La carencia de una estructura logística

El artículo tiene por objetivo el análisis desde la perspectiva internacional de las implicaciones que tiene para Costa Rica la construcción de la denominada “trocha” paralela al Río San Juan, río fronterizo con Nicaragua y un sector de la frontera terrestre, así como la intención de Nicaragua al presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y sus consecuencias para Costa Rica. Son varios los errores en el manejo de la crisis ocasionada por el dragado del San Juan y se concluye que la “trocha fronteriza” viene a deteriorar aún más las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Con esta trocha paralela, Costa Rica parece considerar la frontera Norte como un verdadero “frente” y no como una zona de cooperación y de intercambio.

La carencia de una estructura logística para el desarrollo de obras en el sitio, acatar órdenes de los altos jerarcas de la administración pública y errores administrativos son los aspectos que los ingenieros Manuel Serrano y Miguel Ramírez identifican como las causas principales para que el proyecto estrella de la administración de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, no saliera airoso.

Serrano ejercía funciones como coordinador del proyecto de la Ruta 1856, mientras que Ramírez era el jefe de inspectores. Según este último, para iniciar la obra se solicitó a las autoridades de Casa Presidencial un equipo de trabajo compuesto por 16 inspectores, cuatro ingenieros, dos asistentes, dos secretarias y 20 vehículos. Ese equipo de logística les fue negado, por lo que recurrieron a utilizar a las asociaciones de desarrollo para realizar los mecanismos de control de horas máquina y obras.

Ramírez aseguró que existe desinformación generalizada en la opinión pública pues el dinero nunca existió, lo que implica -según él- que no hubo despilfarro. El ingeniero aseguró que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) designó al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) como responsable de realizar pagos -al ser la unidad ejecutara del proyecto- situación que no debió suceder, dado que el Centro de Unidades Ejecutoras (CUE), ente de la CNE, debió asumir tal función.

“Hay una campaña de desinformación en cuanto a que ha habido desórdenes… Lo que puede haber son errores administrativos (…) no es cierto que se les estaba pagando a los contratistas”, añadió Serrano.

Los ingenieros afirman que el ex director del CONAVI, Carlos Acosta, insistió en varias oportunidades en que el proyecto debía detenerse debido a la falta de dinero, sin embargo, los altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Transportes y el Vicepresidente de la República, Luis Liberman, ordenaron que no se detuvieran las obras y que el trabajo siguiera adelante.

Ramírez señaló además al ex ministro de Transportes, Francisco Jiménez, como el responsable de “despedazar”

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