La Pobreza De Actualizacion Del Profesorado

Es destacar la enorme pobreza de las políticas de actualización cultural y psicopedagógica del profesorado. Políticas que además, las legislaciones existentes hasta el momento solo contemplan como voluntarias, no obligatorias. A este respecto conviene tener presente que la mayoría del profesorado de educación infantil y primaria mayor de 50 años finalizo sus estudios de magisterio a los 17 años de edad; sus estudios de especialización comenzaban a los 14 años de edad. Hubo que esperar a la Ley General de Educación de 1970 para ver modificada la formación inicial del cuerpo de maestras y maestros. Ninguna ley obligo a actualizarse a este tipo de docentes. Estoy seguro de que la mayoría del profesorado de aquellos planes completo mas tarde su información, pero de forma voluntaria, debido a que eran personas responsables; no obstantes, también es probable que otras personas decidiesen a no hacerlo. Un ministerio de educación mínimamente comprometido con la calidad del sistema educativo puede definir como obligatoria la actualización del profesorado, especialmente a un mundo en el que el conocimiento y la información se producen en un ritmo vertiginoso.

En el informe de la OCDE al que antes hicimos alusión TEACHER MATTER: ATTRACTING DEVELOPING AND REATINING EFFECTIVE TEACHER. (La cuestión del profesorado: atraer, capacitar y conservar a profesoras y profesores eficientes) y, en concreto en el diagnostico que se cargo a España (Virgilio Sanz Vallejo, Ernesto Ortiz Gordo y J. José Álvarez Prieto, 2003), sorprende la benevolencia con la que analizan el modelo de formación continua del profesorado. Los autores del informe subrayan que las competencias de este tipo de formación están transferidas a las comunidades Autónomas, pero no ofrecen ningún dato sobre las políticas que en este campo se vienen desenvolviendo. Una vez más, su única fuente es el ministerio de Educación, siendo ministra Pilar del Castillo, y se aceptan acríticamente los datos que les ofrecen. Una muestra de esto es cuando valora el trabajo de instituto superior de Formación del Profesorado (ISFP), dependiente de la Secretaria General de Educación de Ministro y sobre el que se afirma que en su “Plan de Actuaciones en el 2001, que beneficio a un total aproximado de 3.100 profesores y directores de toda España, a través de cursos específicos, mesas redondas, cursos de verano, jornadas sobre temas específicos, programas de fomento de lenguas extranjeras, cursos sobre sistemas de gestión, etc., que fueron considerados de alto valor por los participantes”

Se ignora el trabajo de los movimientos de Renovación Pedagógica, de los sindicatos, de múltiples colectivos docentes y de los distintos gobiernos de las comunidades Autónomas no afines al partido popular. Y, además, se silencian las criticas generalizadas acerca de la falta de una clara y democrática política de actualización del profesorado.

No podemos ignorar, que la política de los “sexenios” o “complemento especifico por formación permanente” consistente en la percepción de una determinada cantidad económica en el salario de cada mes, por haber asistido a cursos, cursillos y conferencias que cuentan con el visto bueno de la administración, a lo largo de periodos de 6 años, ha dado como resultado un mayor burocratización en los cursos de actualización. Cursos programados la inmensa mayoría de las veces al margen de las necesidades e intereses de los centros y del profesorado, pero a los que es obligado asistir así se desea cobrar cada mes ese complemento económico. Las estrategias para retener al profesorado en esos cursos son diversas, pero las mas frecuentes es obligar a firmar una hoja de control en cada una de las sesiones del cursillo para dejar constancia de su asistencia. Una vez estampada la firma, el paso siguiente para muchas personas es como abandonar la sesión sin llamar mucho la atención. El resultado de esta política es que un sector importante del profesorado solo se interesa por este tipo de oferta formativa que promueve la Administración en la medida en que le resulta indispensable para cobrar los sexenios que establece la legislación vigente. Estamos por tanto ante un tipo de política de actualización e incentivación del profesorado que muy rara vez tiene repercusiones sobre la calidad de los proyectos educativos en los que esta implicado en sus centros escolares.

Asimismo, es importante subrayar el predominio de una cultura de eslóganes en gran parte de las propuestas de formación y actualización del profesorado. Las inadecuadas metodologías empleadas, la corta duración de los cursillos y los ínfimos niveles de exigencia hacen que filosofías educativas muy ricas y valiosas acaben reducidas a un conjunto de palabras vacías. Este es el caso de expresiones como: “educación democrática”, “ciudadanía solidaria” “educación crítica” “educación reflexiva” “educación responsable” “enseñanza colaborativa”.

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