado para garantizarla, se desarrolla la noción de que es un derecho de los niños, cuya obligación le corresponde al Estado y poco a poco va consolidándose la idea de garantizarla mediante la expansión, la continuidad y la elevación de la calidad de los servicios educativos. Así, la igualdad de oportunidades en la educación tiende a adquirir una fuerza análoga a la igualdad jurídica que los mexicanos tienen ante la ley, equidad definitoria en el concepto de ciudadanía.

La relación contractual directa entre maestros y padres de familia paulatinamente va siendo reemplazada por otra de tipo laboral de los maestros con las autoridades municipales, estatales y federales, ya que los nuevos sistemas escolares ofrecen sus servicios a los padres de familia, cuya obligación es enviar a sus hijos a las escuelas y reclamar para ellos la educación obligatoria como un derecho: los padres dejan de ser clientes y se convierten en derecho habientes.

Por otra parte, los maestros dejan de rendirles cuentas a sus clientes para rendírselas a sus superiores en las oficinas escolares y educativas de los distintos niveles de gobierno.

Esta tendencia se consolida cuando las autoridades educativas, federales y de algunos estados y municipios, les prohíben a los maestros oficiales que ofrezcan sus servicios a los padres de familia, aun fuera de sus horas de trabajo en las escuelas públicas. La difusión de las escuelas normales (que pusieron énfasis

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