Neoliberalismo

NEOLIBERALISMO EN EL ECUADOR SIGLO XXI

Ecuador viene logrando importantes avances en materia social, sin embargo, el país sigue recibiendo duras críticas de las corporaciones mediáticas internacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tal vez se deba a la gran inversión en infraestructura social que se realiza con la recaudación de impuestos a los ricos y a las modificaciones realizadas a la estructura ganancial de las petroleras que operan en el país (el gobierno recibe 87% de todos los ingresos petroleros y los reinvierte en los ciudadanos).

Según la economista Jayati Ghosh: “Sí es posible aumentar los impuestos para los ricos sin afectar el crecimiento y la inversión y usar ese dinero para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población”.

“Ecuador enfoca el desarrollo económico desde una perspectiva transformatoria”, explica. “El país está apostando por una vía intermedia entre el capitalismo y el socialismo.”

“Y esta es la vía intermedia: la noción de que puede existir un estado centralizado que controla a una masa laboral indiferenciada no es real. Este modelo se enfoca en los derechos de los ciudadanos y en los derechos colectivos”.

CARACTERISTICAS DEL NEOLIBERALISMO

 Defienden un mercado altamente competitivo

 Aceptan la intervención del Estado en la economía, como árbitro o promovedor de la libre competencia.

 Se oponen al acaparamiento y a la especulación.

 Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios.

 Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado.

 Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta \ demanda.

 Se oponen a la creación compulsiva de empleo.

 Se oponen al gasto público burocrático.

 Defienden el libre comercio internacional.

 Defienden el libre comercio internacional.

 Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción

LOS OCHENTA: ENTRE LA ESTABILIZACIÓN Y LAS TRANSFERENCIAS AL MUNDO DE LO PRIVADO

En los primeros años ochenta, se produce una de las transferencias más significativas desde el Estado a los grupos privados ocurridas en los últimos veinte años. Se concreta con la llamada sucretización de la deuda externa privada”, iniciada en 1983 durante el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado.

La crisis de la deuda externa, que trajo consigo el endurecimiento de las condiciones de contratación de la deuda, afectó no solo al sector público, sino también al sector privado, altamente endeudado bajo la euforia petrolera, que le permitió mantener expectativas futuras de aumento de ingresos. Además, el recorte de los fondos externos obligó a continuas devaluaciones que exacerbaron el costo de las deudas.

TASAS DE INTERES

Las tasas de interés son promedios anuales de los bancos privados para 30-83 días. La inflación considerada corresponde al promedio de cada año; deudores privados, empresarios ampliamente favorecidos por la política proteccionista, apelaron nuevamente al Estado para aliviar su crisis que, por lo demás, afectaba también al sistema financiero, por lo que el gobierno congeló en sucres las deudas del sector privado y adquirió la responsabilidad el pago en dólares ante los prestamistas externos.

El volumen de fondos de la deuda convertida fue superior al 12% del PIB en 1983 (1371 millones de dólares).

Al responsabilizarse el Banco Central (BC) de las obligaciones de la deuda privada en dólares, y pese a ser acreedor de la deuda privada en sucres definida a la fecha de la conversión, asumió no solo el riesgo cambiario, sino también el financiero, dado que como deudor tuvo tasas de interés internacional variables, mientras que como acreedor recibía una tasa de interés fija (19%). Estos riesgos no fueron pequeños en una coyuntura de volatilidad de las tasas de interés internacionales y de permanentes devaluaciones monetarias, lo que permitió la transferencia de recursos del BC a los agentes privados que se acogieron a la sucretización de la deuda.

Si bien los pagos de la deuda externa convertida y los costos para el Banco Central fueron diferidos en el tiempo, en consideración de la capacidad de los distintos gobiernos para renegociar la deuda, estos no desaparecieron. A fines de los ochenta, la cantidad inicial de la deuda convertida había disminuido, pero el stock pendiente todavía representaba el 8% del PIB, excluyendo los intereses de las obligaciones vencidas (Bayas y Somensatto 1994). Posteriormente, en 1992, la nueva Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado transfirió la deuda.

En general, y pese a los distintos énfasis y coyunturas en los distintos gobiernos de la década de los ochenta, las transferencias de fondos del sector público al privado son manifiestas. De acuerdo a una evaluación hecha por Izurieta (2000) sobre la base de un análisis de los flujos financieros y stocks de valor de las distintas instituciones9, en esta década las transferencias de recursos fueron desde el sector público, principalmente del Banco Central (BC), a las grandes empresas, en un proceso que el autor identifica como “bailing out”. Este proceso habría implicado una racionalidad contraria a la asumida por los teóricos del Ajuste neo-liberal, en el sentido de suponer que el gasto público estaría privando de recursos y posibilidades al sector privado.

En realidad, según Izurieta (2000), se observa que son los desbalances del sector privado los que obligan a los déficits públicos, cuestión que demuestra el rol del Estado como prestamista neto de los agentes privados. El ejemplo más visible e importante de esta situación es la sucretización de la deuda privada. Los beneficiarios de estas medidas fueron principalmente las empresas privadas grandes que tuvieron acceso a créditos externos y se pusieron acoger a la sucretización.

El resto de actores tuvieron impactos distintos, pues los costos de la sucretización fueron transmitidos a la sociedad a través de la austeridad fiscal, la contracción del crédito del sector público y el retiro y/o reducción de los subsidios (tasas de interés preferenciales,

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