La Prensa En 1970

La Junta militar que tomó el poder en 1976 utilizó, de manera sistemática, los medios de comunicación como espacio de construcción de un discurso oficial que eliminara otras voces a través de la censura a medios o personas, hasta llegar al extremo de la detención, desaparición o exilio forzado de periodistas, intelectuales, artistas y trabajadores del ámbito de la cultura.

Durante las dos semanas posteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976, los responsables de publicaciones escritas debieron acercar su material a una oficina ubicada en la Casa de Gobierno para que el personal de inteligencia autorizara su publicación. En este marco, el Comunicado N° 19 de la Junta Militar establecía:

“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.

Desde el punto de vista educativo, el régimen militar restringió las posibilidades de acceso de los sectores de más bajos recursos a los niveles de enseñanza secundaria y terciaria, y la crisis económica incrementó, además, la deserción escolar primaria. Correlativamente a este proceso, se produjo una baja en la producción y circulación de diarios y revistas.

Desde el punto de vista cultural y político, se diferencia dos momentos del período 1976-1983. Por un lado, una primera etapa que abarca hasta 1980, en la cual se evidencian más crudamente la represión, la censura y las persecuciones. Luego encontramos una segunda etapa, que abarca los inicios de la década hasta 1983 y que incluye la guerra de Malvinas.

El primer período es visto como continuidad de una etapa previa, iniciada entre fines de 1974 y comienzos de 1975, donde la derecha peronista dominada por José López Rega toma parte en el gobierno de Isabel Perón. Es a partir de este momento que comienzan la violencia parapolicial y la violación de los derechos humanos. En esta etapa se puede analizar la actitud de muchos empresarios periodísticos argentinos, quienes, coherentes con sus propios intereses, apoyaron el golpe y optaron por no favorecer a las organizaciones “guerrilleras”, propiciando así la autocensura y la desinformación. Por otro lado, los periodistas vivieron distintas situaciones de persecución, secuestros, asesinatos y presiones emanadas directamente del régimen militar o de los empresarios periodísticos, aliados del gobierno.

El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, el periodista Rodolfo WALSH publica su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, antes de ser secuestrado y desaparecido. En ella realiza un balance de ese primer año de gobierno, denunciando la censura de prensa y la persecución a intelectuales, la desaparición de personas y la miseria económica, entre otras atrocidades producidas por el gobierno de facto. Durante el campeonato mundial de fútbol de 1978, diversos organismos de derechos humanos denunciaban en el extranjero la desaparición de personas, mientras la gran mayoría de los medios gráficos de circulación masiva mencionó una campaña de desprestigio, defendiendo la imagen del país, aparentemente “atacada desde el extranjero”. El lema reproducido por varios medios era “Los argentinos somos derechos y humanos”.

Rodolfo WALSH Bajo el golpe de Estado encabezado por Jorge Videla, creó la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) : “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando.

Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”

Buenos Aires Herald

En este contexto, se destacó la posición adoptada por el Buenos Aires Herald -único diario escrito en inglés –, que si bien apoyó la intervención militar, pronto se convirtió en el medio al que acudían los familiares de los desaparecidos para difundir su búsqueda a través de solicitadas cartas de lectores, que eran publicadas mientras otros medios se negaban a hacerlo. Se trataba de un medio con fuerte presencia entre los diplomáticos, y su clausura habría sido perjudicial para la imagen internacional del gobierno militar. Si bien estaba íntegramente escrito en inglés, los editoriales se publicaban también en castellano y desde ellos, a partir de 1977, el director Robert Cox mantuvo una línea editorial de denuncia y defensa de los derechos humanos.

Durante la guerra de Malvinas, bajo la dirección de James Neilson, el Herald se convirtió en una especie de “enemigo público”. La Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines boicoteó su venta en los kioscos, “hasta tanto se aclare su situación de defensa de los intereses británicos”. En ese momento se organizó un operativo de venta del diario en la redacción, y numerosos lectores hicieron cola para acceder al único medio que traía información no oficial sobre el conflicto, pese a que su precio de tapa era un 20% superior al de Clarín y La Opinión. La cúpula del Buenos Aires Herald se vio obligada a exiliarse.

La Prensa

Durante la dictadura cívico militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que se extendió entre 1976 y 1983 y que se caracterizó por el terrorismo de estado y la lucha contra la guerrilla subversiva, el diario La Prensa fue uno de los pocos -junto al Buenos Aires Herald-, que difundió la existencia de personas desaparecidas y las gacetillas de las organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo.

En ese mismo período La Prensa fue parte, junto al Grupo Clarín y La Nación de la maniobra de la dictadura para establecer un monopolio del papel para periódicos a través de Papel Prensa S.A., actuando como enviado ante el Grupo Graiver (diario La Opinión) para obtener la confiscación de sus propiedades, en beneficio de esos tres grupos mediáticos. Las familias Graiver y Papaleo han denunciado que el diario La Prensa y los demás operadores de aquella maniobra, recurrieron a crímenes de lesa humanidad para obtener sus fines.27 28 29 30

En 1980, Máximo Gainza Paz, ya a cargo de la dirección de La Prensa luego de

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