Penas En La Epoca Colonial

A raíz de la implantación del orden colonial y la consecuente mezcla racial que este produjo, se fueron generando nuevas leyes y normas que reglamentaban la convivencia al interior de la sociedad colonizada, ya que obviamente el primordial interés de los conquistadores era favorecerse y enriquecerse mediante el sojuzgamiento de los grupos indígenas existentes. En un principio, se impusieron las llamadas "Leyes de Indias" como principal cuerpo legal de la colonia, pese a que el emperador Carlos V decreto que era necesario respetar y conservar las leyes y costumbres de los aborígenes a menos que se opusieran a la moral o a la fe católica.

Se sumaron a estas las legislaciones de las Ordenanzas Reales de Castilla, la legislación de Castilla y las Ordenanzas Reales de Bilbao, siendo en estas donde se menciona y aplica por vez primera en México, la privación de la libertad como pena por haber cometido un acto ilícito. Estas leyes decretadas en 1680, fueron la base del régimen penitenciario de nuestro país, declarando a la cárcel pública, como el único lugar, donde el detenido podía ser trasladado, así como otros procedimientos básicos que subsisten hasta hoy, como son, la separación de internos por sexos, el libro de registros, la prohibición de juegos de azar en el interior, etc.

La imposición de la nueva religión, fue quizás el motivo que mas genero descontento y desacato entre la población nativa, y aunque algunos religiosos trataban de ser compasivos, la mayoría de estos, ordenaba castigar la idolatría con penas severas, puesto que ese delito fue considerado primero, como un ataque a la Iglesia y luego al Estado o la sociedad, tal y como puede constarse en varios de los documentos que existen en los Fondos de Alcaldías Mayores y Obispado de Oaxaca, organizados por el Archivo General del Estado

Era tal el interés que la legislación española tenía en la persecución de los delitos contra la religión, que creó el Tribunal del Santo Oficio instaurado por la Santa Inquisición, persiguiendo conductas que consideraban como herejías, blasfemias, hechicería o magia. Su historia en nuestro país, inicia con las "ordenanzas" contra blasfemos promulgadas por Hernán Cortés en 1520.

Aunado al referido Tribunal también funcionaron los Tribunales especiales y los Ordinarios que tenían encomendado administrar la justicia en sus respectivos ámbitos de competencia. A los especiales les correspondía el tratamiento de aquellos asuntos que cuestionaban o atentaban contra la de la Iglesia Católica o que tenían que ver con el comercio y la mercadería; y los Ordinarios, atendieron todo lo relacionado con el Supremo Consejo de Indias, la Audiencia y Real Cancillería de México y las causas civiles y criminales.

Dentro del territorio oaxaqueño existía la Curia de Justicia, que era atendida por un Provisor y sus Jueces, quienes eran los encargados de defender la fe y los vínculos matrimoniales, la moral en el buen vestir de los clérigos, la condonación de delitos, autos en contra actos de ebriedad, mala conducta, relaciones ilícitas y secuestros; incluyéndose también los problemas derivados de la convivencia cotidiana familiar.

La preeminencia de un Juzgado eclesiástico ante la justicia gubernamental, era innegable: "Juan de la Paz, cacique de San Juan Yosoñama, perteneciente a la doctrina de Villa Alta, se queja ante el Juzgado eclesiástico, por no querer seguir el pleito que las autoridades de su pueblo habían iniciado en contra del músico de capilla Isidro Santiago". Leg. 1 Exp. 17 Obispado (AGEPEO).

Asimismo, aparece el caso en que, el señor Provisor y Vicario General podría designar a algún cura para realizar determinada investigación criminal, "El bachiller Nicolás Vicente, cura interino del partido de Santa Catarina Minas, es nombrado en comisión secreta por el señor Provisor y Vicario General, para que investigue sobre el hecho acaecido el sábado de Gloria en San Dionisio, Mitla". Leg 1, Exp 6, Obispado. (AGEPEO).

Los juicios más comunes eran y en el tiempo en que se les indicaba, obligados a rematar sus bienes para cumplir con los excesivos réditos: "Diligencias que se siguen en el remate de los bienes de Dominga López, por deber a el Monasterio de la Concepción la cantidad de 2000 pesos, mas 150 pesos de réditos". Leg 1, Exp 13, Obispado. (AGEPEO).

Además de lo anterior, los curas también podían ser acusados y juzgados por su pueblo, ante la posibilidad de un comportamiento inadecuado o injusto. "Contra el cura Miguel Cambray, por abuso de autoridad, golpes e injurias a los habitantes del partido de Chinameca", Leg 1, Exp 18, Obispado (AGEPEO).

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